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Las autoridades iraníes detienen arbitrariamente, intimidan y hostigan a las familias de las personas menores de edad que murieron golpeadas o abatidas a tiros ilegalmente por las fuerzas de seguridad en relación con las protestas, lo cual pone de manifiesto su inconcebible crueldad y su siniestro intento de ocultar sus crímenes, ha dicho hoy Amnistía Internacional.
En una investigación actualizada, Amnistía Internacional documenta la incesante sucesión de homicidios ilegítimos de menores de edad a manos de las fuerzas de seguridad de Irán, y detalla los nombres y circunstancias de al menos 44 de estos casos, así como la cruel violencia que sufren sus familias.
“Las autoridades no sólo han condenado a las familias de las personas menores de edad asesinadas a toda una vida de inconsolable duelo, sino que también les han infligido una angustia psicológica extrema con sus restricciones en entierros y homenajes y su implacable intimidación para obligarlas a permanecer en silencio. Estas prácticas violan la absoluta prohibición de las penas o tratos crueles, inhumanos y degradantes”, ha declarado Heba Morayef, directora de Amnistía Internacional para Oriente Medio y Norte de África.
“La reciente creación de una misión de investigación de la ONU para recoger, agrupar y analizar testimonios e indicios de tales violaciones transmite claramente a las autoridades iraníes el mensaje de que no pueden seguir perpetrando crímenes de derecho internacional y otras graves violaciones de los derechos humanos sin temor a las consecuencias. Amnistía Internacional insta ahora a todos los Estados a que apliquen el principio de jurisdicción universal para investigar penalmente a los funcionarios y autoridades iraníes implicados en los ataques militarizados contra manifestantes, incluidas personas menores de edad.”
Las investigaciones realizadas por Amnistía Internacional han demostrado que las fuerzas de seguridad iraníes dispararon con munición real al corazón, la cabeza u otros órganos vitales de 34 de las víctimas menores de edad identificadas. Al menos cuatro murieron a causa de proyectiles metálicos que las fuerzas de seguridad dispararon ilegítimamente a corta distancia. Otras cinco —cuatro niñas y un niño— murieron por lesiones compatibles con golpes letales, y una menor falleció tras recibir en la cabeza el impacto de un bote de gas lacrimógeno. La cifra registrada de víctimas menores de edad incluye 39 niños entre los 2 y los 17 años y cinco niñas, tres de 16 años, una de 17 y una de 6.
El 14% del total de muertes de manifestantes y transeúntes registradas por Amnistía Internacional —más de 300 desde el inicio de las protestas— son de personas menores de edad. Seguimos investigando los homicidios a manos de las fuerzas de seguridad y se prevé que aumentará el número de víctimas, incluidas personas menores de edad (más información sobre la metodología de la organización aquí).
Las autoridades iraníes habitualmente hostigan e intimidan a las familias de las víctimas menores de edad para obligarlas a mantenerse en silencio o a aceptar versiones en las que las descargan de cualquier responsabilidad por las muertes de sus seres queridos en declaraciones escritas o en vídeos que se emiten por la televisión pública. Amnistía Internacional ha identificado este tipo de prácticas en el caso de al menos 13 víctimas menores de edad. Los informes obtenidos por la organización procedentes de fuentes bien informadas indican que las fuerzas de seguridad coaccionaron a las familias con arrestos arbitrarios y detenciones y amenazándolas con enterrar a sus seres queridos en lugares sin identificar y con violar, detener o causar otros daños a los afligidos progenitores y a sus hijos e hijas supervivientes.
El padre de Koumar Daroftadeh, un muchacho de 16 años que murió abatido por fuego real, declaró el 13 de noviembre en una entrevista en la emisora independiente Radio Farda:
“[Los agentes de seguridad y de los servicios de inteligencia] me citaron para una reunión y me dijeron que debía decir lo que me indicaran […] Las autoridades mataron a mi hijo y deben rendir cuentas por ello.”
Crueles restricciones en entierros y homenajes
Los agentes de seguridad e inteligencia a menudo amenazaron a las familias con no devolverles el cadáver de las víctimas menores de edad para enterrarlas si no se comprometían por escrito a no hacer declaraciones y a cumplir ciertas restricciones en los funerales y los homenajes.
En algunos casos, los funcionarios prepararon los cuerpos sin notificárselo a las familias y se los entregaron envueltos en sudarios minutos antes de la hora prevista para el entierro, negándoles el derecho de lavar y preparar a sus seres queridos para enterrarlos según sus propias tradiciones religiosas y culturales.
Otras veces se obligó a las familias a enterrarlos en pueblos remotos, prohibiendo que se empleara la palabra “mártir” y que los familiares portaran pancartas de homenaje de gran tamaño o compartieran imágenes de las víctimas y publicaciones sobre el funeral en las redes sociales.
Negación de la responsabilidad de los homicidios ilegítimos de personas menores de edad
Las autoridades iraníes han negado públicamente su responsabilidad en la muerte de al menos 19 de las víctimas menores de edad. Han atribuido 12 de estas muertes a ataques de “mercenarios terroristas” o de “personas desconocidas”, tres más a suicidios o accidentes al caer desde gran altura, y otras cuatro a suicidio o muerte accidental por sobredosis de droga, a la mordedura de un perro, a un accidente de moto y a la desbandada de una multitud, respectivamente.
En el caso de otras nueve personas menores, todas ellas pertenecientes a la oprimida minoría baluchi, las autoridades han puesto en duda que hayan muerto, afirmando en sus informes a los Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos de la ONU que no existe certificado de defunción de esos menores en la provincia de Sistán y Baluchistán.
Las personas menores de las minorías perseguidas, las más afectadas
Más del 60% de las víctimas mortales menores de edad pertenecían a las minorías oprimidas baluchi y kurda. Estas comunidades llevan largo tiempo sufriendo discriminación sistémica y persecución de las autoridades.
El familiar de un menor víctima de homicidio ilegítimo en Sistán y Baluchistán dijo a Amnistía Internacional:
“No nos hicieron ningún caso. [Las autoridades iraníes] no nos consideran [a las personas baluchis] seres humanos. Hay muchos testigos [de los homicidios], pero sus testimonios no valen nada frente a la República Islámica, porque las autoridades no los aceptan.”
De las 44 víctimas mortales menores de edad, 18 (el 40%) pertenecían a la oprimida minoría baluchi de Irán. De ellas, 13 murieron a manos de las fuerzas de seguridad en Zahedán (provincia de Sistán y Beluchistán) el 30 de septiembre, el día más letal de la represión de las protestas, que en Irán se conoce como “viernes sangriento”.
Diez de las víctimas mortales menores de edad (el 20%) pertenecían a la minoría kurda y murieron en ocho ciudades o pueblos de las provincias de población kurda de Kurdistán, Kermanshah, y Azerbaiyán Occidental.
Las 16 restantes murieron en otras seis provincias de Irán.
“Las autoridades han estado matando a personas menores de edad para intentar quebrar el espíritu de resistencia de la juventud del país y mantener su férreo control cueste lo que cueste. Y a pesar de eso,muchos y muchas menores han seguido valientemente saliendo a protestar a la calle en busca de un futuro sin opresión política ni desigualdad”, ha afirmado Heba Morayef.