Este mes, la administración Biden ofreció a las autoridades británicas garantías diplomáticas de que, si permitían la extradición de Julian Assange a Estados Unidos, la administración no lo encarcelaría en la prisión estadounidense más extrema, ADX Florence, ni lo sometería al duro régimen conocido como “medidas administrativas especiales”.
Stefania Maurizi, de Il Fatto Quotidiano, pidió a Julia Hall un análisis de estas garantías y que comentara el escándalo Pegasus, que Amnistía Internacional ha contribuido en gran medida a revelar.
La investigación sobre Julian Assange y WikiLeaks fue iniciada por la administración Obama, pero fue Trump quien lo acusó formalmente y ahora tenemos al presidente Biden. Amnistía Internacional pide que se retiren los cargos contra Assange. ¿Cree usted probable que la administración Biden los retire?
Sentimos cierta esperanza al principio, cuando la administración Biden tomó posesión en enero, y creímos realmente que había posibilidades de que se revisara el caso. Biden era el vicepresidente en la administración Obama, y la administración Obama decidió claramente no perseguir a Assange, por lo que hubo cierta esperanza al principio. Luego vimos la apelación. Fue realmente muy decepcionante porque sí pensábamos que era posible que hubiera una oportunidad allí y, por razones que la administración no ha articulado bien hasta ahora, han tomado la decisión de seguir adelante.
En este momento, creo que la apelación se tramitará en Reino Unido y lo inquietante del caso es, además del hecho de que estén apelando, todo el tiempo que va a tardar y cómo esto sigue perjudicando realmente a Assange debido a sus condiciones de reclusión en Reino Unido, especialmente ahora, con la COVID-19. Esto forma parte de la estrategia de mantenerlo privado de libertad el mayor tiempo posible; es como condenarlo a una muerte lenta.
¿Puede explicarnos por qué Amnistía Internacional cree que las garantías diplomáticas no servirán de nada y, por tanto, se opone a la extradición de Julian Assange a Estados Unidos a pesar de esas garantías?
Estados Unidos nos puso muy fácil oponernos a la extradición porque daban con una mano y quitaban con la otra. Dicen: “Garantizamos que no será recluido en un centro de máxima seguridad y que no será sometido a medidas administrativas especiales y que recibirá atención médica. Pero si hace algo que no nos guste, nos reservamos el derecho de no garantizarlo, nos reservamos el derecho de recluirlo en un centro de máxima seguridad, nos reservamos el derecho de someterlo a medidas administrativas especiales”. Esas no son garantías en modo alguno. No es tan difícil analizarlas y ver que son intrínsecamente poco fiables, pues se promete hacer una cosa y luego se reserva el derecho a incumplir la promesa.
Vanessa Baraitser, la jueza que denegó la extradición el pasado mes de enero, dijo que, en aplicación del artículo 91 del Tratado de Extradición, sería opresivo enviar a Julian Assange a una situación en Estados Unidos en la que podría ser sometido a condiciones de reclusión que podrían llevarlo a autolesionarse o a suicidarse. Así que cuando se analizan las garantías y se ve que el gobierno de Estados Unidos se reserva el derecho a encerrarlo en un centro de máxima seguridad o a someterlo a medidas administrativas especiales en función de su conducta, se deduce no se trata de un Estado en el que la prohibición de la tortura sea absoluta.
La reclusión prolongada en régimen de aislamiento que existe en los centros de máxima seguridad y las medidas administrativas especiales son una violación de la prohibición de la tortura. La prohibición de la tortura no puede condicionarse a algo que haga la persona: es una prohibición absoluta. No importa lo que alguien haga: según el derecho internacional, no puede ser objeto de tortura. Es realmente importante recordar que el criterio en Europa es: ¿corre riesgo la persona de ser sometida a tortura o a malos tratos? No hace falta decir que va a ser torturada o maltratada de forma absoluta; sólo hay que decir: ¿es una situación en la que esta persona correría el riesgo de sufrir tortura? Estados Unidos ha incorporado ese riesgo en estas garantías.
Llevo estudiando esto en el contexto del programa estadounidense de entregas desde hace casi dos décadas. Estados Unidos ha facilitado que otros gobiernos usen garantías, pero lo que hace en realidad es socavar la prohibición internacional de la tortura. El gobierno de Reino Unido no debería participar en ningún menoscabo más de la prohibición global de la tortura, sino que debería promover su prohibición global.
Lo que está en juego es algo mucho más grande, va mucho más allá de Assange. Si Assange es trasladado a Estados Unidos y procesado, el caso afectaría a muchas personas.
