Kenia debe prestar protección y asistencia a las personas refugiadas y solicitantes de asilo procedentes de Somalia, que son víctimas del conflicto y la crisis humanitaria persistentes allí, han manifestado Human Rights Watch y Amnistía Internacional hoy. De conformidad con un fallo del Tribunal Superior, las autoridades deben anular su decisión de cerrar el campo de refugiados de Dadaab y declarar públicamente que las más de 249.000 personas de origen somalí acogidas allí pueden continuar en Kenia hasta que se den las condiciones necesarias para su retorno con seguridad y dignidad.
Los días 24 y 25 de marzo de 2017, Kenia acogerá una cumbre de la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo (IGAD), que reunirá a jefes de Estado de África oriental para tratar la situación de la población refugiada somalí de la región ante la amenaza de la sequía y la inseguridad alimentaria generalizada en Somalia. El papel de Kenia como país anfitrión está empañado por su insistencia en cerrar el campo de refugiados de Dadaab, que acoge a más 249.000 somalíes, antes de mayo.
“Kenia debe dar muestra de liderazgo declarando que Dadaab continuará abierto y que se reanudará para los refugiados somalíes el reconocimiento prima facie de la condición de tales,” ha señalado Bill Frelick, director de Human Rights Watch para cuestiones de derechos de las personas refugiadas. “Apoyados por sus socios internacionales, Kenia y los países vecinos de África oriental deben prestar con urgencia protección y ayuda las personas refugiadas víctimas de conflicto y la sequía persistentes en Somalia.”
En mayo de 2016, el gobierno keniano eliminó la condición de refugiado prima facie —es decir, el reconocimiento de la condición de refugiado basado simplemente en la nacionalidad— en el caso de las personas somalíes y disolvió su Departamento de Asuntos de Refugiados, que se ocupaba de tramitar las solicitudes de asilo. También anunció planes para acelerar la repatriación de las personas refugiadas somalíes y cerrar el campo de Dadaab, en el nordeste de Kenia, antes de noviembre, plazo que se amplió a mayo posteriormente.
El 9 de febrero, el Tribunal Superior de Kenia determinó que las directrices de mayo de 2016 del gobierno eran inconstitucionales y discriminaban a la población refugiada somalí. Ordenó además al gobierno keniano restablecer la administración de los asuntos de refugiados hasta devolverla al estado en que se encontraba antes de la decisión del ejecutivo. El gobierno keniano no ha tomado medidas para ejecutar el fallo judicial. El 8 de marzo, el presidente Uhuru Kenyatta reiteró que la decisión de Kenia de cerrar el campo de Dadaab era definitiva.
En 2016, las autoridades kenianas, junto con funcionarios del ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, intensificaron un programa de repatriación voluntaria de 2013. El trabajo de investigación llevado a cabo por Human Rights Watch y Amnistía Internacional en Dadaab y las entrevistas realizadas a más de un centenar de personas refugiadas somalíes han permitido determinar que Kenia no les dio en realidad la oportunidad de decidir entre continuar en el país para recibir asilo y regresar a Somalia, y que el programa violaba el principio internacional de no devolución (non-refoulement), que impide devolver a una persona a cualquier lugar donde esté expuesta a sufrir persecución, tortura, trato inhumano y degradante y otras amenazas para su vida o su libertad, y que es vinculante para Kenia por ser Estado Parte en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y en la Convención de la Unión Africana sobre los Refugiados de 1969.
El registro de refugiados en Dadaab venía siendo esporádico desde 2011 y, con algunas excepciones, está suspendido por completo desde agosto de 2015. En 2016, Human Rights Watch y Amnistía Internacional hablaron en Dadaab con gran número de personas no registradas, entre ellas muchas recién llegadas y otras que habían sido enviadas ya a Somalia en virtud del programa de repatriación pero habían huido de allí y regresado al campo. Las personas entrevistadas dijeron que se sentían especialmente vulnerables por carecer de condición reconocida legalmente y no tener acceso a las raciones de alimentos. El ejemplo más reciente de esta situación ha sido la detención, a mediados de marzo, de más de 100 solicitantes de asilo y refugiados somalíes en una operación de seguridad llevada a cabo en Dadaab. Según una agencia para personas refugiadas, quienes tenían documentación de refugiado fueron puestos en libertad, pero más de 28 solicitantes de asilo somalíes fueron acusados formalmente de presencia ilegal en el país.
