“Las autoridades iraníes son responsables del delito permanente de desaparición forzada contra el preso Hedayat Abdollahpour y su familia, y deben revelar toda la verdad sobre su ejecución secreta y devolver su cuerpo a su familia”, ha declarado hoy Amnistía Internacional.
La organización ha pedido asimismo a las autoridades iraníes que expliquen por qué hicieron creer a su familia y a sus abogados durante semanas después de su desaparición forzada que seguía con vida.
Hedayat Abdollahpour, preso kurdo condenado a muerte, fue trasladado el 9 de mayo desde la prisión central de Urumieh, en la provincia de Azerbaiyán Occidental, a un lugar no revelado. En las cuatro semanas siguientes, las autoridades se negaron a facilitar a su familia y abogados cualquier información sobre su suerte o paradero, sometiéndolo así a desaparición forzada.
Tras reiteradas peticiones de información, su familia recibió la semana pasada un certificado de defunción según el cual había “muerto” el 11 de mayo. El certificado dice que su fallecimiento fue consecuencia de “ser alcanzado por objetos contundentes o afilados” y no aclara que se debió a una ejecución a pesar de que el 10 de junio se había comunicado a la familia que había sido ejecutado en secreto.
Amnistía Internacional ha documentado en ocasiones anteriores que esta expresión se utiliza en los certificados de muertes causadas por heridas de bala. Las autoridades siguen ocultando el paradero del cuerpo.
“Los juegos implacablemente crueles que a los que juegan las autoridades iraníes con la familia de Hedayat Abdollahpour deben acabar. Al negarse a revelar la verdad, están causando deliberadamente un sufrimiento indecible a sus seres queridos”, dijo Diana Eltahawy, directora adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.
“Deben devolver el cuerpo de Hedayat Abdollahpour a su familia y llevar a cabo una investigación independiente sobre las circunstancias que rodean su ejecución secreta y desaparición forzada”.
Secreto alrededor de las circunstancias de la muerte
El 24 de junio, se entregó a la familia de Hedayat Abdollahpour en la Organización Nacional de Registro Civil de Oshnavieh, provincia de Azerbaiyán Occidental, un certificado de defunción que decía que Abdollahpour había “muerto” en Urumieh el 11 de mayo como consecuencia de “ser alcanzado por objetos contundentes o afilados”.
Amnistía Internacional cree que esto es compatible con las afirmaciones del Partido Democrático Kurdo de Irán de que Hedayat Abdollahpour había sido fusilado en una base militar de la Guardia Revolucionaria de Oshnavieh.
El 10 de junio, un funcionario del Ministerio Fiscal comunicó verbalmente a la familia de Hedayat Abdollahpour que éste había sido ejecutado en Oshnavieh, pero que no podía darles más información.
Hasta la fecha, no se ha notificado a los abogados de Hedayat Abdollahpour la ejecución de éste, lo que constituye una vulneración de las leyes iraníes.
Desaparición forzada continua
Desde que Hedayat Abdollahpour fue objeto de desaparición forzada, las autoridades iraníes se han negado en reiteradas ocasiones a revelar la verdad sobre su suerte y paradero, enviando a su familia y abogados de una oficina a otra y haciendo declaraciones contradictorias.
Durante semanas, las autoridades penitenciarias y las del Ministerio Fiscal de Urumieh dijeron a sus abogados que no tenían información sobre el caso y que éste se había remitido a Oshnavieh para su tramitación. Sin embargo, las autoridades del Ministerio Fiscal de Oshnavieh negaron este extremo.
El 12 de mayo, el fiscal adjunto de Urumieh dijo a su familia: “Cuando el Ministerio de Inteligencia y la Guardia Revolucionaria no les dicen dónde está su familiar, lo mejor es que vayan al cementerio.”
Sin embargo, el 3 de mayo, el mismo fiscal adjunto de Urumieh dijo a los abogados de Hedayat Abdollahpour que ésta estaba en un centro de detención de la Unidad de Inteligencia de la Guardia Revolucionaria de Urumieh.
Desde que las autoridades comunicaron a la familia el 10 de junio que Hedayat Abdollahpour había sido ejecutado, se niegan a revelar las circunstancias que rodearon su muerte y el lugar donde están sus restos.
En virtud del derecho internacional, el delito de desaparición forzada continúa hasta que el Estado da a conocer información sobre la suerte o el paradero de la persona en cuestión, y esto requiere, cuando se descubre que la persona desaparecida está muerta, devolver los restos a su familia.
La angustia infligida a la familia debido a la incertidumbre continua en torno a la suerte de su ser amado y el paradero de sus restos viola la prohibición absoluta de la tortura y otros malos tratos.
Información complementaria
Hedayat Abdollahpour fue condenado a muerte en 2017 tras un juicio manifiestamente injusto en relación con un enfrentamiento armado entre la Guardia Revolucionaria y miembros del KDPI que tuvo lugar el 14 de junio de 2016.
Hace tiempo que las autoridades iraníes ejecutan en secreto a miembros de grupos étnicos minoritarios y se niegan durante años a revelar su suerte y el paradero de sus restos.
Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos sin excepción, con independencia del carácter o las circunstancias del delito, de las características y la culpabilidad o inocencia del acusado y del método utilizado por el Estado para llevar a cabo la ejecución. Amnistía Internacional registró al menos 251 ejecuciones en Irán en su Informe sobre la pena de muerte anual de 2019.