Irán: Ejecución inminente de un muchacho de 17 años

Las autoridades iraníes deben detener con urgencia la ejecución de un muchacho de 17 años declarado culpable de violación y asesinato y conmutar su pena de muerte por pena de prisión, declaró Amnistía Internacional.

Amirhossein Pourjafar será ejecutado en una cárcel de Teherán el 19 de octubre de 2017. El muchacho fue detenido en abril de 2016 y seis meses después fue condenado a muerte por violar y asesinar a una niña de siete años, Setayesh Ghoreyshi, perteneciente a la marginada comunidad afgana de Irán.

“No cabe duda de que fue un crimen terrible y que su autor debe rendir cuentas. Amnistía Internacional apoya las demandas de justicia de la afligida familia de Setayesh y de la comunidad afgana de Irán, pero ejecutar a un muchacho de 17 años no es hacer justicia”, ha dicho Magdalena Mughrabi, directora adjunta del Programa para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional.

“El uso de la pena de muerte contra personas condenadas por delitos perpetrados cuando tenían menos de 18 años está totalmente prohibido por el derecho internacional de los derechos humanos. Si Irán sigue adelante con la ejecución prevista para la semana que viene, cometerá otra terrible vulneración de sus obligaciones internacionales.”

En su sentencia definitiva, el tribunal afirmó que la condena a muerte contra Amirhossein Pourjafar se había dictado tras tener en cuenta “las expectativas de la sociedad y la opinión pública”.

“Las autoridades se han apresurado a enviar a un menor al patíbulo para aplacar la ira del público, en un movimiento torpe y corto de miras. “La pena de muerte es un castigo cruel, inhumano e irreversible, y no hay pruebas convincentes de que su efecto disuasorio sea mayor que la pena de prisión. Utilizarlo como venganza sólo agrava sus brutales efectos sobre la sociedad”, ha dicho Magdalena Mughrabi.

Esta ejecución está programada sólo dos meses después de que la más alta autoridad de la judicatura iraní, el ayatolá Sadeq Larijani, reiterara la falsa afirmación de que Irán no ejecuta a menores.

En realidad, Amnistía Internacional ha registrado la ejecución de 85 menores entre 2005 y 2017, de ellos cuatro en 2015, dos en 2016 y cuatro en lo que va de 2017. La organización también ha identificado a 92 personas que actualmente están en espera de ejecución por delitos perpetrados cuando eran menores.

Amirhossein Pourjafar fue condenado a muerte en septiembre de 2016, cuando un tribunal penal de Teherán decidió que en el momento del delito tenía la “madurez mental” necesaria para comprender el carácter y las consecuencias de sus acciones. Para llegar a esta conclusión, el tribunal se basó en opiniones de la institución forense oficial iraní que confirmaban la “salud mental” del muchacho, y también en pruebas que, en su opinión, indicaban que había intentado ocultar el crimen.

El tribunal afirmó, descaradamente, que sus argumentos se ajustaban a la Convención sobre los Derechos del Niño de la ONU, en la que Irán es Estado Parte. Sin embargo, la Convención prohíbe de forma absoluta e inequívoca el uso de la pena de muerte para delitos cometidos por menores de 18 años.

La justicia de menores establece de forma categórica que las personas menores de 18 años tienen un grado menor de madurez y de culpabilidad, y por tanto jamás deben afrontar las mismas penas que los adultos.

“En vez de basarse en evaluaciones individualizadas de la ‘madurez’, deficientes y arbitrarias per se, las autoridades iraníes deben cumplir sus obligaciones internacionales hacia los menores y acabar inmediatamente con el uso de la pena de muerte contra cualquier persona condenada por delitos cometidos cuando era menor de edad”, ha afirmado Magdalena Mughrabi.

Información complementaria

En septiembre de 2016, la Sección 7 del Tribunal Penal Número 1 de Teherán dictó dos penas de muerte contra Amirhossein Pourjafar, una por asesinato, con arreglo al principio islámico de qesas (castigo equivalente al delito), y otra por violación, ordenando además que el muchacho recibiera 74 latigazos por mutilar el cadáver. El Tribunal Supremo confirmó ambas condenas a muerte en enero de 2017.

Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos sin excepción, independientemente de la naturaleza del delito, las características del delincuente o el método de ejecución utilizado por el Estado. La pena de muerte es una violación del derecho a la vida y el exponente máximo de pena cruel, inhumana y degradante.