LA SOCIEDAD TURCA EN PELIGRO: ENTRE EL TERROR Y LA REPRESIÓN DEL GOBIERNO

2017-01-11-turquiarepresionEl estado de excepción impuesto por el presidente Erdogan podría destruir el propio tejido de la sociedad turca.

ANDREW GARDNER, 10 de enero de 2017

El sol no ha salido aún en Estambul, pero Aylin* ya está completamente despierta. Ha ordenado el apartamento, enviado algunos mensajes a amigos y preparado una pequeña maleta. Hace café y, con su reflejo en las oscuras ventanas, se sienta a esperar: unos golpes en la puerta o el sonido de unas botas corriendo escaleras arriba hasta su apartamento.

Aylin es una activista de derechos humanos a quien las autoridades turcas conocen bien, y desde el fallido golpe de Estado del 15 de julio de 2016 que desembocó en la represión general de quienes critican al gobierno, hace este ritual casi todos los días. Dice que la aterroriza que la despierte la policía, en una de las redadas que se hacen al amanecer en las que se han llevado a tantos de sus amigos y colegas en los últimos meses.

¿Está Aylin paranoica? Parece que no.

Desde el fallido golpe de Estado, decenas de miles de personas han sido detenidas en Turquía. Se han cerrado permanentemente casi 400 ONG y hoy Turquía alberga a casi un tercio de los periodistas encarcelados en todo el mundo. Muchas de las personas que están en las superpobladas cárceles de Turquía llegaron allí con los pretextos más endebles; como Şenol Buran, que lleva la cafetería del diario de la oposición Cumhuriyet y pasó nueve días detenido después de que alguien le oyera decir que no serviría té al presidente Erdoğan.

Esta es la nueva realidad en Turquía, donde todos tienen que tener cuidado con lo que dicen. Ningún insulto es demasiado pequeño para que las autoridades lo tomen en serio, decididas como están a aplastar cualquier tipo de crítica. Así que Aylin intenta estar preparada, porque si la detienen, no tiene ni idea de cuánto tiempo estará fuera.

El 31 de diciembre se celebró en Estambul la vista del juicio de la novelista Asli Erdoğan. Erdoğan había sido excarcelada el 29 de diciembre, después de 132 días de prisión preventiva. Su “delito” fue escribir una columna para el diario kurdo Özgür Gündem, que fue clausurado en virtud del estado de excepción impuesto tras el fallido golpe. Erdoğan había vivido la pesadilla de Aylin: fue detenida en una redada realizada al amanecer en su apartamento, al que no pudo volver durante más de cuatro meses. Su prisión preventiva fue arbitraria, un castigo impuesto con la intención de transmitir un mensaje a quien pudiera pensar en criticar a las autoridades.

La excarcelación de Erdoğan parecía una pequeña ventana de esperanza en la oscura historia reciente de Turquía, pero fue efímera. Dos días después, en Nochevieja, un hombre armado cometió un terrible atentado en un club nocturno de Estambul, matando a 39 personas e hiriendo a 65. Fue un comienzo de año aterrador. El 4 de enero, el Parlamento turco votó prorrogar el estado de excepción otros tres meses. Y las esperanzas de que Turquía fuera un lugar más seguro y más libre en 2017 se apagaron antes de que comenzara siquiera el año.

El estado de excepción es el telón de fondo de reiterados abusos contra los derechos humanos desde su imposición en julio. Elimina disposiciones sobre garantías procesales clave, así como salvaguardias vitales frente a la tortura y otros malos tratos. El gobierno está utilizando estas medidas de excepción, de un alcance increíblemente amplio, para silenciar e intimidar a quienes se atreven a ejercer su derecho a la crítica.

Por ejemplo, los periodistas Erol Önderoğlu y Ahmet Nesin, y la defensora de los derechos humanos Şebnem Korur Fincanci son algunas de las personas acusadas de “propaganda terrorista” por participar en una campaña de solidaridad con el diario Özgür Gündem. Al día siguiente de la excarcelación de Asli Erdoğan, las autoridades turcas enjuiciaron al destacado periodista de investigación Ahmet Şik por “hacer propaganda para una organización terrorista”, acusándolo de estar relacionado con tres grupos de ideologías contradictorias, como el movimiento Gülen, al que el gobierno acusa de haber planeado el intento de golpe de Estado, ignorando el hecho de que Şik es desde hace años un conocido crítico del movimiento.

No hay duda de que Turquía afronta problemas de seguridad extremos y de que tiene la obligación de proteger a las personas que están en su jurisdicción. En 2016, además del intento de golpe, grupos armados como el autodenominado Estado Islámico y los Halcones por la Libertad del Kurdistán, rama del Partido de los Trabajadores Kurdos (PKK), cometieron reiterados atentados brutales. Pero la cuestión de cómo abordar estas amenazas cada vez mayores es algo que debería debatir abiertamente un amplio abanico de voces. En cambio, las autoridades han agravado el temor de la población al reprimir la libertad de expresión y encarcelar a cualquiera que se pase de la raya.

Este año ha dejado una huella profunda en Turquía y es palpable el temor en el ambiente. En Estambul, no puedo evitar darme cuenta de que las personas hablan en público en voz más baja, con una expresión cautelosa en el rostro. En casa ven “mesas redondas” en televisión en las que todos opinan lo mismo y sufren una y otra vez la frustración de ver bloqueados los sitios de redes sociales y tener cada vez menos medios de comunicación donde elegir. Es como si la vida hubiera perdido el brillo.

Esta campaña de represión podría destruir el propio tejido de la sociedad turca. Entre las organizaciones de la sociedad civil que han sido cerradas recientemente de forma permanente figuran las que trabajan con sobrevivientes de la tortura y la violencia en el ámbito familiar, organizaciones humanitarias locales que proporcionan ayuda a personas refugiadas y desplazadas internamente, y la destacada ONG turca de los derechos de la infancia Gündem Çocuk. Se está convirtiendo a una sociedad civil vibrante en un terreno yermo y cuesta exagerar el impacto que tendrá su destrucción. En estos tiempos de confusión y temor, necesitamos más que nunca las valientes voces de periodistas, activistas y defensores y defensoras de los derechos humanos a quienes, por contra, se está arrojando a los agujeros negros de las cárceles.

El año nuevo empezó en Turquía del peor modo posible. La ciudadanía ya vive con miedo a los atentados; no debería tener que vivir con miedo a expresarse. Ya llora por los cientos de vidas perdidas el año pasado; no debería tener que llorar por su libertad.

Mientras la luz del día se despliega en su cocina, Aylin da un titubeante suspiro de alivio; ha conseguido empezar otro día. Pero lo que traerá el mañana, para ella y para su país, sigue siendo incierto.

*nombre cambiado para proteger su identidad.

Andrew Gardner, investigador de Amnistía Internacional sobre Turquía residente en Estambul