Periodistas y personas expertas que han seguido el caso los últimos diez años creen que lo que quieren las autoridades de Estados Unidos y Reino Unido es que Assange se suicide o que salga de la cárcel de Reino Unido con muerte cerebral. ¿Está usted de acuerdo?
No soy forense ni una experta médica en tortura, lo que puedo decirle es que se violarán las normas internacionales si es trasladado a Estados Unidos y que nos preocupan muy seriamente las actuaciones, que se siguen desde hace más de dos años con Assange en Belmarsh, durante la pandemia de COVID-19, en condiciones que han exacerbado el estado de su salud mental.
Nos parece evidente que debería ser puesto en libertad bajo fianza hasta que concluyan las actuaciones en Reino Unido. Si la administración no retira la petición de extradición, el procedimiento judicial tiene que continuar, pero en medio de eso, debería ser excarcelado. No puede ser que una resolución judicial diga que esta persona está en situación de riesgo porque el estado de su salud mental es muy frágil, y luego tenerlo recluido en Belmarsh, lo que precisamente sigue contribuyendo a empeorar el estado de su salud mental.
Hay acciones por parte de Estados Unidos para retirar los cargos, pero hay acciones inmediatas que Reino Unido puede adoptar ahora mismo para aliviar y mitigar las condiciones que de hecho siguen contribuyendo al estado de su salud mental, que es muy frágil.
Antes de su detención, Julian Assange y sus visitantes fueron espiados dentro de la embajada de Ecuador. Esta semana, Amnistía Internacional contribuyó en gran medida a revelar cómo miles de periodistas, activistas de derechos humanos y dirigentes políticos fueron potencialmente víctimas de un arma cibernética llamada Pegasus, que comercializa la empresa israelí NSO Group. ¿Creen que ha llegado el momento de una moratoria global?
Sí, hemos pedido una moratoria hasta que exista un marco normativo de derechos humanos sólido, efectivo y significativo. Detengámonos y reunámonos para crear un marco donde personas como las que defienden los derechos humanos, periodistas, miembros de la oposición política y profesionales de la abogacía no sean víctimas de ese software o, si lo son, tienen recursos. Nuestro llamamiento es enérgico y directo, no es ambiguo.
Es hora de hacer que quienes defienden el uso de estas herramientas con fines antiterroristas comprendan que son armas: armas cibernéticas.
En realidad yo creo que ya lo saben. Los gobiernos están comprando a esta empresa, pueden comprar so pretexto de perseguir a delincuentes y presuntos terroristas, pero para la noción del monopolio del poder del Estado es clave que éste va a usar cualquier herramienta nueva que obtenga a fin de conservar ese poder para fines que van más allá de aquellos para los que fue concebida. Es muy claro lo que pasa con este programa espía. Es una llamada de atención, créame, al resto del mundo: que confiar sin más en que el gobierno va a comprar programas espía sólo para atrapar a los que llama malos no es verdad. Ha quedado patente gracias al trabajo que hemos hecho como asociados técnicos en este informe, y que han elaborado nuestros socios en París, Forbidden Stories. Esta es una noticia muy importante y confiamos en que sirva para educar a la opinión pública para que rechace este tipo de vigilancia.
Veinte años después del 11-S, vemos que en nuestras democracias occidentales los criminales de guerra y los torturadores están libres, mientras que Julian Assange está en la cárcel precisamente por revelar esos crímenes. ¿No es hora de que la opinión pública despierte antes de que sea demasiado tarde para nuestras democracias?
Eso es precisamente lo que estamos tratando de hacer con este informe sobre Pegasus, con el trabajo sobre Assange. ¿Quién perpetra realmente violaciones de derechos humanos, viola el derecho humanitario, comete crímenes de guerra? No es Julian Assange, no son los esforzados periodistas y editores que ponen información de interés público en el dominio público.
Quienes perpetran estos crímenes son actores estatales o agentes del Estado, y por eso Assange es una amenaza y otros editores que hacen lo mismo son una amenaza, porque presionan mucho más allá de lo exigible para pedir cuentas a los Estados y a los Estados eso no les gusta. Assange es un precedente muy importante porque representa todo eso, del poder del Estado, y si Reino Unido lo extradita, si el largo brazo de Estados Unidos llega hasta atrapar a un editor extranjero y llevarlo a Estados Unidos y dice que no puede acogerse a los derechos de la Quinta Enmienda para hacer lo que hace, ese precedente puede ser perjudicial mucho más allá de este caso concreto y por eso tratamos de impedirlo.
Esta entrevista se publicó primero en Il Fatto Quotidiano aquí.