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Las conclusiones del principal órgano europeo contra la tortura, según el cual las autoridades de toda Europa han utilizado prácticas que constituyen tortura para atacar a personas refugiadas y migrantes que tratan de cruzar las fronteras europeas, refuerzan las peticiones de que las cosas cambien con urgencia. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional.
El informe publicado hoy por el Comité para la Prevención de la Tortura, del Consejo de Europa, concluye que existe un uso generalizado de la violencia, la intimidación y la detención prolongada e identifica “claros patrones de malos tratos físicos” contra personas en el contexto de operaciones de devolución sin el debido procedimiento.También concluye que existe un desprecio persistente de las salvaguardias jurídicas básicas y del derecho a acceder al asilo en toda Europa.
“Este condenatorio informe se suma a la creciente montaña de datos sobre violaciones de derechos humanos graves y sistemáticas cometidas contra personas en las fronteras por las autoridades de los Estados europeos”, ha manifestado Eve Geddie, directora de la Oficina de Amnistía Internacional en Europa.
“El informe confirma los testimonios de miles de personas que han sufrido violencia en las fronteras marítimas y terrestres de Europa.”
El informe del Comité identifica tendencias generales en las fronteras europeas, aunque no especifica países individuales. Cita casos de policías, guardias de fronteras y otros funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que han golpeado a gente con porras y han disparado balas por encima de su cabeza; han arrojado a personas a ríos, a veces con las manos atadas; las han obligado a caminar descalzas y en ropa interior (y, en algunos casos, totalmente desnudas) hasta el otro lado de la frontera; y han utilizado perros sin bozal para amenazarlas o perseguirlas.
Las autoridades utilizan estas prácticas brutales e ilegales, a menudo en el contexto de devoluciones sumarias ilegales, o “devoluciones en caliente”, para impedir que personas necesitadas de protección lleguen a sus fronteras. Las conclusiones del Comité sobre el carácter sistémico de estos abusos han sido corroboradas por la investigación llevada a cabo por Amnistía Internacional en las fronteras de Europa; las investigaciones más recientes han incluido las llevadas a cabo sobre España, Croacia, Polonia, Lituania y Letonia.
El informe se ha publicado mientras el Parlamento lituano está debatiendo un proyecto de ley que pretende legalizar en su ordenamiento jurídico nacional las devoluciones “en caliente”. Si ese proyecto se aprueba, privará en la práctica a las personas que hayan entrado de forma irregular en Lituania de cualquier posibilidad de pedir protección internacional, y permitirá la devolución forzada de muchas de ellas a lugares en los que corren peligro de tortura.
Desde el verano de 2021, Lituania, Polonia y Letonia han dictado estados de excepción para legalizar el reiterado uso de las devoluciones “en caliente” en sus fronteras con Bielorrusia, lo que expone a una gran cantidad de gente a violencia física, devoluciones sumarias y condiciones terribles de reclusión. Durante este periodo, al menos 37 personas han perdido la vida en la frontera polaca, mientras que otras han muerto en la frontera con Letonia y Lituania.
Las conclusiones del informe del Comité respecto a que las autoridades, en general, no investigan debidamente las denuncias de tortura, malos tratos y otros abusos en el contexto de las operaciones fronterizas son un reflejo de los datos recopilados por Amnistía Internacional.
“Por desgracia, el espantoso catálogo de violencia e intimidación detallado en este informe resulta demasiado familiar. La falta de rendición de cuentas por violaciones graves de derechos humanos permite que el ciclo de violencia continúe imparable y muestra un escalofriante desprecio, por parte de los países europeos, por las vidas de personas que buscan protección”, ha manifestado Eve Geddie.
“Existe una necesidad urgente de garantizar investigaciones rápidas e independientes sobre los informes de denuncias de violencia, hacer rendir cuentas a los responsables y establecer mecanismos sólidos e independientes de control de fronteras.”
Información complementaria
En marzo de 2022, Amnistía Internacional informó de que cientos de personas refugiadas y migrantes, incluidas familias con niños y niñas de corta edad, quedaron varadas en los bosques entre Bielorrusia y Polonia tratando de sobrevivir con temperaturas bajo cero sin cobijo, comida, agua ni atención médica. Estas personas se enfrentaron a reiteradas y violentas devoluciones “en caliente” por parte de guardias de fronteras polacos que dispararon munición real sobre sus cabezas y utilizaron perros policía sin bozal para obligar a la gente a adentrarse en ríos y pantanos de aguas gélidas.
Las autoridades de fronteras de Letonia y Lituania sometieron a personas refugiadas y migrantes en sus fronteras a abusos similares; entre otras cosas, las atacaron de forma cruel y gratuita con porras o armas Taser, les arrojaron piedras, les dispararon balas de goma y las golpearon cuando yacían en el suelo semiinconscientes tras haber sido rociadas con gas lacrimógeno en un espacio cerrado.
La violenta represión de las autoridades tanto españolas como marroquíes en la frontera de Melilla en 2022 provocó al menos 37 muertes y heridas a decenas de personas. Algunas personas que habían conseguido llegar a territorio español fueron expulsadas de inmediato y por la fuerza por los guardias de fronteras españoles, no sólo sin el debido proceso para evaluar el riesgo que corría su seguridad, sino también pese al hecho de que necesitaban de forma evidente atención médica.
En 2022, Amnistía Internacional informó de que las autoridades polacas habían detenido a miles de solicitantes de asilo que habían entrado en el país desde Bielorrusia y habían sometido a muchas de ellas a abusos, incluidos registros sin ropa, sedación forzada y uso de armas Taser, mientras estaban hacinadas en condiciones terribles en centros de detención.
En Letonia, Amnistía Internacional concluyó que, en medio de las devoluciones “en caliente”, las autoridades de fronteras habían recluido arbitrariamente a personas refugiadas y migrantes en lugares secretos en el bosque, a menudo tras haberles confiscado el teléfono, una práctica que puede constituir desaparición forzada. En algunos casos, la gente sólo podía salir de la zona fronteriza tras acceder a regresar a sus países “voluntariamente”, en ocasiones tras haber pasado largos periodos en los bosques o haber soportado abusos físicos o amenazas. Otras personas fueron obligadas, mediante engaños o a la fuerza, a firmar papeles de devolución tras haber sido trasladadas a centros de detención o comisarías de policía.