Un asalto nocturno a las oficinas de una destacada organización palestina de derechos humanos ha sido el último ataque efectuado por las autoridades israelíes contra la sociedad civil en los Territorios Palestinos Ocupados (TPO), ha manifestado Amnistía Internacional hoy.
Alrededor de las dos de la madrugada de hoy, fuerzas israelíes han registrado las oficinas de la Asociación de Derechos Humanos y Apoyo a los Presos Addameer en Ramala, confiscando ordenadores, discos duros, archivos y otros materiales. Este asalto forma parte de una campaña más general de represión emprendida contra las organizaciones palestinas de la sociedad civil y de derechos humanos y contra su personal.
“El intimidante asalto de las fuerzas israelíes a Addameer demuestra claramente que las autoridades israelíes están determinadas a aplastar el activismo pacífico y silenciar a las ONG. Ha sido un ataque siniestro y calculado, que tenía por objeto sofocar la labor vital de derechos humanos de Addameer”, señala Saleh Higazi, director adjunto de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.
“Las autoridades israelíes han enviado un mensaje claro a la sociedad civil palestina: quien se atreva a denunciar las violaciones israelíes de derechos humanos cometidas en Israel y los Territorios Palestinos Ocupados se expone a sufrir ataques.”
Es la tercera vez que las fuerzas israelíes asaltan las oficinas de Addameer; las dos anteriores fueron en 2002 y 2012. A lo largo del tiempo, las autoridades israelíes han detenido también a muchos miembros del personal de la ONG.
Ayman Nasser, coordinador del departamento jurídico de Addameer, se halla detenido sin cargos ni juicio desde el 17 de septiembre de 2018. La semana pasada prorrogaron su orden de detención administrativa cuatro meses más.
En los últimos años, las autoridades israelíes han intensificado notablemente sus intimidaciones contra la sociedad civil tanto en Israel como en los TPO. La sociedad civil es sometida a continuas agresiones por medio de restrictivas leyes y políticas gubernamentales, a las que se suma una campaña de difamación que tiene por objeto deslegitimar el trabajo de derechos humanos.
“Las restricciones arbitrarias de la libertad de circulación y los ataques contra las organizaciones de la sociedad civil y de derechos humanos y contra los defensores y defensoras de los derechos humanos no tienen justificación jamás. Se les debe poner fin ya, y los responsable tienen que rendir cuentas”, ha añadido Saleh Higazi.
Información complementaria
Según fuentes de medios de comunicación palestinos, la madrugada del 19 de septiembre, las fuerzas israelíes irrumpieron en varios edificios de la ciudad cisjordana de Ramala, entre ellos las oficinas de Addameer y la sede de la Unión General de Trabajadores del Sector Servicios.
En el marco de la represión de la sociedad civil, las autoridades de Israel han puesto en el punto de mira a las organizaciones que, valiéndose de medios como boicots, propugnan el fin de la ocupación israelí y la rendición de cuentas por los crímenes de derecho internacional cometidos.