Por Salil Shetty, secretario general de Amnistía Internacional
Shah Bibi es directora del Departamento de Asuntos de la Mujer en la provincia de Laghman, en el este de Afganistán, y continúa trabajando para reforzar los derechos de las mujeres a pesar de que varias amenazas de muerte la obligaron a mudarse a otra provincia. “Cada día al salir de casa pienso que no regresaré viva, y mis hijos tienen tanto miedo como yo a un posible ataque de los talibanes contra mí”, dijo a Amnistía Internacional cuando la organización la entrevistó para el informe sobre las defensoras de los derechos humanos de las mujeres en Afganistán que hoy se publica.
Las dos predecesoras de Bibi –Najia Sediqi y Hanifa Safi– perdieron la vida en el plazo de seis meses en 2012, a manos de hombres armados a plena luz del día y en un atentado con automóvil bomba, respectivamente. Sus familiares –en un relato que resulta habitual– dijeron a Amnistía Internacional que las reiteradas amenazas de muerte no merecieron respuesta alguna de las autoridades, pese a que las mujeres habían pedido protección en repetidas ocasiones. Hasta la fecha nadie ha rendido cuentas por estas muertes.
El caso de Bibi no es en absoluto una excepción. Hablamos con más de medio centenar de defensoras de los derechos humanos y sus familiares, pertenecientes a todos los estratos sociales. En Afganistán, las defensoras no son un pequeño grupo de activistas: cualquiera que utilice su posición pública para promover los derechos de las mujeres y las niñas encaja en esta categoría. La mayoría se enfrentan a un considerable peligro por defender su causa.
Está la agente de policía contra cuya vivienda lanzaron una granada por denunciar la discriminación de las mujeres en la policía. O la maestra que sobrevivió a un atentado con automóvil bomba después de haber hecho campaña en favor de una escuela para niñas en su provincia. Y la doctora pastún que vive bajo constantes amenazas y cuyo hermano ha muerto y su hijo ha resultado malherido a causa de su trabajo. ¿Su “delito”? Proporcionar servicios médicos a mujeres y niñas que habían huido de la violencia intrafamiliar, algunas de ellas tras haber sido violadas por familiares.
Pero la defensa de los derechos humanos de las mujeres no es una actividad restringida sólo a mujeres activistas. Aunque nuestro informe se centra principalmente en mujeres, en todo Afganistán muchos hombres también defienden su causa. Hablamos con “Mirwais”, por ejemplo, un joven abogado que trabaja para un refugio de mujeres de Kabul donde se refugian mujeres que huyen de la violencia intrafamiliar.
En nuestra investigación surgió una clara constante de indiferencia institucionalizada por parte de las autoridades afganas ante las amenazas y los ataques contra estas mujeres y hombres. Sistemáticamente el gobierno no les proporciona un entorno protegido. Una y otra vez surge la misma pauta en las entrevistas: la policía, los fiscales y los tribunales se niegan constantemente a tomarse en serio las amenazas contra los defensores y las defensoras de los derechos humanos de las mujeres. Son pocas las investigaciones sobre los ataques denunciados y los enjuiciamientos y las condenas son aún menos frecuentes. Esta impunidad, esta ausencia de rendición de cuentas de los perpetradores, no hace sino consolidar una cultura de la violencia contra los y las activistas que luchan en favor de los derechos de las mujeres.
Muchas mujeres señalaron también que, incluso cuando reciben protección, ésta suele ser menor de la que se proporciona a sus homólogos varones.
Lo más desalentador es que Afganistán cuenta con un sólido marco jurídico encaminado hacia la protección de las mujeres y de quienes defienden sus derechos. El problema es que estas leyes a menudo se quedan en papel mojado. Los organismos oficiales y los funcionarios responsables de proteger a las mujeres carecen de recursos y de apoyo para desempeñar su trabajo.
La Ley para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, aprobada en 2009, tipificaba como delito una serie de actos de violencia contra las mujeres y supuso un logro histórico para sus derechos. Pasados los años, sigue aplicándose esporádicamente, e incluso cuando las mujeres se atreven a denunciar violencia intrafamiliar u otros ataques, los índices de condenas son extremadamente bajos.
Sin embargo, nuestro informe no es sólo una historia de oscuridad y tristeza. También es un homenaje al valor de estas personas. Desde dirigir refugios para mujeres o defender la igualdad de género en el gobierno hasta crear una sólida red de grupos de la sociedad civil, las mujeres afganas han luchado mucho para conseguir algunos logros importantes desde 2001.
No obstante, estos logros están amenazados con el aumento de la influencia de las fuerzas conservadoras en Afganistán y la reducción de la ayuda financiera internacional al país y el interés por él. En los últimos años hemos documentado un importante aumento de las amenazas, las intimidaciones y los ataques contra quienes están en la vanguardia de la promoción y la protección de los derechos de las mujeres. Y aunque los talibanes y otros grupos armados de oposición son responsables de la mayoría de los ataques, resulta sorprendente que las activistas se enfrenten a amenazas y actos de violencia provenientes de todas direcciones: señores de la guerra con vínculos con las autoridades, funcionarios e incluso sus propios familiares.
El gobierno afgano debe empezar a tomarse en serio su responsabilidad de garantizar la protección de quienes defienden los derechos humanos de las mujeres. Es necesario tomar medidas concretas para garantizar que todas las denuncias de amenazas o ataques se investigan, y que se exigen responsabilidades a sus autores. También hay una acuciante necesidad de reforzar la capacidad del Ministerio de Asuntos de la Mujer y sus homólogos provinciales.
La comunidad internacional también debe desempeñar un papel crucial y no abandonar a Afganistán ni a quienes se juegan la vida por los derechos humanos. Desde 2001 ha habido algunos logros notables que los donantes internacionales han apoyado, pero hasta ahora este apoyo ha sido limitado y en casos específicos. A medida que se reduce el dinero en concepto de ayudas, los gobiernos internacionales deben priorizar el apoyo y los recursos dedicados a quienes defienden los derechos humanos de las mujeres en zonas inseguras e inestables del país.
Los países de la Unión Europea Plus (la Unión Europea y otras misiones diplomáticas) han presentado recientemente un programa que ofrece cierta esperanza. El programa, cuando sea operativo, proporcionará protección de emergencia y seguimiento constante a los defensores y defensoras de los derechos humanos. Sin embargo, esta estrategia aún ha de ponerse a prueba y está por ver el éxito de su aplicación.
Hoy, 7 de abril, tuve la fortuna de estar en Kabul para presentar nuestro informe con algunos de los valientes activistas que más necesitan de nuestra dedicación constante. Su compromiso resulta estimulante y esperanzador para el futuro de Afganistán. La próxima vez que venga, espero que el gobierno afgano y quienes lo respaldan internacionalmente hayan convertido sus palabras y compromisos en actos significativos.