GAZA CITY, GAZA – MAY 11: A group of journalists gather in front of Al-Jazeera’s office to stage a protest in support of female reporter of Al-Jazeera television channel Shireen Abu Akleh died as a result of fire opened by Israeli soldiers, in Gaza City, Gaza on May 11, 2022. (Photo by Mustafa Hassona/Anadolu Agency via Getty Images)
Las autoridades israelíes deben poner fin a los homicidios ilegítimos, las lesiones intencionales, las detenciones arbitrarias, la tortura y otros malos tratos, la persecución y los castigos colectivos contra la población palestina, incluidos numerosos niños y niñas. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional en una declaración pública emitida hoy.
En el incidente más reciente, la periodista palestina Shirin Abu Akleh recibió un disparo en la cabeza el 11 de mayo mientras cubría una incursión militar israelí en la ciudad de Yenín, en el norte de la Cisjordania ocupada. Se han producido muertes o heridas de personas palestinas a consecuencia del uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas israelíes durante el control policial de las protestas o al llevar a cabo operaciones de búsqueda y arresto. Según parece, algunas personas palestinas han muerto en actos que constituyen ejecuciones extrajudiciales, es decir, crímenes de derecho internacional.
“El homicidio de la veterana periodista Shirin Abu Akleh es un sangriento recordatorio del mortífero sistema en el que Israel encierra a la población palestina. Israel está matando a personas palestinas a diestro y siniestro impunemente. ¿Cuántas más tienen que morir antes de que la comunidad internacional actúe para hacer rendir cuentas a Israel por los constantes crímenes de lesa humanidad?”, ha manifestado Saleh Higazi, director adjunto de Amnistía Internacional para Oriente Medio y Norte de África.
La violencia ha ido en aumento desde que el primer ministro israelí, Naftali Bennett, asumió el cargo el 21 de junio de 2021, y en los meses de marzo y abril se registró el número más alto de personas tanto palestinas como israelíes muertas fuera de las hostilidades armadas en Israel y los Territorios Palestinos Ocupados en cualquier otro periodo de dos meses desde 2008. Entre el 21 de junio de 2021 y hasta el 11 de mayo de 2022, las fuerzas israelíes mataron al menos a 79 personas palestinas, entre ellas 14 niños y niñas, en los Territorios Palestinos Ocupados, según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) de las Naciones Unidas y los registros de Amnistía Internacional. En marzo, las fuerzas israelíes mataron a 12 personas palestinas, tres de ellas menores de edad. Otra murió a manos de un colono israelí. Durante el mes de abril de 2022, las fuerzas israelíes mataron al menos a 22 personas palestinas, entre ellas tres menores de edad, según los registros de Amnistía Internacional. Otros ataques diferentes lanzados por palestinos armados mataron a 18 personas en ciudades de todo Israel desde el 22 de marzo.
La alarmante escalada de graves violaciones de derechos humanos se produce en un momento en el que altos cargos israelíes han amenazado con nueva violencia contra la población palestina. Desde la actual escalada de violencia, las autoridades gubernamentales israelíes, incluido el primer ministro Naftali Bennett, han hecho reiteradas declaraciones que incitan a la violencia y alientan al uso de fuerza ilegítima, además de dar órdenes de disparar contra personas palestinas que no constituyen una amenaza inminente. Otros políticos han incitado también abiertamente a la violencia, lo que subraya el alcance de la discriminación institucional ejercida por Israel contra la población palestina. Aunque las autoridades palestinas en Cisjordania han condenado todos los ataques palestinos contra civiles israelíes, ha habido portavoces de algunos grupos armados palestinos que han alentado esos ataques.
“Los Estados de todo el mundo tienen la responsabilidad moral y legal de emprender acciones inmediatas para poner fin a los constantes delitos cometidos por Israel contra la población palestina para mantener la calamidad del apartheid. El fiscal de la Corte Penal Internacional debe marcar el rumbo de la justicia, la verdad y la reparación para poner fin a la impunidad que fomenta estos constantes delitos”, ha manifestado Saleh Higazi.
Amnistía Internacional ha hablado con nueve testigos, tres profesionales del derecho que representan a personas palestinas detenidas, y ha examinado pruebas de vídeo y fotográficas, ha realizado observaciones sobre el terreno y ha recopilado información de organizaciones de derechos humanos para analizar patrones de homicidios ilegítimos, detención arbitraria, tortura y otros malos tratos y castigos colectivos de comunidades palestinas. La organización también ha corroborado información sobre ataques mortales contra civiles por parte de palestinos armados.
