La condena de Derek Chauvin es una medida de rendición de cuentas; aún es necesaria la reforma de la policía

Ante la declaración de culpable de asesinato de Derek Chauvin respecto de la muerte de George Floyd, Amnistía Internacional Estados Unidos ha hecho pública la siguiente declaración:

“Hoy, un jurado declaró a Derek Chauvin responsable de actos representativos de un sistema policial quebrado. Nadie debería esperar que un encuentro con funcionarios encargados de hacer cumplir la ley acabe en muerte. Y aun así, para George Floyd —y para demasiadas personas más— eso fue exactamente lo que pasó. Los agentes que hacen uso excesivo de la fuerza deben rendir cuentas cualquiera que sea el resultado. Esto es lo que ha pasado hoy en el juzgado de Mineápolis”, declaró Paul O’Brien, director ejecutivo de Amnistía Internacional Estados Unidos.

“Además de nuestros derechos humanos a la igualdad de protección de la ley, a la seguridad y a la vida, tenemos el derecho a no sufrir discriminación cuando interactuamos con agentes encargados de hacer cumplir la ley. Este resultado no es suficiente porque la trágica muerte de George Floyd dejó claramente de manifiesto los fallos sistémicos de la actuación policial en Estados Unidos y que las comunidades negra y parda sufren la peor parte de la violencia policial. Lo cierto es que el hecho de que Derek Chauvin rinda cuentas por matar a George Floyd es la excepción, no la norma”.

“Naturalmente, la verdadera justicia para George Floyd exigiría que siguiera vivo. Hemos visto al exagente Chauvin utilizar cruelmente la fuerza letal incluso después de haber matado a George Floyd, ignorando las súplicas de que parase. No podemos seguir tolerando la ausencia de rendición de cuentas en los homicidios de personas negras y pardas”, afirmó Kristina Roth, responsable superior de Programas de Justicia Penal de Amnistía Internacional Estados Unidos. “No sólo negó Derek Chauvin a George Floyd sus derechos humanos, sino que también mostró un desprecio absoluto hacia su humanidad”.

“Debemos reconocer las raíces racistas de la aplicación de la ley en este país para abordar los fallos sistémicos de la actuación policial y lograr una seguridad pública significativa para quienes vienen sufriendo históricamente los excesos de la policía. Esto debe incluir reducir la magnitud y el alcance de la aplicación de la ley en la vida cotidiana, eliminar la inmunidad calificada que crea una barrera para resarcir a las víctimas de actos policiales ilegítimos, desmilitarizar la aplicación de la ley y establecer unos límites estrictos al uso de la fuerza en general”.