La decisión del gobierno irlandés de que en el mandato propuesto para la investigación anunciada hoy sobre los “hogares para madres e hijos” no se aborde el trato que recibían las mujeres y las niñas en las Lavanderías de la Magdalena es una oportunidad perdida que dejará lagunas en la explicación de abusos cometidos en el pasado, ha dicho Amnistía Internacional.
La creación de la Comisión de Investigación sobre los “hogares para madres e hijos” es un importante paso para reparar los errores cometidos en el pasado en estas instituciones. Sin embargo, el ministro de la Infancia y la Juventud ha confirmado hoy que en los planes del gobierno no entra investigar los abusos perpetrados en las Lavanderías de la Magdalena, al considerar que éstos fueron tratados exhaustivamente en el Informe McAleese elaborado en 2013 por una comisión interdepartamental.
“El mandato propuesto para la Comisión es una oportunidad perdida para abordar de una vez por todas la responsabilidad de Irlanda de proporcionar justicia y verdad a las mujeres y las niñas de las Lavanderías de la Magdalena, muchas de las cuales procedían de estos ‘hogares para madres e hijos’”, ha dicho Colm O’Gorman, director ejecutivo de Amnistía Internacional Irlanda.
“El Informe McAleese sobre el trato que recibían las mujeres en esas instituciones fue un deplorable ejemplo de cómo no deben investigarse las denuncias de abusos contra los derechos humanos perpetrados en el pasado. El gobierno lo ha utilizado para restar importancia a la duración, el carácter y la gravedad de los abusos contra los derechos humanos que sufrieron muchas de esas mujeres.
“Nos preocupa mucho que hoy el ministro haya repetido el argumento del gobierno según el cual este análisis fue suficiente para abordar el trato que recibieron esas mujeres y niñas. Aunque nos alegra que el mandato de la Comisión le permita examinar las Lavanderías de la Magdalena como una de las ‘vías de salida’ de las mujeres que dejaban los ‘hogares para madres e hijos’ tras dar a luz, consideramos que no es suficiente. Instamos enérgicamente a que se modifique dicho mandato a fin de que incluya la investigación del trato que se daba a las mujeres y las niñas en las Lavanderías de la Magdalena.”
Esta misma crítica ha sido planteada en el pasado por varios organismos internacionales. Así, en 2011, el Comité contra la Tortura de la ONU instó a Irlanda a que llevara a cabo una investigación exhaustiva e independiente sobre las denuncias de abusos a mujeres y niñas en estas instituciones. En julio de 2014, el Comité de Derechos Humanos de la ONU expresó también su preocupación ante la falta de investigaciones del gobierno sobre esta cuestión.
Con respecto concretamente a los “hogares para madres e hijos”, Amnistía Internacional expresó su satisfacción en general con el mandato propuesto.
“En términos generales, nos satisface el mandato de la investigación, ya que abarca los ‘hogares para madres e hijos’ y cuenta con una partida presupuestaria propia. La obligación de Irlanda de garantizar verdad, justicia y reparación a las víctimas de abusos contra los derechos humanos cometidos en el pasado debe ser fundamental para el trabajo de esta Comisión. Pedimos que el gobierno se comprometa a que se cumpla esta obligación si la Comisión descubre pruebas de tales abusos”, ha dicho John Dalhuisen, director del Programa Regional para Europa y Asia Central.
Amnistía Internacional también ha pedido la inclusión de una cláusula en el mandato de la Comisión que permita a ésta investigar posibles abusos cometidos contra mujeres y niñas en otras instituciones relacionadas. La lista de instituciones que abarca el mandato de la Comisión es limitada, y debería incluir al menos las Lavanderías de la Magdalena. Amnistía Internacional aprecia que el ministro haya dicho hoy que la Comisión podrá solicitar más adelante la ampliación de su mandato para investigar otras instituciones, pero esta posibilidad debe quedar reflejada expresamente en el actual mandato.
