Por Erika Guevara Rosas, Directora para las Américas de Amnistía Internacional
Guatemala enfrenta una deuda histórica, desde el conflicto armado que vivió entre 1960 y 1996, en la búsqueda de justicia por los crímenes de derecho internacional y otras graves violaciones a los derechos humanos allí cometidos. Hoy, más de veinte años después, el país enfrenta otro gran desafío para asegurar el acceso a la justicia y combatir eficazmente la impunidad en el país.
El reciente anuncio de la terminación de las actividades de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), incluyendo la prohibición de entrada al país de su comisionado, Iván Velásquez, y la revocación o denegación de visas para varios miembros de su personal, es tan solo el más reciente esfuerzo de las autoridades guatemaltecas por socavar y obstaculizar el trabajo de una de las instituciones claves en la lucha por la verdad y la justicia.
Desde su creación en 2007, la CICIG ha coadyuvado con esfuerzos de investigación sobre redes y estructuras criminales – y sus vínculos con funcionarios del Estado; asegurando el camino hacia la justicia en destacados casos de corrupción y de violaciones de derechos humanos cometidas en la época post conflicto.
En uno de los casos más recientes, el pasado 9 de octubre, un tribunal en Guatemala halló culpable a varias autoridades del más alto nivel de asociación ilícita, corrupción y fraude en un proyecto que buscaba sanear las aguas contaminadas del lago de Amatitlán, uno de los más grandes del país. Según las pruebas aportadas en la investigación de la CICIG y el Ministerio Público, la fórmula empleada para supuestamente limpiar el lago era agua con sal y cloro, y otras sustancias corrosivas dañinas para la salud.
Tan sólo dos semanas antes, otro tribunal había condenado a una red de funcionarios del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) y a otras personas involucradas en la contratación anómala de servicios de diálisis para pacientes con enfermedades renales, que resultó en la muerte de más de 50 personas.[1]
En ambos casos, la colaboración de la CICIG fue indispensable para visibilizar el impacto que la corrupción puede tener en el goce y ejercicio de los derechos humanos. Al haber desviado millones de dólares, que inicialmente estaban destinados a garantizar el derecho a la salud o el derecho a un medio ambiente sano, la obligación del estado de asegurar los derechos económicos, sociales y culturales se vio comprometida.
La CICIG ha jugado un importante rol en la investigación de casos de ejecuciones extrajudiciales cometidas por miembros de las fuerzas de seguridad en 2005 y 2006 en contra de personas que se hallaban privadas de su libertad, así como la de un campesino en el Valle del Polochic en 2011. La Comisión también contribuyó a la investigación de la participación de quienes presuntamente ordenaron, planificaron, y ejecutaron el asesinato de un periodista en Mazatenango en 2015.
La CICIG ha ayudado a combatir la corrupción dentro del mismo sistema de justicia que por años ha permitido que continúe la impunidad, con la identificación de funcionarios estatales acusados de interferir y obstruir procesos penales, e incluso de presionar indebidamente a jueces y magistrados, vulnerando la independencia judicial.
Amnistía Internacional ha dado seguimiento por más de cinco décadas a la situación de derechos humanos en Guatemala, en donde la falta de justicia, o el acceso “selectivo” a ella de grupos que representan el poder económico y político en el país ha sido una constante. Durante los últimos años, hemos constatado como la CICIG se ha convertido en una institución de gran relevancia para la lucha contra la impunidad en Guatemala, y un referente importantísimo de defensa de derechos en la región de las Américas. En contraposición, también hemos visto con preocupación las campañas para deslegitimar su labor, así como se ha hecho con las personas defensoras de los derechos humanos en Guatemala por décadas.
Los logros alcanzados con el apoyo de la Comisión han demostrado que la impunidad puede combatirse e incluso que los más altos funcionarios pueden enfrentar la justicia por violentar sus obligaciones nacionales e internacionales de protección de derechos humanos. A través de los múltiples casos que la CICIG ha coadyuvado a esclarecer, se ha evidenciado que, con los esfuerzos y medidas apropiadas, el acceso a la justicia puede ser una realidad en Guatemala, y en la región.
En vez de obstaculizar las labores de la CICIG y la lucha contra la impunidad, sin demora, las autoridades guatemaltecas deben dedicar sus esfuerzos para garantizar un ambiente seguro y propicio para quienes alzan la voz por la justicia y los derechos humanos en el país.