De Philip Luther, Amnesty International’s Director for the Middle East and North Africa
Este fin de semana comienza la primera gira internacional del presidente Donald Trump, y para muchas personas no pasará desapercibida la ironía que supone que Trump haya decidido que su primera etapa sea Arabia Saudí, el país donde se encuentran algunos de los lugares más sagrados para el islam.
A las pocas semanas de ocupar el cargo, el presidente Trump provocó la indignación mundial con su decisión, claramente discriminatoria, de prohibir la entrada en Estados Unidos a los ciudadanos de seis países de mayoría musulmana.
Y sin embargo, este fin de semana asistirá a una cumbre en Riad, a la que acudirán también decenas de dirigentes de todo el mundo islámico y en la que, según se ha informado, expondrá en un discurso su visión de cómo abordar el problema del extremismo islámico.
Está previsto además que Trump mantenga importantes reuniones con los dirigentes de Arabia Saudí y de otros miembros del Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo Pérsico a fin de estrechar lazos en materia económica y de seguridad. La lucha contra el terrorismo y la seguridad nacional ocuparán un lugar destacado en la agenda, y el rey Salman de Arabia Saudí ha descrito la reunión como una oportunidad de establecer “una nueva alianza en la guerra contra el extremismo”.
Ya de por sí esto debería hacer sonar las alarmas. El principal país anfitrión de la cumbre, Arabia Saudí, y muchos de los demás Estados del Golfo tienen un terrible historial en lo que se refiere a pisotear los derechos de la gente en nombre de la seguridad. La lucha contra el terrorismo se ha utilizado reiteradamente como justificación para recortar la libertad de expresión y reprimir a activistas de derechos humanos, disidentes políticos pacíficos y críticos del gobierno. Muchas de estas personas han sufrido acoso, prohibiciones de viajar y detenciones arbitrarias, o han sido privadas de su nacionalidad, siempre con el pretexto de proteger la seguridad nacional.
Durante su estancia en Arabia Saudí, está previsto que el presidente Trump anuncie también uno de los mayores acuerdos de armas de la historia: Estados Unidos venderá armas —buques de combate, vehículos blindados para transporte de personal, misiles y otras municiones, y su correspondiente mantenimiento— por valor de más de 100 mil millones de dólares. Seguir suministrando armas y ayuda militar a Arabia Saudí, que dirige una coalición militar en Yemen sospechosa de cometer violaciones del derecho humanitario, es, como mínimo, una irresponsabilidad. Al hacerlo, Estados Unidos se arriesga a ser cómplice de crímenes de guerra.
Desde que comenzara el conflicto de Yemen, en 2015, Estados Unidos ha transferido armas a a Arabia Saudí por valor de más de 3 mil millones de dólares. No hay duda alguna de que estas armas están ayudando a exacerbar un conflicto que ha tenido un devastador impacto sobre la población civil. En septiembre de 2016, Amnistía Internacional confirmó que los restos de la aleta de una bomba hallados en un hospital de Médicos sin Fronteras que sufrió un ataque aéreo el 15 de agosto pertenecían a una bomba guiada de precisión serie Paveway de fabricación estadounidense.
La posibilidad de que el presidente Trump establezca alianzas nocivas con dirigentes que comparten su desdén por los derechos humanos durante su primera incursión en la diplomacia extranjera es sumamente preocupante.
Durante la cumbre de Riad está previsto que el presidente Trump coincida con el presidente de Sudán, Omar Al Bashir, contra quien pesa una orden de detención de la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra, genocidio y crímenes de lesa humanidad.
La próxima escala del presidente Trump en su gira internacional será una visita de 24 horas a Israel, donde ha anunciado un ambicioso plan para conseguir “el acuerdo definitivo” de paz en Oriente Medio. Los gobiernos de Israel tienen décadas de experiencia en el uso de la seguridad nacional como justificación de violaciones en gran escala. Las brutales prácticas de Israel han infligido sufrimiento en gran escala a los palestinos de los Territorios Palestinos Ocupados durante sus 50 años de ocupación.
En los últimos meses, animadas ante la perspectiva de tener un nuevo aliado en la Casa Blanca, las autoridades israelíes también han acelerado la expansión de los asentamientos, anunciando sus planes de crear dos nuevos asentamientos en la Cisjordania ocupada y de construir más de 6.000 viviendas ilegales en los asentamientos ya existentes, en flagrante violación del derecho internacional. También han intensificado las demoliciones de viviendas palestinas y han reactivado los planes de construir miles de viviendas en el territorio ocupado de Jerusalén Oriental, suspendidos ante la presión de Estados Unidos.
Tanto en su país como en el extranjero, el presidente Trump ha dejado claro en reiteradas ocasiones que los derechos humanos no podrían estar más lejos de su agenda.
Su gira internacional podría sentar las bases de una nueva alianza entre dirigentes de ideas afines que coincidan en la idea, profundamente errónea y peligrosa, de que la seguridad nacional puede justificar que se pisoteen los derechos básicos de la gente.
Por eso es tan importante mantener la lucha en favor de los derechos humanos, protestando ante la injusticia y defendiendo la dignidad humana.
Ahora más que nunca, necesitamos valientes defensores y defensoras de los derechos humanos que puedan ayudar a llenar el vacío que dejan los dirigentes que dan la espalda a los derechos humanos.
Esta semana, Amnistía Internacional presentó su campaña global “Valiente” para ayudar a proteger a las personas que defienden los derechos humanos en todo el mundo.
Este artículo fue publicado por primera vez en Newsweek; para consultarlo, haga clic aquí.