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Las autoridades iraníes están pidiendo la pena de muerte para al menos 21 personas en simulacros de juicio destinados a intimidar a quienes participan en el levantamiento popular que lleva agitando Irán desde septiembre, y a disuadir a otras personas de unirse al movimiento. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional hoy.
Desde el 13 de noviembre, las autoridades, en distintas declaraciones, han anunciado que los Tribunales Revolucionarios de Teherán han condenado a muerte a cinco personas, cuyos nombres no se han facilitado, por “enemistad contra Dios” (moharebeh) y “corrupción en la tierra” (efsad-e fel arz), a causa de lo que califican de actos de incendio provocado, destrucción de bienes y agresión mortal contra un miembro de las fuerzas de seguridad durante las protestas celebradas en la provincia de Teherán. Desde el 29 de octubre, los medios de comunicación estatales han informado regularmente del juicio contra nueve hombres por cargos punibles con la muerte que están relacionados con las protestas. No está claro si los cinco individuos cuyos nombres no se han facilitado y que están condenados a muerte forman parte de ese grupo de nueve hombres. Al menos otras 12 personas, entre ellas una mujer, se enfrentan también a cargos punibles con la muerte en relación con las protestas.
Amnistía Internacional ha publicado hoy un análisis detallado sobre los casos de las 21 personas en riesgo, y en él destaca las enormes deficiencias de los procedimientos de los Tribunales Revolucionarios, unidas a los escandalosos llamamientos de las autoridades para que se aceleren tanto los juicios como las ejecuciones públicas.
“Las autoridades iraníes deben anular de inmediato todas las condenas a muerte, abstenerse de pedir la imposición de la pena capital y retirar todos los cargos contra las personas detenidas en relación con su participación pacífica en protestas. La pena de muerte es el exponente máximo de pena cruel, inhumana y degradante, y su abominable naturaleza se ve aún más agravada por unos juicios extremadamente deficientes que carecen de transparencia o independencia”, ha manifestado Diana Eltahawy, directora adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Medio y Norte de África.
“Cuando han transcurrido dos meses del levantamiento popular, y tres años de las protestas de noviembre de 2019, la crisis de impunidad existente en Irán está permitiendo que las autoridades iraníes no sólo sigan perpetrando homicidios en masa, sino que continúen aumentando el uso de la pena de muerte como herramienta de represión política. Los Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos de la ONU que celebran un periodo especial de sesiones sobre Irán la semana que viene deben establecer con carácter de urgencia un mecanismo de investigación y rendición de cuentas para abordar esta agresión total contra el derecho a la vida y otros derechos humanos.”
Amnistía Internacional teme que muchas otras personas corran peligro de ser condenadas a muerte, habida cuenta de los miles de personas detenidas y de la cantidad de acusaciones formales presentadas por las autoridades.
Amnistía Internacional insta a todos los gobiernos con embajadas en Irán a enviar de inmediato observadores de alto nivel a todos los juicios en curso en los que las personas acusadas corran peligro de ser condenadas a muerte. Las autoridades iraníes han declarado que esos juicios serán públicos.
Personas que se enfrentan a la pena de muerte a causa de las protestas
Los casos de las 21 personas que corren peligro de ser condenadas a muerte se encuentran en distintas etapas, y se celebran ante diversos tribunales. Las condenas a muerte pueden ser recurridas ante el Tribunal Supremo.
Seis hombres acusados de “enemistad contra Dios” (mohraebeh) o “corrupción en la tierra” (efsad-e fel arz) han sido remitidos a un Tribunal Revolucionario de Teherán para un juicio colectivo. Se trata de Mohammad Ghobadlou, Saman Seydi (Yasin), Saeed Shirazi, Mohammad Boroughani, Abolfazl Mehri Hossein Hajilou y Mohsen Rezazadeh Gharagholou. Otros tres hombres (Sahand Nourmohammad-Zadeh, Mahan Sedarat Madani y Manouchehr Mehman-Navaz) están siendo juzgados en procedimientos separados ante el Tribunal Revolucionario de Teherán por presunta conducta criminal que constituye “enemistad contra Dios” (mohraebeh). En ocho de estos casos, los cargos punibles con la muerte no incluyen acusaciones de homicidio intencional, sino que se derivan principalmente de actos descritos como vandalismo, destrucción de bienes públicos y/o privados, incendio provocado y alteración del orden público.
