Las personas condenadas a muerte en todo el mundo son a menudo sometidas a las más crueles condiciones de reclusión. En muchos casos permanecen en estricto aislamiento, sin acceso a medicamentos que necesitan y viviendo con la ansiedad constante de la amenaza de la ejecución. Algunos gobiernos no notifican a los presos y sus familiares la ejecución hasta unos días, o incluso momentos, antes de que se lleve a cabo.
Amnistía Internacional ha documentado abusos espantosos en todo el mundo. Para conmemorar el Día Mundial contra la Pena de Muerte, la organización lanza una campaña que destaca casos de Bielorrusia, Ghana, Irán, Japón y Malasia, donde la pena de muerte se aplica de forma generalizada.
El régimen de aislamiento, con o sin el uso de dispositivos restrictivos, es una práctica habitual en los corredores de la muerte. En el caso de Matsumoto Kenji, condenado a muerte en Japón, esta pena especialmente inhumana ha sido la probable causa de un trastorno delirante que, según se ha informado, ha provocado en el condenado una conducta paranoide e incoherente.
Matsumoto Kenji está en espera de ejecución por asesinato desde 1993. Desde hace tiempo sufre una discapacidad intelectual provocada por el envenenamiento con mercurio, y tiene un bajo cociente intelectual, de entre 60 y 70, según un diagnóstico psiquiátrico. Sin embargo, las autoridades resolvieron que tenía capacidad mental suficiente para ser condenado a muerte, y que su “confesión” era fiable, pese al argumento de su abogado de que Matsumoto Kenji había sido presionado por la policía.
Mohammad Reza Haddadi, en Irán, ha pasado toda su juventud en el corredor de la muerte, después de haber sido declarado culpable de asesinato en un juicio flagrantemente injusto y haber sido condenado a muerte a los 15 años de edad. Forma parte de un grupo de al menos otras 84 personas que se enfrentan a la pena de muerte en Irán por delitos presuntamente cometidos cuando eran menores de 18 años.
No sólo es que la imposición de la pena capital a esa edad viole el derecho internacional de los derechos humanos, es que además Mohammad Rezase ha visto obligado a soportar la tortura mental de que su ejecución se programara y se cancelara seis veces en los últimos 14 años. La última vez fue el 31 de mayo de 2016, cuando Mohammad Rezarecibió una suspensión de última hora tras la indignación pública suscitada por su caso.
La falta de transparencia sobre el uso de la pena de muerte en Malasia significa que los condenados a muerte como Hoo Yew Wah permanecen en la ignorancia respecto a sus peticiones de clemencia.
Hoo Yew Wah fue condenado a la pena de muerte preceptiva en mayo de 2011 después de unos procedimientos judiciales injustos. En 2005, a los 20 años de edad, fue hallado en posesión de 188,35 gramos de metanfetamina. Automáticamente se consideró que estaba traficando con drogas, y posteriormente fue declarado culpable de ese cargo y condenado a morir ahorcado. Aún está esperando el resultado de una petición de clemencia, presentada ante el sultán del estado de Johor en abril de 2014. Hoo Yew Wah cumplirá 33 años en diciembre, y ha declarado: “Si me dieran la oportunidad, demostraría que he cambiado”.
En Bielorrusia, el uso de la pena de muerte está rodeado de secreto. Las ejecuciones se ocultan estrictamente al público y se llevan a cabo sin notificarlo previamente a los presos, a sus familiares o a sus abogados. Un ex director del Centro de Detención Preventiva nº 1 de Minsk —la prisión en la que se recluye a todos los condenados a muerte de Bielorrusia— dijo a Amnistía Internacional que a los presos primero se los llevaba a una sala. En presencia de funcionarios, les decían que su petición de clemencia había sido rechazada y que se iba a ejecutar la condena. Luego se llevaba a los presos a una dependencia cercana, donde les vendaban los ojos, les ponían las esposas, los obligaban a arrodillarse y les disparaban en la nuca.
De acuerdo con la legislación de Bielorrusia, las autoridades se niegan a devolver los cuerpos de las personas ejecutadas a sus familiares y a revelar el lugar de enterramiento: un legado de la época soviética.
También en Ghana las personas condenadas a muerte están sometidas a duras condiciones de reclusión. Cuando Amnistía Internacional visitó la prisión de Nsawam en 2016, a los condenados a muerte no se les permitía participar en actividades de educación o de ocio, lo que provocaba un aumento de la sensación de aislamiento, que generaba sufrimiento y ansiedad. Algunos condenados a muerte contaron también a Amnistía Internacional que la atención médica era limitada. Según dijeron, tenían problemas para acceder a medicación con la que tratar enfermedades y problemas de salud a largo plazo porque, en ocasiones, no había medicinas o los presos no podían permitírselas. Un condenado a muerte habló de sus miedos cuando empezó a encontrarse mal: “Cuando te sientes enfermo por la noche en la celda y el funcionario no viene a ayudarte, puedes incluso morir.”
Desde Bielorrusia hasta Ghana, pasando por Irán, Japón y Malasia, los gobiernos con personas condenadas a muerte deben garantizar que éstas reciben un trato humano y digno, y permanecen recluidas en condiciones que cumplan el derecho y las normas internacionales de derechos humanos.
Es hora de que todos los gobiernos que mantienen la pena de muerte decreten su abolición inmediata y pongan fin a las terribles condiciones de reclusión que se ven obligadas a soportar demasiadas personas condenadas a muerte.
La pena capital viola el derecho a la vida, proclamado en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Es el exponente máximo de pena cruel, inhumana y degradante.
Desde el 5 de octubre hasta noviembre, activistas de todo el mundo harán campaña en favor de Hoo Yew Wah, Matsumoto Kenji, Mohammad Reza Haddadi y las personas condenadas a muerte en Bielorrusia y Ghana.