Justicia Digna para las mujeres defensoras de derechos humanos en México

Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional

Protesta para exigir el esclarecimento de la muerte de Digna Ochoa en San Salvador Atenco.
JUAN PABLO ZAMORA (CUARTOSCURO)

El 19 de octubre del 2001, la reconocida defensora de los derechos humanos Digna Ochoa fue asesinada en sus oficinas en el centro de la Ciudad de México. El atroz crimen conmovió a la sociedad mexicana y la comunidad internacional. Digna era una de las lideresas mas emblemáticas en la defensa de los derechos humanos en México, en un contexto particularmente complejo.

A pesar de la alarma global, la respuesta del estado a su muerte fue inverosímil; la investigación no solo careció de imparcialidad y seriedad, sino que la conclusión de que Digna se había “suicidado” fue una bofetada a la verdad y la justicia para ella y su familia, así como para cientos de personas defensoras de derechos humanos que desde entonces enfrentaban múltiples formas de violencia y persecución. El asesinato de Digna y la indolencia de las autoridades no fueron aislados, sino parte de un patrón de violencia e impunidad en contra de las personas defensoras de los derechos humanos en la época de los hechos, que tristemente sigue siendo un legado que hoy continúa amenazando gravemente a las personas defensoras y sus organizaciones en México, uno de los países más peligrosos a nivel mundial para quienes defienden derechos humanos.

Es en ese contexto que, la reciente sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso de Digna Ochoa, en la que condena al estado mexicano por las graves falencias ocurridas en la investigación de su muerte, es un hito importantísimo para la justicia y los derechos humanos, y particularmente para Digna y las mujeres defensoras.

La Corte Interamericana documentó las múltiples falencias en las investigaciones sobre su muerte, las que además de mostrar la manipulación de evidencia, incluida la escena del crimen, estuvieron plagadas de estereotipos de género, donde se apelaban a “aspectos íntimos y personales de la defensora” para cuestionar su credibilidad y dañar su imagen y reputación, esto con el fin de minimizar el impacto de su asesinato. En los casos de asesinatos y violencia en contra de mujeres defensoras, esto continúa siendo un acto recurrente en México; la falta de perspectiva de género para atender denuncias de violencia perpetrada contra mujeres defensoras y periodistas, y los ataques a la legitimidad de su labor de defensa son un común denominador, no solo en las pocas investigaciones que se realizan, sino también en el discurso estatal.

Durante la audiencia ante la Corte, en calidad de perita experta, presente un análisis del contexto de violencia que han venido enfrentando las personas defensoras de derechos humanos en México, desde la época del asesinato de Digna hasta ahora. En Amnistía Internacional denunciamos las amenazas contra Digna y demandamos reiteradamente su protección a las autoridades; pero tristemente no fue el único caso, durante años hemos documentado diversos casos de ataques y amenazas a mujeres defensoras de derechos humanos en el país. Casos emblemáticos de amenaza, como los de Esther Chávez en el 2002 y Obtilia Eugenio Manuel, quien desde 2004 ha sufrido múltiples amenazas y hasta secuestro, de tortura sexual como el de Lydia Cacho, o de asesinato como los de Marisela Escobedo en 2010, Susana Chávez en 2012 y Zenaida Pulido en 2019 son una muestra de que el estado mexicano no solo ha fracasado en la protección de las mujeres defensoras de derechos humanos, sino que alimenta la impunidad que garantiza que la violencia continúe.

En los casos que Amnistía Internacional ha investigado, las amenazas de muerte, las agresiones, las campañas de desprestigio y otras formas de violencia casi nunca se investigan, y las pocas investigaciones que se adelantan, incluidas por asesinatos de mujeres defensoras, son lentas y sin contar con protocolos específicos que enfoquen líneas de investigación en la labor de defensa o con una perspectiva de género. En muchos de los casos de violencia en contra de personas defensoras, y particularmente de mujeres, son las propias autoridades y fuerzas de seguridad mexicanas las identificadas como responsables de los ataques, amenazas y agresiones; por lo que muchas veces las investigaciones carecen de imparcialidad y credibilidad.

Ante este escenario, uno de los mayores obstáculos para las personas defensoras de derechos humanos es que México carece de verdaderas políticas públicas integrales de protección. Si bien, cuenta desde 2012 con una ley y Mecanismo de protección de personas defensoras y periodistas, este ha resultado claramente insuficiente. Las campañas de difamación y criminalización por parte de servidores públicos, la falta de medidas firmes para atender las causas estructurales de la violencia, y la falta de investigación y sanción a los responsables de esa violencia contra personas defensoras, contribuyen al entorno hostil para la defensa de derechos.

La crisis de violencia contra personas defensoras y periodistas en México es monumental. El propio gobierno reconoce que en lo que va de la administración de López Obrador, de diciembre de 2018 y hasta septiembre de 2021, 94 personas defensoras han sido asesinadas, 23 de ellas mujeres. Es claro que el Mecanismo ha sido un fracaso para la prevención y protección de personas defensoras y periodistas, sobre estas últimas no detallo, porque requiere un análisis propio sobre la gravedad de la situación, pero para ejemplificar, en lo que va del año, ya tres personas periodistas han sido asesinadas.

Ante la crisis de violencia, y con todo el diagnóstico de problemas del Mecanismo de protección, resulta contradictorio que, en octubre del 2020, el Congreso mexicano, con el aval del propio presidente López Obrador, haya eliminado el fideicomiso independiente que financiaba parte de los programas de protección del Mecanismo.

La sentencia de la Corte contra México en el caso Digna Ochoa también reconoce esta crisis y la incapacidad del estado de proveer protección; es por ello que en su resolución condena al Estado Mexicano a cumplir con medidas de reparación, tanto en lo individual con la reapertura de la investigación por el asesinato de Digna y medidas de compensación, como en lo colectivo, ordenando el fortalecimiento del sistema de protección con la adopción de protocolos de investigación y protección, planes de capacitación, campañas de reconocimiento y prevención, y con la asignación de recursos financieros adecuados, entre otras medidas.

México no debe confiar que un mecanismo de protección como la única respuesta estatal para la protección de personas defensoras. El Estado tiene la obligación de incorporar una perspectiva integral sobre la protección de las personas defensoras con un enfoque diferenciado que tenga en cuenta las necesidades específicas, incluidas las de las mujeres defensoras

Al menos que los delitos contra personas defensoras y periodistas sean investigados y sancionados de manera adecuada, los ataques simplemente continuarán; por lo tanto, el estado debe fortalecer a las instituciones encargadas de la procuración y administración de justicia, así como a las instancias administrativas de control interno, para asegurar que se investiguen de manera pronta, exhaustiva, independiente e imparcial todos los ataques, que los autores sean llevados ante la justicia y que las víctimas reciban reparación integral y asistencia adecuada.

Hace tiempo que caducó el plazo de promesas, hoy rotas, es urgente que el presidente López Obrador actúe y ponga fin a esta violencia que daña profundamente a la sociedad de su país. Un primer paso es dejar su discurso estigmatizador y reconocer públicamente la labor de las personas defensoras en la construcción de un México más justo y digno. En donde no lloremos más por las Dignas Ochoa que nos arrebata la violencia.