El uso persistente por Irán de penas crueles e inhumanas, como flagelaciones, amputaciones y ceguera forzada, durante el pasado año pone de manifiesto un sentido de la justicia absolutamente brutal, ha declarado Amnistía Internacional.
Cada año se flagela habitualmente en Irán a cientos de personas, a veces en público. El caso de flagelación más reciente del que ha tenido constancia Amnistía Internacional es el de un periodista que recibió 40 azotes en Najaf Abad, provincia de Isfahán, el 5 de enero, después de que un tribunal lo declarase culpable de informar de forma inexacta del número de motocicletas confiscadas por la policía en la ciudad.
“El prolífico uso por las autoridades durante 2016 de los castigos corporales, como la flagelación, la amputación y la ceguera, pone de relieve lo inhumano de un sistema de justicia que legaliza la brutalidad. Estos castigos crueles e inhumanos son una escandalosa agresión a la dignidad humana y violan la prohibición internacional absoluta de la tortura y otros malos tratos”, afirmó Randa Habib, directora regional de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.
“La reciente flagelación de un periodista ha provocado alarma ante la posibilidad de que las autoridades tengan la intención de continuar en 2017 la oleada de castigos crueles del año pasado.”
La legislación iraní prevé más de 100 “delitos” punibles con flagelación que abarcan un amplio abanico de actos: desde el robo, la agresión, el vandalismo, la difamación y el fraude hasta actos que no deberían estar penalizados, como el adulterio, las relaciones íntimas entre hombres y mujeres no casados, la “infracción de la moral pública” y las relaciones sexuales consentidas entre personas del mismo sexo.
Muchas de las personas que han sufrido flagelación en Irán son menores de 35 años detenidos por actividades pacíficas como comer en público durante el Ramadán, tener relaciones fuera del matrimonio y asistir a fiestas mixtas, actividades protegidas por el derecho a la libertad de creencias, religión, expresión y asociación y que nunca deberían estar penalizadas.
Como Estado parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Irán tiene la obligación legal de prohibir la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Sin embargo, la legislación iraní sigue permitiendo la aplicación de castigos corporales prohibidos internacionalmente, como la amputación, la lapidación y la flagelación, que justifica so pretexto de la protección de la moral religiosa.
El pasado mes de abril, una pareja no casada fue condenada por “tener una relación ilegítima” a 100 latigazos cada uno. Un mes después, 35 jóvenes, hombres y mujeres, fueron detenidos en la provincia de Qazvin por bailar, confraternizar y consumir alcohol en una fiesta, y condenados a 99 latigazos cada uno. Las penas se ejecutaron inmediatamente. También en mayo de 2016 se administraron penas de flagelación a un grupo de 17 mineros que habían protestado por sus condiciones laborales y despidos en la provincia de Azerbaiyán Occidental.
Periodistas y blogueros han sido asimismo condenados a flagelación en relación con su trabajo. En julio, un tribunal de apelación condenó al periodista Mohammad Reza Fathi a 459 latigazos por “publicar mentiras” y “provocar inquietud en la opinión pública” con sus escritos.
La popular página iraní de Facebook “Azadihayeh Yavashaki” (Mi sigilosa libertad), administrada por la periodista y activista de los derechos de las mujeres Masih Alinejad, ha publicado relatos detallados de varias mujeres que habían recibido azotes por consumir alcohol y asistir a fiestas mixtas en las que había irrumpido la policía iraní de buenas costumbres. La página también publica imágenes que muestran las graves lesiones en la espalda de varias mujeres consecuencia de estos azotes.
En una de las publicaciones, una joven de 28 años que recibió 80 latigazos por asistir a una fiesta de cumpleaños calificó el día en que fue flagelada como “el peor día de [su] vida”. La mujer contó que, tras ser detenida, le tomaron una foto y las huellas digitales y luego la llevaron a una pequeña habitación donde una mujer de mediana edad le infligió varios azotes mientras tenía los pies encadenados y las manos esposadas.
“Con el impacto del primer latigazo, salté de la [silla] sin poder controlarme. Estaba tan conmocionada que ni siquiera me salían las lágrimas. Quería gritar, pero no podía ni controlar la voz. Cada vez que me golpeaba con fuerza, me preguntaba si me arrepentía para que Dios me perdonara”, dijo.
Otra mujer, que también fue azotada por asistir a una fiesta mixta para celebrar su reciente compromiso en la ciudad de Robat Karim, cerca de Teherán, contó que, menos de una hora después de que comenzara la fiesta, las fuerzas de seguridad irrumpieron en la casa de campo donde se celebraba, confiscando botellas de alcohol. Interrogaron a varios de los invitados y golpearon brutalmente a muchos de ellos antes de llevarlos a una comisaría de policía donde los insultaron e interrogaron. Tras permanecer tres noches en prisión, fueron condenados a 74 azotes cada uno.
“No me acuerdo de cuántos azotes me dieron, pero llegó un momento en que sólo gemía, entumecida por el dolor. Cuando por fin llegué a casa, tenía un dolor terrible en el cuerpo y el alma me dolía por los sentimientos de humillación y miedo que había tenido durante toda la pesadilla”, dijo sobre su experiencia.
Además de las flagelaciones, Amnistía Internacional registró también un incidente en noviembre de 2016, en el que se cegó de ambos ojos a un hombre en Teherán como castigo por haber dejado ciega a una niña de cuatro años en un ataque con ácido en junio de 2009. Varios presos más seguían corriendo peligro de ser cegados.
Resulta inquietante que médicos pertenecientes a la Organización de Medicina Legal de Irán proporcionen al Tribunal Supremo asesoramiento “experto” sobre la forma médicamente factible de aplicar las penas de ceguera, acto contrario a la deontología médica.
“Los profesionales de la medicina tienen la clara obligación de evitar toda implicación en actos de tortura y otros malos tratos. En lugar de ayudar a cometer actos de tortura y de apoyarlos con evaluaciones médicas previas a la imposición de la pena de ceguera, los médicos de Irán deben negarse a participar en esta calculada crueldad”, añadió Randa Habib.
Amnistía Internacional ha tenido asimismo constancia de la ejecución de al menos cuatro amputaciones por robo en Irán, algunas de las cuales fueron “amputaciones cruzadas” de varios dedos de la mano y del pie de lados alternos del cuerpo de la víctima.
“Amputar extremidades, privar de vista e infligir azotes brutales no puede considerarse justicia. Las autoridades iraníes deben abolir urgentemente todas las formas de castigo corporal y tomar medidas urgentes para armonizar el enormemente deficiente sistema de justicia penal del país con las leyes y normas internacionales de derechos humanos”, concluyó Randa Habib.