A Latvian border guard looks at detained migrants, who have crossed the Belarus-Latvia border, next to the border area near Vorzova, Latvia August 11, 2021. REUTERS/Ints Kalnins
Las autoridades de Letonia han expulsado de forma sumaria y violenta a personas refugiadas y migrantes en sus fronteras con Bielorrusia y han sometido a muchas de ellas a graves violaciones de derechos humanos, que incluyen detención secreta e incluso tortura, según nuevas conclusiones publicadas en un informe de Amnistía Internacional.
Latvia: Return home or never leave the woods pone al descubierto el trato brutal que reciben las personas migrantes y refugiadas —entre ellas niños y niñas— que han sido recluidas arbitrariamente en lugares no revelados del bosque letón y devueltas ilegal y violentamente a Bielorrusia. Muchas sufrieron palizas y descargas eléctricas con pistolas Taser, incluso en los genitales. Algunas fueron obligadas de forma ilegítima a regresar “voluntariamente” a sus países de origen.
“Letonia ha dado un cruel ultimátum a las personas refugiadas y migrantes: o aceptan regresar “voluntariamente” a su país o se quedan atrapadas en la frontera con riesgo de detención, devolución ilegal y tortura. En algunos casos, su detención arbitraria en la frontera puede constituir desaparición forzada”, ha afirmado Eve Geddie, directora de la Oficina de Amnistía Internacional ante las Instituciones Europeas.
“Las autoridades letonas han dejado a hombres, mujeres y niños y niñas a su suerte a temperaturas glaciales, a menudo abandonados en los bosques o confinados en tiendas. Han devuelto a estas personas de forma violenta a Bielorrusia, donde no tienen ninguna posibilidad de solicitar protección. Tales actos no tienen nada que ver con la protección de las fronteras y son violaciones manifiestas del derecho internacional y de la UE.”
El 10 de agosto de 2021, Letonia decretó el estado de excepción ante el aumento del número de personas alentadas por Bielorrusia a acudir a la frontera. En contravención del derecho internacional y de la UE y del principio de no devolución (non–refoulement), se suspendió el derecho a solicitar asilo en cuatro zonas fronterizas en virtud del estado de excepción, que permitía a las autoridades letonas llevar a cabo devoluciones sumarias a Bielorrusia.
Las autoridades letonas han prorrogado el estado de excepción en repetidas ocasiones, la última hasta noviembre de 2022, a pesar de que los desplazamientos han disminuido con el tiempo y de que ellas mismas han reconocido que el recuento de intentos de entrada en el país incluía los múltiples intentos de cada persona.
Decenas de personas refugiadas y migrantes están en detención arbitraria en la frontera, confinadas en tiendas de campaña en condiciones terribles. Se permitió entrar en Letonia a una pequeña proporción que, en su inmensa mayoría, fue internada en centros de detención con acceso limitado o nulo al procedimiento de asilo, asistencia jurídica y supervisión independiente.
El informe de Amnistía sobre Letonia sucede y complementa a informes similares centrados en abusos contra personas refugiadas y migrantes cometidos por Bielorrusia, Polonia y Lituania.
Devoluciones sumarias y violentas, detención arbitraria y posibles desapariciones forzadas
En virtud del estado de excepción, los guardias de fronteras letones, en cooperación con comandos no identificados, el ejército y la policía, cometieron repetidas devoluciones sumarias, ilegítimas y violentas. A su vez, las autoridades de Bielorrusia respondían sistemáticamente devolviéndola sumariamente a Letonia.
Zaki, iraquí que permaneció abandonado a su suerte en la frontera durante unos tres meses, contó a Amnistía Internacional que había sido expulsado más de 150 veces, algunos días hasta en ocho ocasiones.
Hassan, otro iraquí que pasó cinco meses en la frontera, dijo: “Nos obligaban a desnudarnos por completo; a veces nos pegaban estando desnudos y luego nos obligaban a regresar a Bielorrusia, en ocasiones cruzando un río que estaba muy frío. Decían que si no cruzábamos nos dispararían”.
Entre una devolución y otra se obligaba a la gente a pasar periodos prolongados en la frontera o en tiendas montadas por las autoridades en zonas de bosque aisladas. Hasta ahora, las autoridades letonas han negado el uso de tiendas más que para prestar “asistencia humanitaria”, pero las conclusiones de Amnistía Internacional muestran que las zonas de acampada eran lugares fuertemente vigilados que se utilizaban para recluir arbitrariamente a personas refugiadas y migrantes y como puestos de avanzada para las devoluciones ilegales.
