OTTAWA – El reciente asesinato de un ciudadano de Liberia afincado en Ontario ha dejado una cosa clara: Canadá no está procesando a personas sospechosas de perpetrar crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra.
A finales de junio, Bill Horace, al que se atribuían asesinatos colectivos, violaciones y torturas en Liberia durante la década de 1990, murió a tiros en la localidad de London (Ontario). A pesar de los abrumadores indicios existentes, las autoridades canadienses nunca presentaron cargos contra él y le permitieron vivir libremente en Canadá desde su llegada al país en 2002.
Poco después del asesinato de Horace, Amnistía Internacional publica un nuevo informe de la serie Estrechando el cerco en el que se documenta cómo los sistemas judiciales de todo el mundo —como los de Bulgaria, Alemania y España— están incumpliendo con su obligación de procesar eficazmente a personas sospechosas de haber cometido crímenes de derecho internacional, incluidos crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. En este informe se explica la falta de financiación y la infrautilización del Programa sobre Crímenes contra la Humanidad y Crímenes de Guerra de Canadá.
“Por lo general, Canadá se lava las manos respecto a su responsabilidad de emprender las adecuadas acciones judiciales contra presuntos criminales de guerra y no actúa, o los deporta sin garantías de que serán investigados por sus crímenes o protegidos de sufrir graves violaciones de derechos humanos”, ha declarado Alex Neve, secretario general de la Sección de habla inglesa de Amnistía Internacional Canadá. “Al no proporcionar desde hace mucho tiempo recursos suficientes para, con arreglo al principio de jurisdicción universal, emprender acciones judiciales en Canadá contra personas sospechosas de cometer crímenes de derecho internacional y de violar los derechos humanos, el país se arriesga a permitir que personas acusadas de los peores crímenes queden impunes. Canadá debe hacer todo lo posible para garantizar que estas personas comparecen ante la justicia en el país, en lugar de evadirla.”
En 2000, Canadá aprobó la Ley sobre Crímenes de Lesa Humanidad y Crímenes de Guerra, que consagra en su legislación la jurisdicción universal para el genocidio, los crímenes contra la humanidad y los crímenes de guerra, lo que implica que estos delitos se penalizan en el país aunque se hayan cometido en el extranjero. Pero más de dos décadas después, sólo dos personas, ambas relacionadas con el genocidio de Ruanda de 1994, han sido procesadas en aplicación de esta ley.
“Esto no es lo que nos imaginábamos cuando Canadá defendió la Corte Penal Internacional y modificó su legislación nacional para garantizar que nuestro país desempeñara un papel fundamental en la justicia internacional”, ha afirmado Lloyd Axworthy, ministro federal de Asuntos Exteriores cuando se promulgó la Ley, que lideró los esfuerzos internacionales para establecer la CPI. “Pretendíamos que Canadá dedicara los recursos y la voluntad política necesarios para garantizar que las personas acusadas de organizar y llevar a cabo terribles atrocidades —genocidios, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad— no tuvieran ningún lugar donde ir para ocultarse y, al final, tuvieran que responder ante la justicia por sus terribles actos.
En la causa R v Munyaneza, Désiré Munyaneza fue declarado culpable de crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y genocidio cometidos durante 1994 en Ruanda y condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional durante 25 años.
En 2009, Jacques Mungwarere fue acusado de genocidio y crímenes contra la humanidad en Ruanda también durante la década de 1990. En julio de 2013 fue absuelto y el gobierno no ha recurrido.
Han pasado más de diez años y no se han presentado más cargos.
“Durante 20 años, Canadá no se ha hecho cargo adecuadamente de casos de jurisdicción universal”, ha manifestado Fannie Lafontaine, titular de la cátedra de Investigación de Canadá sobre Justicia Penal Internacional y Derechos Fundamentales de la Universidad de Laval. “Al no existir un presupuesto adecuado para el procesamiento penal, el Programa sobre Crímenes de Guerra, encargado de ‘denegar protección’ a personas sospechosas de cometer crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra, generalmente ha optado por localizarlas a su llegada al país y negarles la entrada, en vez de emprender acciones judiciales contra ellas. Esto supone que personas que han sobrevivido y han sido testigos de horribles crímenes en todo el mundo se quedan sin recibir una justicia adecuada.”
Entre 1997 y 2007, la Agencia de Servicios Fronterizos y el Departamento de Ciudadanía e Inmigración de Canadá examinaron más de 17.000 casos de presuntos criminales de guerra, y como resultado de este examen prohibieron la entrada en el país de más de 3.700 personas. Entre 2009 y 2015 se sacó de Canadá a 138 personas al existir razones fundadas para creer que estaban implicadas en crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra o genocidio, se negó protección como refugiadas a 285, se desestimaron 47 solicitudes y a una persona se le retiró la nacionalidad.
El Programa sobre Crímenes de Guerra tiene un presupuesto total de 15,6 dólares anuales, que ha permanecido congelado desde la creación del programa en 1998, aunque el coste de las investigaciones se ha incrementado significativamente.
En este nuevo informe de la serie Estrechando el cerco Amnistía Internacional examina de forma minuciosa lo que ha hecho Canadá para cumplir con su obligación de combatir la impunidad por los delitos más graves de derecho internacional. Coordinado por Sébastien Jodoin, titular de la cátedra de Derechos Humanos y Medioambiente de la Universidad McGill, y elaborado con las aportaciones de profesionales del derecho, juristas y estudiantes de Derecho de todo Canadá, el informe formula varias recomendaciones al gobierno canadiense, como aumentar los recursos dedicados al Programa sobre Crímenes contra la Humanidad y Crímenes de Guerra, mejorar la protección y el apoyo de víctimas y testigos y suprimir las trabas legales y políticas.
Contacto con los medios de comunicación: Lucy Scholey, Relaciones con los Medios de Comunicación, Amnistía Internacional Canadá (habla inglesa): 613-853-2142, [email protected]