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Guinea: Actúen ya para garantizar un mayor apoyo y una mayor asistencia a las supervivientes de la violencia sexual

28, Sep. 2022 | Categoría: ,

Amnistía Internacional

Las víctimas de violencia sexual en Guinea se enfrentan a la estigmatización social, a la falta de atención médica de fácil acceso y a graves obstáculos para obtener justicia. Así lo refleja un nuevo informe de Amnistía Internacional y la Federación Internacional de Planificación de la Familia Región de África (IPPFAR, por sus siglas en inglés) publicado hoy bajo el título Shame must change sides. Ensuring rights and justice for victims of sexual violence in Guinea.

Basándose en entrevistas realizadas a supervivientes de violación, a autoridades administrativas, judiciales, tradicionales y religiosas, a profesionales de la salud, a personas pertenecientes a los cuerpos diplomáticos y a representantes de la sociedad civil, el informe analiza los múltiples obstáculos a los que se enfrentan las víctimas de violación en Guinea a la hora de acceder a una atención efectiva, a exámenes forenses y a servicios de apoyo psicológico, así como para acceder a la justicia. Para muchas supervivientes, la justicia sigue siendo algo inalcanzable.
“A pesar de que las autoridades últimamente han realizado esfuerzos para abordar el problema de la violencia sexual, aún queda mucho por hacer en materia de información, prevención, acceso a la atención y acceso a la justicia de modo que se cumplan las obligaciones que tiene Guinea conforme al derecho internacional y regional de los derechos humanos”.
En 2021, la Oficina de Protección del Género, de la Infancia y la Moral, junto con la Brigada Especial de Protección de Personas Vulnerables Brigada Especial para la Protección de Personas Vulnerables (BSPPV, por sus siglas en francés) —unidades de policía y de gendarmería especializadas—, trataron más de 400 casos de violación, siendo las víctimas menores en la mayoría de los casos, algunas de menos de 13 años. Este informe muestra que las cifras reales de casos de violación son indudablemente más altas, sobre todo teniendo en cuenta la práctica que existe de resolver estas denuncias de forma extrajudicial y el mayor número de casos que se atienden en los centros sanitarios.
Estigmatización social
Las víctimas de violencia sexual y sus familias suelen ser enjuiciadas duramente en su comunidad, todo ello en un contexto de estigmatización social generalizado.
La madre de una niña que dijo que había sido violada relató a Amnistía Internacional el estigma que sufrió su hija:
“[…] Cuando fuimos al hospital, uno de los médicos dijo: ‘Esta es la pequeña a la que han violado’. Eso duele. Vaya donde vaya, la gente la señala. Se pasa el día encerrada en casa. No sale y apenas habla con la gente. Quiere volver al colegio, pero no es posible”.
Las autoridades deberían esforzarse más por implementar campañas de sensibilización y educación que aborden las actitudes sociales y culturales subyacentes que discriminan a las mujeres y hacen que sea más fácil que se perpetúe la violencia contra ellas. Estas campañas deberían promover una actitud de tolerancia cero ante la violencia contra las mujeres, desmontar los perniciosos estereotipos de género y mitos asociados a la violación, eliminar el estigma que rodea a las mujeres víctimas de violencia y alentarlas a solicitar reparación.
Existe una necesidad urgente de mejorar el acceso a la atención, a los derechos sexuales y reproductivos y al apoyo psicológico
Guinea carece de un teléfono gratuito efectivo que permita a las víctimas denunciar casos de violencia sexual y recibir orientación médica y jurídica. Por otro lado, si bien es cierto que existen iniciativas como la creación de centros integrales que ofrecen atención y apoyo jurídico, se debe reforzar la disponibilidad, la calidad y la accesibilidad del sistema sanitario para las víctimas, generalmente personas de ingresos modestos. En muchos casos, las supervivientes no pueden acceder a una atención médica y psicológica efectiva ni ejercer su derecho a la salud sexual y reproductiva. La mayoría del personal médico especializado ejerce en la capital, Conakry, y el coste de la atención médica puede hacer que las víctimas decidan no tratarse en algunos casos.
