El autor es director adjunto de Respuesta a las Crisis para Cuestiones Temáticas de Amnistía Internacional
WASHINGTON DC, 22 de junio de 2021 (IPS) – Quienes trabajan en primera línea y documentan violaciones de derechos de la infancia y responden a ellas han afrontado un año —el pasado— especialmente complicado que ha incluido desde el impacto de la COVID-19 en las operaciones y la protección de niños y niñas hasta unos niveles sin precedentes de desplazamiento en todo el mundo, pasando por las amenazas, cada vez peores, de militares y grupos armados no estatales.
Más allá de lo que trasciende a la opinión pública, hay otro reto devastador para la moral que debilita la protección de la infancia en los conflictos armados: la politización de un proceso clave de la ONU de rendición de cuentas a los responsables de violaciones graves.
En 2005, el Consejo de Seguridad de la ONU estableció un mecanismo de supervisión y presentación de informes para documentar violaciones graves contra niños y niñas en situaciones de conflicto armado. Fue un logro histórico.
La documentación contribuye a la elaboración de un informe anual del secretario general de la ONU con una lista anexa de perpetradores pensada para servir de eje de los esfuerzos dirigidos por la ONU para la rendición de cuentas tanto de ejércitos como de grupos armados, y contribuir a prevenir nuevas violaciones contra niños y niñas.
El Consejo de Seguridad estudiará el informe de este año el 28 de junio.
El informe llega cuando el devastador impacto de los conflictos en la infancia —y las repercusiones de la inacción— son, una vez más, patentes. Al menos 65 niños y niñas murieron y otros 540 resultaron heridos durante los bombardeos del ejército israelí en Gaza de mayo, según UNICEF.
El ejército israelí nunca ha figurado entre las partes incluidas en la lista del informe a pesar de que hubo años en los que sus incidentes de matanza y mutilación fueron algunos de los más numerosos verificados.
Mientras tanto, en Myanmar, las fuerzas de seguridad han matado al menos a 58 niños y niñas desde el golpe de Estado del 1 de febrero, según la Asociación de Apoyo a los Presos Políticos de Birmania (AAPPB).
El año pasado, a pesar de la verificación por el mecanismo de supervisión y presentación de informes de más de 200 casos de reclutamiento o utilización de menores por el ejército de Myanmar, el secretario general lo eliminó de entre los perpetradores de esta violación, aunque siguió en la lista como autor de otras violaciones, incluidas matanzas y mutilaciones.
Este año se volvió a incluir al ejército en la lista por reclutamiento y utilización: como tenía que ser, pues nunca debió haber sido eliminado, aunque es más un reflejo del cambio geopolítico tras el golpe de Estado que de un aumento importante de estas prácticas abusivas.
Si se desea que sean efectivos, los criterios para incluir y eliminar a perpetradores de la lista deben aplicarse de forma sistemática. En cambio, la política y las dinámicas de poder en el Consejo de Seguridad y la oficina del secretario general han sustituido en ocasiones la objetividad.
Este año, un grupo de personas expertas destacadas publicó una revisión independiente de las decisiones sobre la lista adoptadas entre 2010 y 2020, y halló al menos a ocho partes que no figuraban en dicha lista a pesar de su responsabilidad verificada en matanzas y mutilaciones que afectaron a más de 100 niños y niñas en un año.
Los ejércitos tienen menos probabilidades de figurar en la lista que los grupos armados no estatales incluso por cifras similares de violaciones verificadas, como han señalado las personas expertas y los grupos de la sociedad civil, con discrepancias incluso en la misma situación de país. Y las decisiones de excluir a una parte de la lista han ignorado los criterios establecidos en 2010, que exigen que la parte ponga fin a estas violaciones antes de su exclusión.
Por ejemplo, en 2016, las fuerzas de la coalición dirigida por Arabia Saudí fueron incluidas inicialmente en la lista por violaciones graves contra la infancia durante la guerra de Yemen, pero fueron eliminadas con rapidez por el entonces secretario general Ban Ki-moon. Éste reprochó después públicamente a Arabia Saudí y a otros países por chantajear en la práctica a la ONU al amenazar con retirar fondos de sus programas.
