En respuesta a la decisión del Tribunal de Apelación de confirmar la sentencia condenatoria dictada contra Maria Ressa y Rey Santos, Jr, del portal de noticias Rappler, Wilnor Papa, responsable de Activismo y Movilización de Amnistía Internacional Filipinas, ha declarado:
“El recrudecimiento de la represión de los medios de comunicación en el país se ve claramente en la última decisión del Tribunal de Apelación de confirmar la sentencia condenatoria por ciberdifamación de María Ressa, premio Nobel de la paz, que se produce menos de una semana después de que la Comisión de Valores y Bolsa confirmara la orden de clausura de su portal de noticias, Rappler. Estas medidas dan un cariz alarmante al descarado ataque del gobierno contra los medios de comunicación independientes y las voces discrepantes de la sociedad civil, y además son un terrible mensaje respecto a la libertad de prensa en Filipinas bajo el nuevo gobierno.”
“Amnistía Internacional, en la agenda de derechos humanos de 8 puntos que dio a conocer durante las elecciones, pidió que la candidatura ganadora revocara o modificara sustancialmente todas las leyes que restringen indebidamente el derecho a la libertad de expresión, como la Ley de Prevención de Delitos Informáticos de 2012. Durante la presidencia de Duterte, el delito de ciberdifamación se utilizó habitualmente para intimidar y hostigar a periodistas que informaban sobre temas nacionales candentes. Reiteramos nuestra petición de que el nuevo gobierno retire inmediatamente todos los cargos contra Ressa y deje de atacarla a ella, a Rappler y a los medios de comunicación independientes en general.”
“El gobierno tiene la responsabilidad de garantizar que los miembros de los medios de comunicación pueden hacer su trabajo libremente y sin temor a sufrir ataques, amenazas, persecución o acoso judicial.”
Información complementaria
El 8 de julio, el Tribunal de Apelación dio a conocer su decisión de confirmar la sentencia condenatoria por difamación dictada por un tribunal de Manila contra Maria Ressa, y Reynaldo Santos Jr., directora general y ex periodista de investigación de Rappler, respectivamente. Al rechazar el recurso, el Tribunal de Apelación también amplió la pena de prisión a un máximo de seis años, ocho meses y 20 días, siendo el mínimo de seis meses y un día.
La causa contra ambos tiene su origen en un artículo de investigación de Santos publicado el 29 de mayo de 2012. En él se afirmaba que el expresidente del Tribunal Supremo de Filipinas, Renato Corona, utilizaba un vehículo propiedad del empresario William Keng, presuntamente vinculado al tráfico de drogas y la trata de seres humanos.
El 13 de febrero de 2019, Ressa fue detenida por la Oficina Nacional de Investigación y permaneció recluida toda la noche. Quedó en libertad provisional bajo fianza una vez que el Departamento de Justicia la hubo acusado a ella y a Santos de “ciberdifamación” por el artículo, que se había publicado más de tres meses antes de la promulgación de la Ley contra la Ciberdifamación. Esta ley nunca debió aplicarse con carácter retroactivo, dado que los hechos no eran delictivos en su momento.
El 15 de junio de 2020, Ressa y Santos fueron declarados culpables de ciberdifamación por un tribunal de Manila, convirtiéndose en los primeros periodistas de Filipinas condenados por este delito. La sentencia conlleva una pena de entre seis meses y un día hasta seis años de prisión, y establece que Ressa y Santos deben pagar al denunciante, William Keng, un total de 400.000 pesos filipinos (7.950 dólares estadounidenses) en concepto de indemnización por daños y perjuicios. El tribunal permitió que ambos quedaran en libertad bajo fianza.
Ressa, Santos y la dirección de Rappler en su conjunto se enfrentan a varios pleitos e investigaciones más, por presuntos delitos fiscales y violaciones de la prohibición del control extranjero de medios de comunicación. Rappler ha criticado sistemáticamente al expresidente Rodrigo Duterte y su gobierno, publicando investigaciones detalladas sobre algunas de las miles de ejecuciones extrajudiciales de personas pobres y marginadas perpetradas por la policía y otras personas armadas sin identificar durante las operaciones de “guerra contra las drogas”.