Los derechos de la población trabajadora migrante a dos años de la Copa Mundial de Qatar 2022

En sólo dos años y por primera vez en la historia del principal campeonato mundial de fútbol, arrancará en Oriente Medio la Copa Mundial de la FIFA. Qatar 2022 será un acontecimiento histórico y muy emocionante para el mundo del fútbol y para la propia región.

Sin los dos millones de personas migrantes que trabajan allí, sería imposible celebrar la Copa Mundial de 2022 en Qatar. Hombres y mujeres procedentes en su mayor parte de África y Asia construyen los estadios, las carreteras y el metro, y serán también quienes se ocupen de la seguridad en los partidos de fútbol, lleven a la afición en taxi a los estadios, la reciban en los hoteles y la atiendan en los restaurantes a medida que el campeonato se vaya acercando.

Pero en los 10 años transcurridos desde que se concedió a Qatar el derecho a acoger la Copa Mundial, la explotación y los abusos cometidos contra estos trabajadores y trabajadoras ha sido un fenómeno generalizado, que los ha dejado expuestos a sufrir trabajo forzoso, impago de salarios y exceso de horas de trabajo.

Tras años de presión internacional creciente, en 2017 el gobierno de Qatar firmó un acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en el que prometió abordar la explotación laboral generalizada y alinear sus leyes y prácticas con las normas laborales internacionales  y con el llevó un rayo de esperanza a quienes tanto aportan al país y a su sueño de organizar la Copa Mundial.

Pero cuando quedan sólo 730 días para empezar, ¿se ajustan las promesas de reforma laboral de Qatar a la realidad que afrontan los trabajadores y trabajadoras migrantes de que los que tanto depende el país?

ABUSOS ARRAIGADOS CONTRA LA POBLACIÓN TRABAJADORA MIGRANTE DE QATAR

En la base de los abusos que sufre la población trabajadora migrante está el sistema de patrocinio laboral de Qatar conocido como kafala, que vincula legalmente a los trabajadores y trabajadoras extranjeros con sus entidades empleadoras. A lo largo de los últimos 10 años, Amnistía Internacional y otras organizaciones han mostrado cómo este sistema –que hasta hace poco impedía a los trabajadores y trabajadoras cambiar de empleo, e incluso salir del país sin permiso de la entidad empleadora– mantiene a la población migrante atrapada en una espiral de abusos.

Otros factores que están vinculados a los abusos contra la población trabajadora migrante pero no se abordan directamente en los recientes cambios legislativos son la elevada deuda de los trabajadores y trabajadoras, causada por prácticas de contratación ilegales y poco éticas; el impago del salario y la tardanza en pagarlo; los obstáculos para conseguir que se haga justicia cuando se violan derechos; la prohibición de los sindicatos, y la falta de medidas para hacer cumplir la legislación laboral y sancionar a las entidades empleadoras que cometen abusos contra sus trabajadores y trabajadoras.

Al margen del protagonismo de la Copa Mundial y Qatar, están las trabajadoras domésticas del país, que continúan sufriendo abusos graves y generalizados a manos de las entidades empleadoras y corren el riesgo de verse relegadas en las reformas.

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