La eliminación gradual y urgente de los combustibles fósiles es fundamental para proteger los derechos

Los combustibles fósiles son el principal motor de la crisis climática, cuyos efectos ya están obstaculizando nuestro derecho a la salud, el alimento, el agua, la vivienda, el trabajo e incluso la vida. Estos efectos son aún más graves para las personas que sufren marginación, discriminación, pobreza u opresión. Demasiado a menudo, estas personas sufren también los daños directos causados por la extracción y producción de combustibles fósiles y por la infraestructura relacionada con ellos en sus comunidades, como por ejemplo la contaminación de las fuentes locales de agua y alimentos, la contaminación del aire, la pérdida de biodiversidad, los desalojos forzosos y otros abusos contra los derechos humanos. Los defensores y defensoras de los derechos humanos que se oponen a esos proyectos a menudo se enfrentan a ataques, acoso y criminalización.

El exorbitante aumento de los precios de los combustibles fósiles, agravado por la terrible invasión rusa de Ucrania, ha demostrado que seguir dependiendo de estos combustibles es poco fiable, inasequible e insostenible. Resulta perverso que el grupo de presión sobre combustibles fósiles y otras entidades se estén aprovechando del aumento de los precios del petróleo y el gas para promover un retroceso en las decisiones sobre la eliminación gradual de los combustibles fósiles o para ampliar estos combustibles en su ámbito local. Esas acciones contribuirán a incrementar las emisiones de carbono y, por tanto, los daños a los derechos humanos, y violarán la obligación de los Estados de proteger los derechos humanos. En lugar de eso, los Estados pueden y deben garantizar que su población tiene acceso a energía asequible implementando de manera inmediata soluciones para incrementar la capacidad de la energía renovable y mejorar la eficiencia del uso de la energía.

La comunidad científica ya ha emitido su “advertencia más sombría hasta la fecha” sobre la crisis climática, y los derechos humanos deben ocupar un lugar central en las soluciones a la emergencia climática. Todas las personas y entidades que valoran la dignidad humana y el bienestar deben apoyar con todas sus fuerzas la petición de justicia climática global, especialmente para ayudar a las personas más afectadas por la crisis climática y menos responsables de ella. Tal como señaló el secretario general de la ONU, Antonio Guterres: “Los combustibles fósiles son un callejón sin salida para nuestro planeta, para la humanidad y también para las economías”.

En su informe publicado hoy sobre la mitigación del cambio climático, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) reconoce claramente que tenemos que reducir de forma rápida y profunda el uso de combustibles fósiles si queremos evitar llegar a niveles de calentamiento global que serían catastróficos para la humanidad. El informe manifiesta que la continuación de la instalación de persistentes infraestructuras de combustibles fósiles “consolidará” las emisiones de gases de efecto invernadero. También muestra que la eliminación de los subsidios para combustibles fósiles dará lugar a importantes reducciones de las emisiones, así como a un aumento de los ingresos públicos. El informe reconoce que los flujos financieros son entre tres y seis veces menores que los que se necesitarán en 2030 para limitar el calentamiento a un nivel por debajo de 1,5°C o 2°C, especialmente en los países en desarrollo, pese a que existe suficiente capital global. Asimismo, indica que es esencial que se acelere la cooperación económica internacional. De forma alarmante, señala que los flujos financieros públicos y privados para los combustibles fósiles son aún mayores que los necesarios para reducir el cambio climático y ayudar a las poblaciones afectadas a adaptarse. Tal como señaló el IPCC, cuanto más rápidamente se lleve a cabo la eliminación gradual de los combustibles fósiles y se tomen medidas para reducir el consumo de energía, menos necesidad habrá de un despliegue a gran escala de mecanismos para eliminar el carbono de la atmósfera, lo cual no puede compensar el retraso de las reducciones de emisiones en otros sectores. Esto es fundamental para prevenir violaciones de derechos humanos en una escala masiva, ya que muchos de esos mecanismos exponen a poblaciones, y especialmente a pueblos indígenas y a otros grupos que sufren discriminación, a desalojos forzosos, inseguridad alimentaria y otros daños a los derechos humanos.

Esta última advertencia de la comunidad científica es clara: los Estados deben actuar de forma individual y colectiva para eliminar de forma urgente y progresiva los combustibles fósiles. A nivel nacional, cada Estado debe poner rápidamente en marcha una transición justa para dejar de producirlos y consumirlos tan pronto como sea posible en función de su capacidad y su responsabilidad en las emisiones, empezando por la eliminación de los subsidios aplicables a este tipo de combustibles (a excepción de los programas de cocinas limpias como medida temporal para las personas que aún no tienen acceso a electricidad asequible) y de los combustibles fósiles y formas de producción más contaminantes —como el carbón, la turba, la fracturación hidráulica y las arenas de alquitrán—, y deteniendo de forma inmediata la expansión de los combustibles fósiles. A nivel internacional, los Estados deben cooperar para eliminar de forma gradual, gestionada y equitativa las reservas operativas de combustibles fósiles existentes y toda la producción de carbón, petróleo y gas en todos los países del mundo. Esto requiere un importante aumento de la ayuda internacional a los países de bajos ingresos, para que puedan realizar una transición rápida y justa.

Es por eso por lo que Amnistía Internacional se ha unido recientemente a 1.300 organizaciones de la sociedad civil, 3.000 miembros de la comunidad científica y 101 Premios Nobel de la Paz para respaldar el llamamiento para que se adopte e implemente un Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles, destinado a prevenir la ampliación adicional de los combustibles fósiles, eliminar gradualmente su producción actual de forma equitativa y de acuerdo con el mantenimiento del aumento de la temperatura global en 1,5°C, y agilizar las soluciones reales para una transición justa que ayude a cada trabajador y trabajadora, cada comunidad y cada país. Es esencial un nuevo acuerdo global de este tipo, complementario al Acuerdo de París. Según los planes actuales, los Estados aún prevén producir para 2030 el doble de los combustibles fósiles que permitirían tener un planeta habitable.

Es más urgente que nunca que la comunidad de derechos humanos intensifique su trabajo colaborando con otras partes interesadas para trabajar con las comunidades y personas en la primera línea de la lucha climática, que combaten el principal causante de la crisis climática: los combustibles fósiles. Trabajando conjuntamente, debemos aportar a la lucha por la justicia climática nuestras bases de apoyo, nuestra energía y nuestros conocimientos. La fuerza de un movimiento colectivo para resolver la crisis climática debe estar a la altura de la gravedad del problema. Debemos cambiar de rumbo ya: se acaba el tiempo para poder hacerlo.

Información general

El IPCC es el principal organismo internacional, compuesto por 195 Estados miembros y creado para proporcionar una base científica objetiva con la que analizar las consecuencias del cambio climático en los sistemas humanos y naturales. El IPCC revisa y evalúa de forma crítica la información científica, técnica y socioeconómica más reciente publicada en miles de estudios en todo el mundo para una comprensión del cambio climático. Todos los informes del IPCC son examinados y aprobados por todos los gobiernos.

El informe publicado hoy sobre la mitigación del cambio climático forma parte del sexto informe de evaluación (AR6). Las contribuciones publicadas antes del AR6 fueron el informe sobre la base de ciencia física, publicado el 9 de agosto de 2021, y el informe sobre el cambio climático (impactos, adaptación y vulnerabilidad), publicado el 28 de febrero de 2022.

El análisis de Amnistía Internacional sobre el cambio climático (impactos, adaptación y vulnerabilidad) puede consultarse aquí.