Las familias de las 37 personas que murieron quemadas en el ataque cometido contra la embajada de España en la ciudad de Guatemala en 1980 tienen por fin cierto alivio, pues la justicia ha alcanzado a un ex alto mando de la policía por su papel en los crímenes, ha declarado hoy Amnistía Internacional.
El lunes por la tarde, un tribunal civil de la ciudad de Guatemala declaró a Pedro García Arredondo, ex jefe de la ya extinta Policía Nacional, culpable de orquestar el incendio de la embajada de España del que sólo hubo dos supervivientes. Después de un juicio de cuatro meses, García Arredondo ha sido condenado a 90 años de prisión por asesinato, asesinato en grado de tentativa y crímenes de lesa humanidad.
“Ha tardado tres décadas y media, pero la justicia ha alcanzado por fin a Pedro García Arredondo por el ataque contra la embajada de España. Aunque estos asesinatos son sólo un ejemplo de los muchos que cometieron las autoridades guatemaltecas durante la prolongada guerra civil del país”, declaró Erika Guevara Rosas, directora del Programa Regional para América de Amnistía Internacional.
“Esta es una victoria para las víctimas y muestra de nuevo que el sistema de justicia de Guatemala es —cuando no hay injerencias políticas— totalmente capaz de enjuiciar las peores violaciones de derechos humanos del oscuro pasado del país.”
En otro juicio celebrado en 2012, Pedro García Arredondo fue condenado a 70 años de prisión tras ser declarado culpable de la desaparición y tortura en 1981 de un estudiante universitario.
Pese a estas condenas, la impunidad endémica sigue siendo un serio problema por las violaciones graves de derechos humanos cometidas en el pasado en Guatemala. El juicio en curso del ex gobernante militar del país general José Efraín Ríos Montt, por su presunto papel en los asesinatos masivos cometidos en una comunidad indígena ixil, está enredado en retrasos y tácticas dilatorias.
“Esperamos que otros casos de violaciones graves de derechos humanos que actualmente tramita la justicia guatemalteca, como el de Ríos Montt, se resuelvan sin demora y de forma que proporcione justicia, verdad y reparación a las muchas otras miles de víctimas y sobrevivientes de los abusos del conflicto”, concluyó Erika Guevara.