Homicidio de menores palestinos
Desde principios de 2022 hasta el 8 de mayo, las fuerzas armadas israelíes han matado a ocho menores palestinos en circunstancias que parecen ser ilegítimas y que incluyen el uso excesivo y temerario de fuerza letal, según los registros mantenidos por Amnistía Internacional. Además, durante este periodo un colono armado mató a un menor palestino.
El 13 de abril de 2022, las fuerzas israelíes dispararon contra Qusai Fuad Mohammad Hamamra, de 16 años, durante el control policial de una protesta palestina cerca de la entrada a Husan, una localidad cercana a Belén. Según la organización de derechos humanos Defensa de Niñas y Niños Internacional – Palestina, Hamamra sufrió numerosas heridas de bala. Al menos una bala le alcanzó en la cabeza. El ejército de Israel dijo en una declaración que se había disparado a una persona en Husan después de que arrojara un cóctel molotov contra soldados israelíes, que no resultaron heridos.
“Vi la sangre en el lugar donde le dispararon”, ha declarado Amina Hamamra, madre de Qusai Hamamra. “Era como cuando matas un cordero. Nadie pudo acercarse a causa de los disparos. Él tenía sueños, y yo tenía sueños para él. Ahora todo se ha acabado.”
Brutales ataques en la mezquita de Al Aqsa
Durante el Ramadán, que comenzó el 3 de abril, y hasta el 8 de mayo, las autoridades israelíes han restringido el acceso de fieles musulmanes a la mezquita de Al Aqsa, en Jerusalén Oriental, y han montado controles semipermanentes para bloquear el acceso en las carreteras que conducen a la mezquita.
La policía ha atacado brutalmente a fieles en la mezquita y sus alrededores, y ha utilizado violencia que constituye tortura y otros malos tratos para dispersar concentraciones. Según la Sociedad Palestina de la Media Luna Roja, el 15 de abril policías armados israelíes detuvieron a más de 400 personas palestinas, entre ellas multitud de menores, tras una escalada de seis horas que se saldó con al menos 150 personas palestinas heridas por balas de goma y golpes con porras.
Según testigos presenciales, la policía, al disparar las balas de goma, apuntó a la parte superior del cuerpo, incluidas la cara, la espalda y el pecho. También atacó a periodistas, paramédicos, mujeres, personas de edad avanzada y hombres con discapacidad.
Una persona que vio lo ocurrido dijo: “Los paramédicos montaron una tienda en la explanada de la mezquita, y esa tienda se convirtió también en blanco de disparos de balas de goma. La gente que trataba de llegar hasta las personas heridas para llevarlas a la tienda médica era blanco de disparos”.
Ataques contra personas israelíes
Otros ataques diferentes lanzados por palestinos armados mataron a 18 personas, entre ellas tres policías y dos personas de nacionalidad extranjera, en ciudades de todo Israel desde el 22 de marzo. Seis atacantes palestinos murieron a manos de las fuerzas israelíes, y a otro lo mató un ciudadano israelí armado.
El 7 de abril, un palestino del campo de refugiados de Yenín disparó contra la gente que estaba en un restaurante de Tel Aviv: mató a tres personas e hirió a una docena más.
Tras el ataque, las autoridades israelíes restringieron arbitrariamente la libertad de circulación para todas las personas residentes en Yenín hasta el 17 de abril. Se declaró el cierre de los dos principales controles militares que vigilan la entrada y salida de la ciudad. A las personas con ciudadanía palestina de Israel y a los comerciantes palestinos de Yenín no se les permitió cruzar los controles para hacer negocios; además, se revocaron unos 5.000 permisos de acceso religioso.
“Los ataques contra la población civil causan conmoción, y son condenados, con razón, por portavoces de todo el mundo. Israel tiene el deber de proteger a todas las personas que están bajo su control y valorar por igual todas las vidas, abordando las causas fundamentales de la violencia y actuando para poner fin al apartheid. Israel ha demostrado una y otra vez que el derecho internacional no le importa en absoluto, por lo que es deber de todos los Estados del mundo actuar, hacer que Israel rinda cuentas de sus actos, y desmantelar su apartheid contra la población palestina”, ha manifestado Saleh Higazi.