Las fuerzas de la coalición fueron incluidas después en la lista por violaciones graves cometidas entre 2017 y 2019, hasta que el secretario general António Guterres las volviera a excluir de la lista en 2020. Siguen excluidas de la lista este año, a pesar de que el mecanismo de supervisión y presentación de informes verificó su responsabilidad en 194 incidentes de matanzas o mutilaciones de menores.
Una persona que trabajó para UNICEF lo expresó sucintamente en una entrevista con Amnistía Internacional: “Nadie quiere ser el [secretario general] que perdió una cantidad enorme de dinero”.
Amnistía Internacional entrevistó recientemente a más de 110 personas expertas, entre las que había actores de primera línea que informan al mecanismo de supervisión en ocho países afectados por conflictos. Sus experiencias revelan además las sombrías consecuencias de la politización, con implicaciones por las que los incidentes logran incluso figurar en el informe del secretario general.
Cuando personas y organizaciones creen que sus informes son ignorados o que los ejércitos y los grupos armados siguen excluidos de la lista a pesar de la abundante documentación, es comprensible que su voluntad de seguir informando ante el mecanismo disminuya. En Myanmar, por ejemplo, varias personas hablaron de su abatimiento cuando el año pasado el ejército fue eliminado de la lista y se preguntaban para qué habían servido sus arduos esfuerzos de documentación.
En Irak, una persona que trabaja para una organización de ayuda humanitaria dijo que habían renunciado como grupo debido a la política que rodea el proceso, observando que sobrevivientes, testigos y las personas implicadas en la documentación se pondrían en peligro para facilitar información sólo para ver un resultado politizado.
Estos motivos de preocupación, continuos entre las personas a las que entrevistamos, son especialmente abrumadores, pues proceden de personas que corren un gran riesgo en su trabajo para responder a violaciones. El mecanismo de supervisión y presentación de informes ha logrado muchas cosas en 15 años —documentando el impacto de los conflictos en la infancia y presionando a los perpetradores— precisamente por los esfuerzos de quienes trabajan en primera línea.
La creciente presión de dirigentes y Estados influyentes debilita su labor y la credibilidad de los esfuerzos de rendición de cuentas realizados para responder a violaciones graves contra la infancia y prevenirlas.
Entre las personas que trabajan en primera línea con las que hablamos sobre ocho situaciones de conflicto, aproximadamente la mitad eran personal nacional y más de dos tercios eran mujeres. Esto suscita más interrogantes sobre las dinámicas de poder que están detrás de ignorar las conclusiones de sus informes.
El secretario general Guterres, que acaba de recibir otro mandato de cinco años, debe ser más audaz y más valiente a la hora de priorizar los derechos humanos y denunciar a los perpetradores, incluso cuando se trata de infancia y conflictos armados.
Junto con la representante especial para la infancia y conflictos armados, debe comprometerse públicamente a aplicar el mismo criterio con independencia del perpetrador y del contexto, y elaborar una lista completa basada en pruebas y criterios objetivos: algo que, de nuevo, no ha hecho este año.
El año próximo, debe seguir los criterios establecidos en 2010 y la coalición dirigida por Arabia Saudí y el ejército israelí, entre otros, serán de nuevo una prueba de fuego.
Por su parte, los Estados miembros de la ONU deben exigir una lista creíble. ¿Por qué se ha puesto en peligro a equipos en el terreno para documentar violaciones que luego se ignoran?
Quienes trabajan en primera línea necesitan confiar en que su labor es parte de un proceso de rendición de cuentas creíble. Para que se haga realidad todo su potencial, el informe del secretario general debe seguir las pruebas, no una política de poder que protege del escrutinio a determinados perpetradores. Cualquier otra cosa es una burla al sistema y debilita la protección de la infancia.