Ocho conservacionistas acusados de espionaje en Irán por usar cámaras para monitorear especies en peligro de extinción podrían ser condenados a muerte o a más de diez años de prisión, ha declarado Amnistía Internacional días antes de que se dicte sentencia.
Los ocho científicos (seis hombres y dos mujeres), ligados a la Fundación Patrimonio Silvestre Persa, habían estado investigando sobre animales en peligro de extinción en Irán, como el guepardo asiático y el leopardo de Persia, y fueron detenidos a finales de enero de 2018, Hay datos que indican que fueron sometidos a tortura y otros malos tratos, incluso mediante periodos prolongados de reclusión en régimen de aislamiento, para obtener “confesiones” forzadas.
“Proteger animales salvajes en peligro de extinción no es un delito. Estos conservacionistas son científicos que estaban llevando a cabo una investigación legítima. Es absurdo que se los esté enjuiciando sin ninguna prueba y que sean tratados como delincuentes”, ha declarado Philip Luther, director de Investigación y Trabajo de Incidencia de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.
“Las autoridades iraníes deben ponerlos en libertad de forma inmediata e incondicional, y retirar los indignantes cargos de espionaje formulados contra ellos”.
Las autoridades han acusado a los conservacionistas de usar proyectos científicos y medioambientales, como el monitoreo del guepardo asiático con cámaras, como tapadera para reunir información militar clasificada. Las cámaras son una herramienta común que utilizan los conservacionistas para monitorear especies animales poco corrientes en peligro de extinción.
Estos ocho conservacionistas forman parte de un grupo de nueve científicos que fueron detenidos por la Guardia Revolucionaria el 24 y el 25 de enero de 2018. Uno de ellos, Kavous Seyed-Emami, científico y académico iraní canadiense, murió en circunstancias sospechosas en la prisión de Evín dos semanas después de su detención. Las autoridades dijeron que se había suicidado y se negaron a entregar el cuerpo si la familia no accedía a enterrarlo inmediatamente sin una autopsia independiente. Amnistía Internacional había pedido a las autoridades iraníes que llevasen a cabo una investigación imparcial sobre su muerte.
En octubre de 2018, los conservacionistas fueron acusados formalmente. Cuatro de ellos —Niloufar Bayani, Houman Jowkar, Morad Tahbaz y Taher Ghadirian— fueron acusados de “corrupción en la tierra” (efsad f’il arz) y podrían ser condenados a muerte.
Otros tres —Amirhossein Khaleghi, Sepideh Kashani y Abdolreza Kouhpayeh— fueron acusados de espionaje y, de ser declarados culpables, podrían ser condenados a 10 años de cárcel. El octavo, Sam Rajabi, fue acusado de “cooperar con Estados hostiles contra la República Islámica” y de “reunión y colusión para cometer delitos contra la seguridad nacional”, cargos que podrían conllevar hasta 11 años de prisión.
“Los cargos formulados contra estos científicos son totalmente infundados y se derivan exclusivamente de sus actividades pacíficas de conservación de la fauna. Su declaración de culpabilidad sería una burla indignante de la justicia y un devastador golpe para la comunidad científica de Irán”, declaró Philip Luther.
“El hecho de que las autoridades de Irán estén acosando e intimidando a conservacionistas con cargos fabricados es otro escalofriante ejemplo de cómo las autoridades consideran ‘delictivas’ unas actividades pacíficas. La comunidad internacional debe pronunciarse y pedir la libertad inmediata de estos científicos”.
Indicios de tortura y juicio injusto
El juicio a puerta cerrada contra los ocho científicos ante la Sala 28 del Tribunal Revolucionario de Teherán comenzó el 30 de enero de 2019 y fue manifiestamente injusto. Tras su detención, los conservacionistas fueron recluidos en régimen de incomunicación en la Sección 2-A de la prisión de Evín, bajo el control de la Guardia Revolucionaria, sin acceso a abogados y con contactos muy limitados con sus familias.
Según fuentes dignas de crédito, durante una visita familiar a la prisión, algunos de los conservacionistas mostraban señales de tortura física, como dientes rotos y hematomas en el cuerpo.
Fuentes fidedignas indican que el tribunal, como prueba principal contra los enjuiciados, se ha basado casi exclusivamente en “confesiones” que estos hicieron presuntamente bajo tortura y de las que se retractaron después.
Niloufar Bayani dijo al tribunal que sólo había hecho una “confesión” porque estaba “rota” debido a la tortura física y psicológica, y que posteriormente se retractó de ella. Contó que los interrogadores la amenazaron con pegarle, inyectarle drogas alucinógenas, arrancarle las uñas y detener a sus padres; también le enseñaron un papel diciendo que era su condena a muerte y fotos del cadáver de Kavous Seyed-Emami, dando a entender que iba a correr una suerte similar.
Durante una de las sesiones del juicio, el juez le ordenó que saliera de la sala por ser “demasiado molesta” después de que Bayani se opusiera reiteradamente a que se usaran contra ella y los demás conservacionistas las “confesiones” forzadas de las que se había retractado. En consecuencia, no se le permitió comparecer ante el tribunal en las tres últimas sesiones del juicio.
Amnistía Internacional no tiene constancia de que se haya realizado ninguna investigación sobre las denuncias de tortura y otros malos tratos.
“Estas alarmantes denuncias de tortura y otros malos tratos deben investigarse inmediatamente. Es deplorable que los conservacionistas se hayan visto obligados a someterse a un juicio tan enormemente deficiente por cargos falsos”, dijo Philip Luther.
Durante todo el tiempo que llevan recluidos, así como durante el juicio, los conservacionistas no han tenido acceso a abogados de su elección. Ni siquiera se les permitió hablar con sus abogados en el juicio. El juez denegó las reiteradas solicitudes de Sam Rajabi de ser representado por su propio abogado, elegido independientemente, lo que hizo que quedara sin representación letrada en el juicio.
En mayo de 2018, un comité del gobierno integrado por los ministros de Inteligencia, Interior y Justicia, y el vicepresidente de Justicia estudió la detención de los conservacionistas y concluyó que no había datos que indicaran que fueran espías. Varios altos cargos del gobierno iraní, algunos de ellos del propio Departamento de Medio Ambiente, han pedido la libertad de los científicos alegando la falta de pruebas contra ellos.