Según la Ley de Refugiados de Kenia, el comisario de Asuntos de Refugiados debe reconocer como refugiada a toda persona que se ajuste a la definición de la Convención de la Unión Africana sobre los Refugiados de 1969. La definición de la Unión Africana abarca a quienes huyen de acontecimientos que alteren gravemente el orden público.
La falta de apoyo internacional suficiente a Kenia, como consecuencia —entre otras cosas— de la falta sistemática de fondos suficientes para los llamamientos humanitarios de la ONU y del reducido reasentamiento de refugiados, ha contribuido a agravar la situación en Dadaab, han afirmado Amnistía Internacional y Human Rights Watch. El Programa Mundial de Alimentos ha reducido reiteradamente las raciones de alimentos a las personas acogidas en Dadaab debido a la falta de fondos. La última vez fue en diciembre, cuando se redujeron las raciones un 50%. Las personas refugiadas entrevistadas por Human Rights Watch y Amnistía Internacional en 2016 que habían accedido a regresar a Somalia mencionaban a menudo la reducción de las raciones como uno de los factores que les habían llevado a tomar la decisión de regresar y aceptar el paquete de asistencia que les daba el ACNUR para la repatriación, a pesar del temor por su seguridad y supervivencia en Somalia.
La propia evaluación del ACNUR indica que las condiciones en el centro y el sur de Somalia no son viables para el retorno masivo de refugiados, porque persiste la situación de conflicto, inseguridad y crisis humanitaria. En mayo de 2016, en las directrices del ACNUR sobre retornos a Somalia se determinaba que la población continuaba gravemente afectada por el conflicto y que había informes sobre civiles muertos y heridos en actos de violencia relacionados con el conflicto, violencia sexual y de género generalizada contra mujeres y menores de edad, reclutamiento forzado de niños y niñas y desplazamiento en gran escala.
La situación humanitaria sigue siendo pésima. Según la ONU, la mitad de la población de Somalia —6,2 millones de personas de un total de 12,3— necesita en la actualidad asistencia humanitaria. Muchas de las comunidades afectadas por la hambruna de 2011 están otra vez en situación de riesgo.
Más de 260.000 personas se han visto desplazadas por la sequía dentro de Somalia, sumándose a 1,1 millón de personas ya desplazadas internamente, viviendo en condiciones de inseguridad en deplorables campos informales para personas desplazadas en las principales localidades del país. La mayoría de las personas desplazadas recientemente en el sur y el centro de Somalia ha huido a Baidoa y Mogadiscio, que figuran entre las zonas donde el ACNUR está facilitando los retornos desde Dadaab. La ONU ha registrado también un aumento del desplazamiento a la vecina Etiopía, que acoge en la actualidad a 245.500 personas refugiadas somalíes registradas. Contrariamente a lo ocurrido en el periodo previo a la hambruna de 2011, hasta ahora se ha registrado muy poco movimiento hacia Kenia.
Según datos de la ONU sobre los retornos, más de la mitad de las personas de Dadaab que regresaban a Somalia decían que no iban a volver a sus zonas de origen. Las personas refugiadas que retornan, especialmente las que no pueden regresar a las zonas donde vivían o que han estado fuera durante muchos años, están expuestas a acabar desplazadas internamente en Somalia, han señalado Human Rights Watch y Amnistía Internacional.
Ambas organizaciones, entre otras, han seguido documentando abusos graves cometidos por agentes del gobierno y no estatales contra comunidades desplazadas internamente, entre ellos violencia sexual y desalojos forzosos violentos de sus refugios temporales. Según una red de vigilancia de la ONU, los desalojos forzosos aumentaron a finales de 2016, con más de 60.000 nuevos casos sólo desde noviembre.
“Dadas la sequía y la crisis de seguridad persistentes en Somalia, es hora ya de que los socios internacionales de Kenia ayuden a garantizar que la población somalí puede encontrar seguridad y asistencia humanitaria en los países vecinos”, ha afirmado Muthoni Wanyeki, de Amnistía Internacional. “La comunidad internacional y los países donantes deben garantizar al gobierno y a la sociedad civil kenianos apoyo técnico y económico suficiente para encontrar soluciones sostenibles y duraderas a largo plazo para la integración de la población refugiada en el país”.