El gobierno de Estados Unidos debe poner fin a la práctica de separar a padres y madres solicitantes de asilo de sus hijos e hijas y privarlos de acceso a los procedimientos de asilo mediante la detención prolongada; así lo ha afirmado Amnistía Internacional ante los informes sobre la adopción de una draconiana política de separación familiar por el Departamento de Seguridad Nacional estadounidense que se aplicará a todo el que se presente en la frontera de Estados Unidos con México. Hoy, el fiscal general Jeff Sessions ha aludido también a esa política en sus comentarios.
“La idea de que se pueda proteger a los niños arrancándolos de sus familias desafía todo sentido de la lógica y la humanidad”, ha manifestado Margaret Huang, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Estados Unidos. “Son menores de edad que ya han sufrido el trauma de la violencia y la persecución en sus países de origen y el arduo viaje en busca de la seguridad. ¿Qué razón puede haber para que el gobierno de Estados Unidos establezca una política que agravaría su angustia al separarlos de sus familias, con el argumento de que es por su propio bien? Es una política monstruosa que va en contra de los derechos humanos y debe anularse de inmediato”.
“Criminalizar y estigmatizar a padres y madres que sólo intentan poner a salvo a sus hijos y criarlos en condiciones de seguridad causará daños incalculables a los miles de familias traumatizadas que ya han renunciado a todo para huir de circunstancias terribles en sus países de origen”, ha afirmado Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
“Arrancar a bebés de los brazos de su padre o su madre cuando la familia está solicitando asilo constituye una violación flagrante de sus derechos humanos. Aplicar esa medida para devolver a los solicitantes a situaciones de peligro en las que están expuestos a sufrir persecución también constituye una violación de las obligaciones contraídas por Estados Unidos en virtud del derecho sobre refugiados.”
Amnistía Internacional ha documentado casos de familias de solicitantes de asilo separadas a la fuerza por agentes de inmigración estadounidenses, incluso cuando éstos tenían pruebas de su relación familiar y de la persecución de la que huían. Los efectos perjudiciales de la detención prolongada de los solicitantes de asilo, tanto para su bienestar como para su capacidad de presentar solicitudes de asilo en virtud de la legislación estadounidense, están ampliamente documentados.
Además, el fiscal general ha implementado una política general que, en esencia, trata a los solicitantes de asilo como delincuentes al procesarlos ante tribunales federales y encarcelarlos en prisiones federales.
Encontrarán más información en el informe Enfrentando muros, publicado por Amnistía Internacional en junio de 2017, en el que se documenta cómo las autoridades de fronteras estadounidenses niegan sistemáticamente a los solicitantes la posibilidad de solicitar asilo en los puertos de entrada a Estados Unidos, dando lugar a un aumento de la afluencia irregular de solicitantes de asilo a través de la frontera de Estados Unidos con México.
Anteriormente en el año, Amnistía Internacional hizo campaña en favor de la reagrupación de cuatro familias que fueron separadas en la frontera en incumplimiento de la política actual del Departamento de Seguridad Nacional de mantener juntas a las familias. Además de instar a los órganos del Departamento de Seguridad Nacional a reparar estas violaciones de derechos humanos, Amnistía Internacional ha pedido a sus siete millones de miembros, simpatizantes y activistas en todo el mundo que actúen en favor de las familias.
Consulten aquí el llamamiento a la acción: https://www.amnesty.org/es/documents/amr51/7494/2017/es/