Aunque las autoridades no han desvelado la identidad de las cinco personas cuyas condenas a muerte se han anunciado oficialmente, la información revelada sobre los cargos contra ellas ha llevado a los activistas de derechos humanos a creer que se trata de Mohammad Ghobadlou, Manouchehr Mehman-Navaz, Mahan Sedarat Madani, Mohammad Boroughani y Sahand Nourmohammad-Zadeh.
Otras 11 personas se enfrentan también a juicio ante un Tribunal Revolucionario de Karaj, provincia de Alborz, por el cargo de “corrupción en la tierra” (efsad-e fel arz). Entre ellas se encuentra un matrimonio, Farzaneh Ghare-Hasanlou y Hamid Ghare-Hasanlou, que ejerce la medicina.
Amnistía Internacional también ha tenido conocimiento de otro hombre, Parham Parvari, de 26 años y perteneciente a la minoría kurda de Irán, que ha sido acusado de “enemistas contra Dios” en relación con las protestas. Según la familia de Parham Parvari, él era un simple transeúnte que fue violentamente detenido en Teherán cuando regresaba a su casa desde el trabajo durante las protestas.
Existen indicios de que al menos tres personas han sido sometidas a tortura y otros malos tratos, y que en los tribunales se han utilizado “confesiones” empañadas por la tortura.
Negación del derecho a un juicio justo
Las violaciones documentadas del derecho a un juicio justo contra las 21 personas acusadas incluyen la negación del derecho a acceder a un abogado de su elección desde el momento de la detención y mientras duren la investigación y los procedimientos judiciales, así como la negación del derecho a la presunción de inocencia, a guardar silencio y a no ser obligado a autoincriminarse o confesar la culpabilidad. A las personas acusadas se les niega sistemáticamente el derecho a gozar de protección frente a la tortura y otros malos tratos, a tener pleno acceso a las pruebas pertinentes, y a recibir una vista ante un tribunal competente, independiente e imparcial.
En virtud del derecho internacional, la imposición de pena de muerte tras un juicio injusto constituye una violación del derecho a la vida y de la prohibición absoluta de la tortura y otros malos tratos.
Llamamiento de las autoridades para que se aceleren los juicios y las ejecuciones públicas
De los 290 miembros que componen el Parlamento iraní, 227 han emitido una declaración en la que piden al poder judicial que “no muestre indulgencia” con las personas que se manifiestan y que dicte urgentemente contra ellas condenas a muerte que sirvan de “lección” a otras personas. El presidente de la Magistratura, Gholamhossein Mohseni-Ejei, ha pedido que se aceleren los juicios y las condenas, incluidas las ejecuciones.
Según un documento oficial examinado por Amnistía Internacional, el 9 de noviembre el fiscal general del país, Mohammad Jafar Montazeri, dio instrucciones a las fiscalías para que aceleraran los procedimientos penales contra Mohammad Ghobadlou. En otro documento oficial, fechado el 29 de septiembre, un alto cargo de la policía pidió que el juicio contra Mohammad Ghobadlou se completara “en el plazo más breve posible” y que su condena a muerte se llevara a cabo en público como “gesto para confortar a las fuerzas de seguridad”.
Información complementaria
Desde la muerte bajo custodia de Mahsa (Zhina) Amini a manos de la “policía de la moral” iraní el 16 de septiembre de 2022, Irán se ha visto sacudido por un levantamiento popular nacional contra el sistema de la república islámica. Las fuerzas de seguridad han respondido con el uso ilegítimo de la fuerza (incluida fuerza letal), el homicidio de cientos de hombres, mujeres, niños y niñas y heridas a miles de personas más.
Según un archivo de audio filtrado obtenido por BBC Persian, las autoridades detuvieron arbitrariamente a entre 15.000 y 16.000 personas en la primera oleada de detenciones desde que comenzaron las protestas. Entre las personas detenidas se encuentran manifestantes, periodistas, defensores y defensoras de los derechos humanos, disidentes, estudiantes universitarios y escolares, y muchas de ellas han sido sometidas a desaparición forzada, detención en régimen de incomunicación, tortura y otros malos tratos, y juicios injustos.
El 8 de noviembre de 2022, el poder judicial iraní anunció que se habían dictado 1.024 actas de acusación formal en relación con las protestas únicamente en la provincia de Teherán, sin dar más detalles de los cargos.