En ocasiones, las personas que no estaban recluidas en tiendas terminaban atrapadas en la frontera, a la intemperie, con temperaturas invernales que a veces descendían hasta -20ºC. El iraquí Adil, quien pasó varios meses en el bosque desde agosto de 2021, contó a Amnistía Internacional: “Dormíamos en el bosque, sobre la nieve. Hacíamos una hoguera para calentarnos; había lobos y osos.”
En la frontera y en la zona de acampada, las autoridades les confiscaban los teléfonos móviles para impedir cualquier comunicación con el mundo exterior. Había gente buscando a seres queridos a los que no conseguían contactar por teléfono y de quienes lo último que sabían era que estaban en Letonia. Según informó una ONG letona, entre agosto y noviembre de 2021 se pusieron en contacto con ella familiares de más de 30 personas refugiadas y migrantes que temían su desaparición.
Mantener a personas refugiadas y migrantes confinadas en tiendas de campaña en lugares no revelados, o dejarlas atrapadas en la frontera sin comunicación ni alternativas seguras a sus continuos trasiegos entre Letonia y Bielorrusia, constituye “detención secreta” y podría constituir desaparición forzada.
Devoluciones forzadas, abusos y tortura
Al no existir acceso efectivo al asilo en virtud del estado de excepción, funcionarios letones coaccionaron a varias personas recluidas en la frontera para que aceptaran regresar “voluntariamente” a sus países de origen como única forma de salir del bosque.
Otras fueron coaccionadas o engañadas para que aceptaran su retorno voluntario en centros de detención o comisarías de policía.
Hassan, de Irak, contó a Amnistía Internacional que intentó explicar que, si lo devolvían, su vida correría peligro: “El comando respondió: ‘Aquí también puedes morir’”.
Otro iraquí, Omar, contó que un agente le había golpeado por detrás y lo había obligado a firmar un documento de retorno: “Me cogió la mano y me dijo que tenía que firmar, y luego me obligó a hacer la firma a la fuerza”.
En algunos casos, el representante de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) para Letonia hizo caso omiso de las pruebas que demostraban que personas transferidas como parte de los procedimientos de retorno “voluntario” no habían dado su genuino consentimiento al retorno.
“Letonia, Lituania y Polonia siguen cometiendo abusos muy graves con el pretexto de que están sufriendo un ‘ataque híbrido’ de Bielorrusia. A pesar de que se acerca el invierno y se ha reanudado la circulación en la frontera, el estado de excepción sigue permitiendo a las autoridades letonas devolver personas ilegalmente a Bielorrusia. Otras muchas están expuestas a sufrir violencia, detención arbitraria y otros abusos, dado que la supervisión es limitada o carece de independencia”, ha dicho Eve Geddie.
“El vergonzoso trato infligido por Letonia a personas que llegan a sus fronteras es una prueba fundamental para las instituciones europeas, que deben adoptar medidas urgentes a fin de garantizar que Letonia pone fin al estado de excepción y restablece el derecho al asilo en todo el país para todas las personas que buscan seguridad, con independencia de su origen y de cómo hayan cruzado la frontera.”
Para proteger la privacidad de las personas entrevistadas para esta investigación se han modificado o ocultado sus nombres y detalles identificativos.
Información complementaria
Mientras las expulsiones ilegales en la frontera bielorrusa con Letonia, Lituania y Polonia vuelven a intensificarse, el Consejo de la UE está dando prioridad a la adopción de un reglamento sobre la “instrumentalización” de las personas migrantes y solicitantes de asilo. Este reglamento permitiría a los Estados miembros que afrontan situaciones de “instrumentalización” —como la que vive Letonia— incumplir sus obligaciones en virtud del derecho de la UE sobre asilo y migración. La propuesta afecta de manera desproporcionada a los derechos de las personas refugiadas y migrantes y corre el riesgo de socavar la aplicación uniforme de la legislación de asilo de la UE.
En junio, el Tribunal de Justicia de la UE resolvió que la ley de asilo y migración de Lituania, que limitaba la capacidad para presentar una solicitud de asilo en virtud del estado de excepción y disponía la detención automática de las personas solicitantes de asilo, era incompatible con la legislación de la UE.
El análisis y las conclusiones del Tribunal deberían aplicarse directamente a la situación de Letonia, donde, desde agosto de 2021, el estado de excepción impide en la práctica solicitar asilo a la mayoría de la gente que entra o intenta entrar “irregularmente” desde Bielorrusia.
Véanse los informes de Amnistía Internacional sobre Bielorrusia, Polonia y Lituania.