“En términos más generales, pedimos al gobierno que reflexione sobre otras lagunas de las investigaciones realizadas hasta la fecha sobre otras denuncias de abusos institucionales cometidos en el pasado, y que garantice que se subsanan sin demora y de manera eficaz. La forma deslavazada y reactiva en que los sucesivos gobiernos han intentado abordar estos temas del pasado de Irlanda ha demostrado ser claramente ineficaz. El pasado no podrá ser un asunto de los libros de Historia hasta que se reivindiquen los derechos humanos de la gente”, ha dicho Colm O’Gorman.
Información complementaria
Hoy, el ministro irlandés de la Infancia y la Juventud, James Reilly, publicó el mandato de la Comisión de Investigación prometida sobre los “hogares para madres e hijos”. El ministro también mantuvo una reunión con los grupos interesados para hablar sobre sus disposiciones.
Esta Comisión de Investigación sobre los Hogares para Madres e Hijos de Irlanda se crea tras el descubrimiento, a comienzos de junio de 2014, de una fosa común con los restos de cientos de bebés y niños en Tuam, en el condado de Galway, en lo que había sido la fosa séptica de un “hogar para madres e hijos”. Estos hogares, que funcionaban con financiación estatal y eran gestionados por órdenes religiosas para que las “madres solteras” dieran a luz, existieron desde la década de 1920 hasta comienzos de la década de 1990, cuando tener un hijo fuera del matrimonio suponía un gran estigma social. Durante mucho tiempo, los informes sobre el trato que recibían las mujeres y los niños en estas instituciones –en las que al parecer había elevadas tasas de mortalidad infantil, denuncias de prácticas de adopción ilegales, experimentos de vacunación realizados con los niños sin consentimiento y denegación de atención médica a algunas mujeres– fueron motivo de preocupación.
El 10 de junio de 2014, el entonces ministro de la Infancia y la Juventud, Charlie Flanagan, anunció la creación de una Comisión de Investigación sobre estos “hogares” en toda Irlanda.
Amnistía Internacional escribió al gobierno el 19 de junio pidiendo que el mandato de la Comisión dotara a ésta de las facultades y la autoridad necesarias para recopilar toda la información que considerara pertinente, y le diera la potestad de exigir la información y la comparecencia de las personas que considerara oportuno. La Comisión debe poder determinar si se produjeron abusos contra los derechos humanos y, de ser así, tener capacidad para identificar a las víctimas en la medida de lo posible. También debe analizar los factores que contribuyeron a los abusos contra los derechos humanos descubiertos, incluidas políticas, prácticas y estructuras institucionales, y el papel que tuvieron en ellos, por acción o por omisión, el Estado y otras instituciones. La Comisión debe tener asimismo el mandato de formular recomendaciones eficaces para proporcionar reparaciones completas a las víctimas y a sus familias por los abusos contra los derechos humanos descubiertos.
La Comisión de Investigación debe disfrutar de autonomía económica, administrativa y operativa y recibir recursos suficientes, incluido el apoyo de un número suficiente de personal experimentado, formado y competente. Además, debe tener acceso a asesoramiento jurídico experto e imparcial. Por principio, todos los aspectos de su labor deben ser transparentes y públicos, aunque sometidos a la confidencialidad necesaria para proteger los derechos de las víctimas, los testigos y otras personas. Las víctimas deberán poder participar eficazmente en sus investigaciones y ser consultadas sobre cuestiones clave que afecten a sus intereses, además de ser tratadas con humanidad y respeto a su dignidad.
Amnistía Internacional ha instado también al gobierno a estudiar cómo podría esta Comisión de Investigación remediar que el Estado irlandés no haya iniciado sin demora una investigación minuciosa e independiente sobre los abusos contra los derechos humanos en las Lavanderías de la Magdalena. El 5 de febrero de 2013, una comisión interdepartamental publicó, por mandato del gobierno, un informe para “aclarar cualquier relación del Estado con las Lavanderías de la Magdalena”. Sin embargo, esta comisión no investigó las numerosas denuncias de abusos contra los derechos humanos y no satisfizo los criterios de verdad, justicia y reparación. Sus resultados se ven desmentidos por el testimonio directo de muchos supervivientes sobre los abusos –incluido trato inhumano y degradante, detención arbitraria y trabajo forzado– que sufrieron muchas mujeres y niñas en estas instituciones.