Un médico contó lo siguiente a Amnistía Internacional: “Podemos pasar consulta y emitir informes de forma gratuita, pero si la persona presenta complicaciones que requieren una cirugía o complicaciones infecciosas que requieren medicación, entonces tenemos que cobrar”.
“El estigma social asociado a la violación en Guinea, que a menudo impide que se informe del delito y se presenten denuncias, deja a las supervivientes de estas atrocidades sin acceso a la atención médica y psicosocial, además de sin acceso a asistencia letrada para obtener justicia y reparación”, ha señalado Marie-Evelyne Petrus-Barry, directora de la Federación Internacional de Planificación de la Familia Región de África.
“La violencia de género en todas sus formas está reconocida como una violación de derechos humanos tanto por el marco internacional de los derechos humanos como por la jurisprudencia. La desigualdad de género, los desequilibrios de poder y la falta de respeto por los derechos humanos suelen ser la causa originaria de estos actos atroces e impiden que las supervivientes puedan acceder a su derecho a la salud sexual y reproductiva y disfrutarlo plenamente. Como defensores y defensoras de los derechos humanos, todos y todas debemos alzar la voz y parar estos actos inexcusables”, ha añadido Petrus-Barry.
El acceso a la justicia supone una carrera de obstáculos para las víctimas
A pesar de que se han realizado avances considerables, ajustando los marcos legales en los últimos años y creando unas unidades especiales de policía y de gendarmería para hacer frente a los casos de violencia sexual, el acceso a la justicia en Guinea sigue siendo toda una carrera de obstáculos para las víctimas de violencia sexual, mientras que los victimarios suelen gozar de impunidad. Las autoridades tradicionales han conseguido fomentar la resolución extrajudicial de las denuncias y con ello han dado pie a que se abandonen las actuaciones judiciales, lo que contraviene tanto la legislación como los derechos de las supervivientes.
Aunque faltan peritos y no es un requisito legal presentar un certificado médico forense para interponer una denuncia, en la práctica sí se suele pedir. Incluso aunque la policía o la gendarmería no exija su presentación, si falta el documento se reducen las posibilidades de que se dicte sentencia condenatoria en juicio.
Las investigaciones judiciales suelen toparse con una falta de recursos y de formación a la hora de abordar e investigar la violencia sexual, lo cual tiene un impacto negativo sobre la víctima y su búsqueda de justicia. Al no existir una asistencia jurídica gratuita efectiva para quienes no pueden permitirse un abogado, la prestación de apoyo jurídico queda circunscrita únicamente a las ONG.
Por otro lado, el sistema judicial guineano también carece de recursos. La mayoría de los jueces, hombres casi todos, trabajan en condiciones precarias. El informe sobre supervivientes de violación subraya que algunos perpetúan estereotipos patriarcales cuando se ocupan de casos de violencia sexual.
Además, el hecho de que las supervivientes de la masacre del 28 de septiembre de 2009 hayan tenido que esperar 13 años para tener por fin la esperanza de obtener justicia y reparación ha lanzado un poderoso mensaje de impunidad; todo ello a pesar de que las fuerzas de defensa y de seguridad mataron ese día a más de 150 manifestantes y cometieron delitos de violencia sexual contra más de 100 mujeres en un estadio de Conakry.
Para fortalecer su respuesta ante la violencia sexual, las autoridades guineanas deben aprobar de forma urgente una ley integral de violencia por motivos de género, entre otras recomendaciones que se destacan en el informe para reforzar la capacidad del poder judicial, la policía y otras autoridades encargadas de hacer cumplir la ley, así como de las personas que se dedican al trabajo social y a la atención sanitaria, para garantizar que se cumplen íntegramente las disposiciones legales que tienen por objetivo abordar la violencia de género.
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