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INDIA: GOBIERNO, COAL INDIA SACRIFICA DERECHOS DE LAS COMUNIDADES ADIVASIS EN NOMBRE DEL DESARROLLO

13, Jul. 2016 | Categoría: ,

Las operaciones mineras de la empresa nacional india Coal India Limited, primera productora de carbón del mundo, están excluyendo a las comunidades indígenas adivasis de decisiones que afectan a sus vidas; así lo afirma Amnistía Internacional India en un informe que ha publicado hoy.

Mai Pusika a Dongria Kondh woman from Salpojola village, in the Niyamgiri hills, Orissa, India, 21 June 2008. They and many other people will be displaced if Vedanta Resources is successful in gaining permission to mine bauxite in the Niyamgiri hills in Rayagara district. The huge bauxite deposits in the Niyamgiri hills have led the Vedanta group to set up an alumina refinery at Lanjigarh, making the local population of Dongria Kondh tribespeople fearful for their future. Vedanta Resources has come under immense pressure from human rights and environmental groups to abandon its plans to mine at the Niyamgiri mountains, as the site is considered sacred by the local tribal community.

En el informe, titulado “When Land Is Lost, Do We Eat Coal?”: Coal Mining and Violations of Adivasi Rights in India, se describe con detalle cómo empresas filiales de Coal India, ministerios del gobierno central y autoridades de los estados de Chhattisgarh, Jharkhand y Odisha no realizaron consultas significativas entre las comunidades adivasis sobre la adquisición de tierras, la rehabilitación y el reasentamiento, así como los graves efectos medioambientales de la minería, que afectan profundamente a su vida y sus medios de subsistencia.

El gobierno tiene previsto duplicar prácticamente la producción de carbón para 2020, y Coal India pretende producir mil millones de toneladas de carbón al año. Sin embargo, no parece que la empresa ni las autoridades centrales y estatales tengan el menor interés en hablar con las vulnerables comunidades adivasis, a pesar de que sus tierras hayan sido adquiridas, y sus bosques destruidos, para la explotación de minas de carbón”, ha afirmado Aakar Patel, director ejecutivo de Amnistía Internacional India.

Ahora, ante una legislación abusiva, la aplicación deficiente de las garantías existentes y la indiferencia de las empresas por los derechos humanos, las comunidades adivasis se oponen a la expansión de las propias minas que un día pensaron que traerían empleo y prosperidad, mientras no obtengan resarcimiento por los abusos padecidos”.

El informe pone al descubierto un patrón de violaciones de derechos humanos en las minas a cielo abierto operadas por las distintas filiales de Coal India: la mina de Kusmunda, operada por South Eastern Coalfields Limited en Chhattisgarh, la mina de Central Coalfields Limited en Jharkhand, y la mina de Basundhara occidental, en Odisha, de Mahanadi Coalfields’ Limited.

Está parcialmente basado en entrevistas con 124 adivasis afectados de las tres zonas mineras, con representantes de las comisiones de control de la contaminación y los departamentos de gestión de los bosques de los estados de Chhattisgarh, Jharkhand y Odisha, y con periodistas, activistas y abogados locales.

Las principales conclusiones del informe fueron expuestas a las autoridades estatales y empresas pertinentes, a quienes se ofreció la oportunidad de hacer comentarios al respecto. No hubo respuesta.

Abusiva adquisición de tierras

La adquisición de tierras para las operaciones mineras de Coal India se lleva a cabo en aplicación de la Ley de (adquisición y desarrollo de) zonas con yacimientos de carbón que no obliga a las autoridades a consultar a las comunidades afectadas ni a obtener el consentimiento libre e informado de los pueblos indígenas, como establece el derecho internacional. La nueva ley sobre adquisición de tierras promulgada en 2014 establece específicamente que la adquisición de tierras en aplicación de la mencionada ley sobre zonas con yacimientos carboníferos no requiere el consentimiento de las familias afectadas ni evaluaciones de impacto social.

En las tres minas de Coal India examinadas, el gobierno central había adquirido tierras sin informar directamente a las familias afectadas y sin consultarles sobre su rehabilitación y reasentamiento. Con frecuencia, la única notificación oficial que habían recibido los afectados era una declaración de la intención del gobierno de adquirir tierras en un boletín oficial, al que es prácticamente imposible que tengan acceso las comunidades afectadas.

La ley sobre zonas con yacimientos de carbón socava la seguridad de tenencia de las comunidades. Todo desalojo resultante de una adquisición con arreglo a esta ley probablemente sea un desalojo forzoso, prohibido por el derecho internacional”, ha afirmado Aruna Chandrasekhar, directora de investigación de Amnistía Internacional India.

