Las autoridades etíopes deben permitir que la ayuda humanitaria internacional acceda sin trabas a los campos de refugiados del estado de Tigré, ha declarado hoy Amnistía Internacional, cuando la ONU avisa de una posible escasez de alimentos en la región.
Desde el 4 de noviembre, fecha del inicio del conflicto en el norte de Etiopía, el acceso a Tigré está estrictamente restringido debido a las operaciones militares en curso, el apagón de las comunicaciones y la suspensión de los vuelos civiles a los aeropuertos de la región.
Amnistía Internacional ha pedido también la protección de decenas de miles de personas refugiadas procedentes de Eritrea en varios campos de Tigré, además del acceso sin trabas de observadores de derechos humanos ante el progresivo deterioro de la situación de seguridad.
“Está a punto de producirse una crisis humanitaria en el norte de Etiopía, y las autoridades federales de la zona están empeorando la situación”, ha dicho Deprose Muchena, director para África Oriental y Austral de Amnistía Internacional.
“Para evitar más muertes y sufrimiento se debe permitir el acceso de la ayuda humanitaria internacional y de observadores de derechos humanos, inclusive a los campos de refugiados. Además, el gobierno etíope debe restaurar las comunicaciones telefónicas y por Internet en toda la región para permitir la coordinación de la ayuda a personas que lo necesitan desesperadamente.”
Se calcula que en la región de Tigré hay unas 96.000 personas refugiadas procedentes de Eritrea. Amnistía Internacional ha confirmado que miles de ellas han huido de esos campos y han llegado a la ciudad de Gondar, en la región de Amhara, y también a la capital de Etiopía, Addis Abeba.
Según la ONU, en la región también hay unas 100.000 personas desplazadas internamente desde que comenzó el conflicto, además de 850.000 que ya necesitaban ayuda humanitaria antes de que se iniciaran las hostilidades. En las últimas semanas han huido desde Tigré al vecino Sudán más de 50.000 personas, de cuyos terribles testimonios de violencia se han hecho eco los medios de comunicación.
También en las últimas semanas, el Comité Internacional de la Cruz Roja advirtió de que se estaban acabando los suministros de material médico en los hospitales de la región, y la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos ha descrito una “situación sumamente preocupante e inestable” que corre peligro de agravarse.
Peligro para el personal de ayuda humanitaria
A Amnistía Internacional le preocupa también el peligro que corre la vida del personal de ayuda humanitaria en la región, tras confirmarse la muerte de cuatro cooperantes desde el inicio del conflicto. El mes pasado murieron tres guardias de seguridad del Consejo Danés para los Refugiados, y también un miembro del personal del Comité Internacional de Rescate en el campo de refugiados de Hitsats. Las circunstancias y la autoría de estas muertes siguen sin conocerse.
El 7 de diciembre, un vehículo en el que viajaba personal de seguridad de la ONU fue alcanzado por los disparos de las fuerzas de seguridad etíopes cerca del campo de refugiados de Shimelba, en Tigré. El 8 de diciembre, un portavoz del gobierno afirmó que se había abierto fuego contra el vehículo porque circulaba por la zona sin la correspondiente autorización del gobierno etíope, y también que no había parado en dos controles de seguridad.
“Son ataques aberrantes. El personal de ayuda humanitaria debe ser respetado y protegido por todas las partes en el conflicto, como exige el derecho internacional humanitario. El ataque deliberado a quienes proporcionan ayuda humanitaria puede constituir crimen de guerra. Las autoridades etíopes deben ordenar a sus fuerzas que dejen de atacar al personal de ayuda humanitaria —y a los centros donde desarrolla su labor— durante sus acciones militares en la región”, ha manifestado Deprose Muchena.
Información complementaria
El 4 de noviembre de 2020, el primer ministro Abiy Ahmed ordenó a las Fuerzas de Defensa Nacional de Etiopía (FDNE), respaldadas por las fuerzas especiales y las milicias, que lanzaran una ofensiva militar contra la Policía Paramilitar Regional de Tigré y la milicia leal al Frente Popular de Liberación de Tigré (FPLT) en respuesta, según dijo, a los múltiples ataques de las fuerza de seguridad de Tigré contra la base del Mando Norte de las FDNE y otros campamentos militares de la región de Tigré.
El mes pasado, Amnistía Internacional pidió la protección de la población civil durante la ofensiva de Mekele, tras documentar la matanza en la que habían muerto cientos de civiles en Mai-Kadra, en el oeste de Tigré.