El confinamiento nacional durante tres semanas decretado en India para combatir la pandemia de COVID-19 ha dejado atrapados a millones de trabajadores y trabajadoras migrantes, y las personas sin recursos tienen serias dificultades para acceder a los servicios básicos en todo el país. Las políticas y planes que está planeando y adoptando el gobierno de India para luchar contra la pandemia deben aliviar, y no agravar, la difícil situación de las comunidades pobres y marginadas de India; así lo ha manifestado Amnistía Internacional India.
El 24 de marzo de 2020, en un discurso televisado, el primer ministro Narendra Modi anunció el confinamiento nacional durante 21 días, decretado en virtud de la Ley de Gestión de Catástrofes de 2005, para evitar que siga propagándose la COVID-19. “India está en una fase crítica; cualquier paso en falso puede dar lugar a la propagación descontrolada del virus y poner en peligro a la totalidad del país. Si continuamos siendo negligentes, India tendrá que pagar un precio muy alto”, dijo el primer ministro a la nación.
“Es importante que India adopte todas las medidas necesarias para combatir la COVID-19. Sin embargo, es igualmente importante que el interés de las comunidades más vulnerables ocupe el centro de toda política para luchar contra la pandemia. El confinamiento nacional afecta de manera desproporcionada a trabajadores y trabajadoras migrantes, jornaleros y jornaleras y personas empleadas en el sector informal. A la hora de elaborar respuestas a la COVID-19, el gobierno de India debe asegurarse de que las necesidades y experiencias de estas comunidades no se tienen en cuenta a posteriori”, ha dicho Avinash Kumar, director ejecutivo de Amnistía Internacional India.
Según el Informe Económico de India 2018-2019, el 93% de la fuerza laboral de India trabaja en el sector informal, que en gran medida se caracteriza por prestaciones de seguridad social limitadas o inadecuadas. Con la paralización progresiva de la mayor parte de la actividad económica de India, millones de estos trabajadores y trabajadoras ya han perdido su trabajo. Muchas de estas personas, que viven en alojamientos temporales o inseguros y sin alimentación, refugio y saneamiento adecuados, no pueden hacer otra cosa que volver a sus casas. Dado que el confinamiento incluye la suspensión de los servicios de autobús y tren, muchas se ven obligadas a hacerlo a pie y, en algunos casos, tienen que recorrer más de 1.000 kilómetros. Con todos los restaurantes y hoteles cerrados, tienen menos posibilidades de acceder a comida en buen estado y agua potable mientras realizan el trayecto. Y, para empeorar la situación, la maquinaria de la policía estatal está recurriendo a actuaciones represivas en forma de malos tratos, detención arbitraria y uso innecesario o excesivo de la fuerza contra estas personas por incumplir el confinamiento.
“El confinamiento nacional ha dejado a millones de personas atrapadas y con graves dificultades para conseguir comida y agua. Para estas personas, por desgracia, la maquinaria del Estado se ha convertido en un peligro mayor que la propia pandemia de COVID-19. Es lamentable, y el gobierno de India debe asegurarse de sustituir la insensibilidad y la fuerza bruta por medidas respetuosas con las personas en su lucha contra la pandemia. La tortura y otros malos tratos están absolutamente prohibidos en todas las circunstancias y no se justifican en ningún caso, ni siquiera en una crisis de salud pública”, ha afirmado Avinash Kumar.
“Amnistía Internacional India hace un llamamiento al gobierno central de India y a los diversos gobiernos estatales para que tomen medidas que amplíen el acceso a la seguridad social y así reduzcan las dificultades que atraviesan quienes han perdido su trabajo debido al confinamiento nacional. Asimismo pide al gobierno de India que respete y proteja los derechos de todas las personas en cuarentena y garantice que se cubren las necesidades básicas de la población, como refugio, alimentación, agua y saneamiento adecuados”, ha dicho Avinash Kumar.