Deficiente aplicación de las leyes sobre medio ambiente y derechos de la comunidad adivasi

La legislación india sobre medio ambiente obliga a las autoridades estatales encargadas del control de la contaminación a celebrar consultas públicas con las comunidades locales que probablemente resulten afectadas por proyectos industriales, para darles ocasión de expresar cualquier motivo de preocupación. Sin embargo, las consultas públicas celebradas en las tres zonas mineras adolecieron de graves defectos.

Las autoridades encargadas del control de la contaminación apenas hicieron esfuerzos para llegar a las personas analfabetas o explicar los efectos de la minería. Los comités consultivos del Ministerio de Medio Ambiente, Bosques y Cambio Climático de India sólo mencionaron por encima los motivos de preocupación planteados en las audiencias públicas antes de conceder permisos ambientales para expansiones mineras.

En una audiencia pública sobre la expansión de la mina de Kusmunda, en Chhattisgarh, representantes de la empresa dedicaron unos minutos nada más a explicar las consecuencias del proyecto. De las 38 personas que hablaron en la audiencia pública, la única que habló a favor de la expansión fue un empleado de Coal India. Aun así, un comité consultivo del Ministerio autorizó la expansión de la mina sin abordar debidamente las inquietudes planteadas.

Para empeorar las cosas, los sucesivos gobiernos centrales intentan desde hace varios años diluir el requisito de las audiencias públicas para determinadas categorías de minas, poniendo en mayor riesgo los derechos de las comunidades locales”, ha dicho Aruna Chandrasekhar.

La Ley Panchayat (de ampliación a zonas seleccionadas) de India obliga a las autoridades a consultar a los consejos de aldea (gram sabhas) en zonas adivasis protegidas antes de adquirir sus tierras o adoptar medidas de rehabilitación y reasentamiento. No se hicieron estas consultas en ninguna de las tres zonas mineras.

La Ley de Derechos Forestales obliga a las autoridades estatales a obtener el consentimiento de los consejos de aldea adivasis antes de destinar tierras forestales a usos industriales. Tampoco en esta ocasión las autoridades pidieron el consentimiento de las comunidades con arreglo a la Ley  en las tres minas examinadas en el informe, o convocaron asambleas comunitarias aparentemente defectuosas.

«Reconocer la autoridad de los consejos de aldea es fundamental para la aplicación tanto de la Ley Panchayat como de la Ley de Derechos Forestales, y lo que aparentemente las autoridades centrales y estatales se niegan a aceptar es la delegación de las decisiones en las comunidades adivasis«, ha manifestado Sudha Bharadwaj, abogada de derechos humanos que trabaja con las comunidades adivasis en Chhattisgarh.

En estas tres minas, tanto las autoridades como las empresas parecen ver las audiencias públicas como un engorro burocrático y no como una oportunidad genuina de conocer los motivos de preocupación de las comunidades y abordarlos”, ha dicho Aruna Chandrasekhar.

Las empresas no respetan los derechos humanos

Según las normas internacionales sobre empresas y derechos humanos, Coal India y sus filiales tienen la responsabilidad de respetar los derechos humanos, lo que incluye actuar con la diligencia debida para garantizar que los órganos gubernamentales han llevado a cabo las consultas adecuadas respecto a las operaciones de minería del carbón. Esta responsabilidad está por encima del cumplimiento de la legislación nacional.

Pero las empresas no parecen haber tomado demasiadas medidas, si es que han adoptado alguna, para consultar a las propias comunidades o asegurarse de que las consultas gubernamentales eran adecuadas y cumplían las normas de derechos humanos. a menudo, las empresas y las autoridades gubernamentales colaboran para expulsar a personas de tierras elegidas para la explotación del carbón.

Coal India se benefició a sabiendas de procesos de adquisición de tierras que violaron los derechos humanos de miles de personas”, ha dicho Aruna Chandrasekhar. “No puede señalar los fallos del gobierno para exculparse de su propio fallo a la hora de respetar los derechos de las comunidades».

Las violaciones de derechos humanos que parece llevar aparejada la actividad minera de Coal India ponen en entredicho las promesas del gobierno central sobre un desarrollo inclusivo, y tendrá efectos de gran alcance en el futuro”, ha asegurado Aakar Patel.

Coal India debe abordar con urgencia los efectos para los derechos humanos de la expansión de las minas de Kusmunda, Tetariakhar y Basundhara occidental, llevando a cabo consultas genuinas con las comunidades afectadas por el proyecto, y garantizar que tales expansiones no se materializan hasta que se hayan disipado los motivos de preocupación en materia de derechos humanos”.

“El gobierno central debe garantizar que toda adquisición de tierras para fines de extracción de carbón conlleva evaluaciones del impacto sobre los derechos humanos y la obtención del consentimiento libre e informado de las comunidades adivasis”.

La minería del carbón se considera parte integrante del progreso económico de India. Pero será un desarrollo vacío si no hay diálogo y respeto por los derechos humanos”.

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