Las autoridades saudíes han ejecutado ayer a un hombre, y con ello el número total de personas ejecutadas en lo que va de año se eleva a 100, de las que 60 han sido ejecutadas en los tres últimos meses, ha afirmado Amnistía Internacional.
“Desde julio de 2017, el gobierno saudí lleva a cabo una oleada de ejecuciones, con un promedio de cinco personas ejecutadas a la semana. Con ello, el país se posiciona con firmeza para seguir siendo uno de los ejecutores más prolíficos del planeta”, ha manifestado Lynn Maalouf, directora de investigación de Amnistía Internacional en Oriente Medio.
“Si las autoridades saudíes tienen verdadera intención de hacer reformas, deben declarar de inmediato la suspensión oficial de las ejecuciones como primer paso para abolir la pena de muerte.”
El 40% de las ejecuciones realizadas en lo que va de año estaban relacionadas con delitos de drogas, que no entran en la categoría de “los más graves delitos”. La aplicación de la pena de muerte para tales delitos constituye una violación del derecho internacional de los derechos humanos.
Juicios injustos
Muchas de las personas condenadas a muerte y ejecutadas en Arabia Saudí son declaradas culpables tras actuaciones judiciales gravemente deficientes que incumplen sistemáticamente las normas internacionales sobre juicios justos. A menudo se las declara culpables basándose únicamente en “confesiones” obtenidas mediante tortura y otros malos tratos, se las priva de representación letrada en juicios que se celebran en secreto y no se las informa de los progresos de las actuaciones judiciales en su causa.
Por ejemplo, Said al Saiari fue ejecutado el 13 de septiembre en la ciudad de Nayran, en el suroeste de Arabia Saudí. Fue declarado culpable del asesinato de otro hombre saudí por el mismo tribunal que había concluido que no existían pruebas suficientes para declarar su culpabilidad.
“La ejecución de Said al Saiari se llevó a cabo a pesar de la falta de pruebas en su contra. Eso demuestra la facilidad con que las autoridades saudíes recurren a un castigo que es inhumano y, sobre todo, irreversible”, ha afirmado Lynn Maalouf.
La pena de muerte como instrumento para reprimir la disidencia
“Las autoridades saudíes utilizan la pena de muerte como instrumento para reprimir la disidencia y controlar a las minorías, demostrando un cruel desprecio por la vida humana. Deben anular inmediatamente estas condenas y garantizar que todos los juicios se celebran con todas las garantías que exigen las normas internacionales sobre juicios justos y sin recurrir a la pena de muerte”, ha dicho Lynn Maalouf.
Al menos 33 miembros de la comunidad musulmana chií de Arabia Saudí se enfrentan actualmente a la pena capital. Todos fueron acusados de actividades consideradas peligrosas para la seguridad nacional. Entre ellos están Ali al Nimr, Abdullah al Zaher y Dawood al Marhoon, que fueron detenidos por delitos cometidos cuando eran menores de 18 años y afirman que sufrieron tortura dirigida a hacerles “confesar”. El mes pasado, funcionarios judiciales informaron a la familia de otro joven, Abdulkareem al Hawaj, de que el Tribunal Supremo había confirmado su condena a muerte por delitos relacionados con su participación en manifestaciones contra el gobierno. Al Hawaj sólo tenía 16 años cuando participó en las protestas, ha agotado todos sus recursos de apelación y puede ser ejecutado en cuanto el rey ratifique su condena. Todos corren peligro inminente de ejecución.
El 11 de julio, Yusuf al Mushaikhass y otros tres hombres chiíes fueron ejecutados en Qatif, en la Provincia Oriental, por delitos de terrorismo relacionados con su participación en manifestaciones antigubernamentales en 2011 y 2012. Yusuf fue declarado culpable tras un juicio manifiestamente injusto que estuvo basado en gran medida en una “confesión” obtenida mediante tortura.
Las familias de los 14 hombres chiíes acusados de delitos relacionados con protestas y cuya condena de muerte fue confirmada por el Tribunal Supremo el 24 de julio viven con el temor de recibir en cualquier momento la terrible noticia de su ejecución.
Información complementaria
Arabia Saudí aplica la pena de muerte por una amplia variedad de actos que no están reconocidos como “los más graves delitos”, categoría que, según el derecho internacional de los derechos humanos, está limitada a los delitos que comportan homicidio intencional.
Arabia Saudí, con más de 2.000 ejecuciones llevadas a cabo de 1985 a 2016, es uno de los principales verdugos del mundo.
Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos sin excepción, con independencia del carácter o las circunstancias del delito, de las características y la culpabilidad o inocencia del acusado y del método utilizado por el Estado para llevar a cabo la ejecución.