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Honduras: Verdad a medias para Berta Cáceres y su familia

30, Nov. 2018 | Categoría: ,

Las irregularidades dentro de la investigación y proceso judicial por el asesinato de la prominente defensora de derechos humanos Berta Cáceres, aunadas al hecho de que no se ha identificado aún a todos aquellos que operaron como autores intelectuales del crimen, llevan a concluir que no se ha garantizado el derecho a la justicia, la verdad y la reparación en este emblemático caso, dijo Amnistía Internacional.

La exclusión de las víctimas del proceso por el asesinato de la defensora de derechos humanos Berta Cáceres, y la imposición del Ministerio Público como su representante, una institución que ha sido denunciada reiteradamente por vulnerar sus derechos, han enturbiado el camino a la familia de la defensora para alcanzar la justicia y verdad en este caso”, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

A pesar de la existencia de una sentencia en este emblemático caso, la justicia hondureña tiene pendiente demostrar su compromiso con la verdad e identificar a todos las personas que planearon y ordenaron el asesinato de la defensora Berta Cáceres”.

El día de ayer, el Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional en Materia de lo Penal dio por terminado el juicio contra ocho acusados por el asesinato de la líder Indígena lenca y defensora del medio ambiente, ocurrido el 2 de marzo de 2016.

El tribunal declaró culpables a Douglas Bustillo (militar retirado), Henry Hernández (ex – soldado), Edilson Duarte Mesa, Elvin Rápalo Orellana, Óscar Torres, Sergio Rodríguez Orellana (Directivo de DESA, empresa que construía la represa Agua Zarca a la que se oponía la defensora) y Mariano Díaz Chávez (Mayor del ejército). Asimismo, absolvió a Emerson Duarte Mesa. 

Queda pendiente la realización del juicio contra David Castillo, Gerente General de DESA, quien fue arrestado el 2 de marzo de 2018.

Irregularidades durante el proceso

A lo largo de la investigación, la familia de la defensora de derechos humanos, así como Gustavo Castro, el único testigo del asesinato, han reiterado que el Ministerio Público de Honduras no garantizó el acceso real y completo al expediente, ni al material probatorio.  

Debido a que el Tribunal no tomó las medidas pertinentes para garantizar el acceso de las víctimas a las pruebas y el expediente, los representantes de la familia de Berta Cáceres y de Gustavo Castro presentaron una recusación contra las integrantes del Tribunal por considerar que los mismos no eran imparciales para conocer y decidir en el juicio. Esta solicitud dio lugar a su vez a la suspensión del juicio que estaba programado para iniciarse el 17 de septiembre.

El Tribunal convocó nuevamente a inicio de juicio el 19 de octubre. Los abogados de la familia de Berta Cáceres y de Gustavo Castro no se presentaron por considerar que el inicio del juicio era ilegal, puesto que estaba pendiente la decisión de un amparo interpuesto precisamente para que no comenzara.

En esa misma fecha, el Tribunal declaró el abandono del juicio por parte de la familia de Berta Cáceres, así como de Gustavo Castro. En consecuencia, el Tribunal decidió que el Ministerio Público debería asumir la representación de la familia de la defensora de derechos humanos y del mencionado testigo.

La decisión del Tribunal de imponerle a las víctimas al Ministerio Público como su representante violó la garantía del debido proceso y, por ende, afectó su derecho de acceso a la justicia, la verdad y la reparación. La representación de las víctimas no debió haber quedado en manos de una institución que ellas habían denunciado repetidamente como vulneradora de sus derechos. 

Estigmatización y posibles actos de discriminación

Mientras el juicio avanzaba, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) y el Movimiento Amplio por la Justicia (MADJ), organización a la que pertenecen los abogados de la familia de Berta Cáceres, sufrieron ataques de estigmatización que buscan desacreditar su trabajo por los derechos humanos. Las autoridades no se han pronunciado para rechazar estos señalamientos o para respaldar la importancia de defender derechos humanos, y de esta manera, proteger de otros ataques a las y los integrantes de las referidas organizaciones.

De acuerdo con el COPINH, el 31 de agosto 2018, el personal de la Corte obligó a los asistentes indígenas a quitarse la vestimenta tradicional antes de ingresar a la sala del tribunal y les negó entrada a algunos asistentes indígenas a la sala en razón de que no había suficientes asientos. Por el contrario, se habría permitido el ingreso de delegados del cuerpo diplomático de distintas embajadas a quienes se les proporcionó asientos adicionales.

Susana Rodríguez Charines

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