LO ÚLTIMO - Amnistía Internacional Chile

Amnistía Internacional Chile

Somos un movimiento que te invita a contribuir activamente en la defensa de los derechos humanos para hacer cambios en la vida de las personas.

LOS ESTADOS AFRICANOS NO DEBEN DESAPROVECHAR UNA OPORTUNIDAD EXCEPCIONAL PARA CONSTRUIR UN SISTEMA MEJOR DE JUSTICIA INTERNACIONAL

17, Nov. 2016 | Categoría: ,

Exterior of the International Criminal Court (ICC), Den Haag (The Hague), Maanweg 174.

Por Solomon Sacco, asesor jurídico principal, Netsanet Belay, director de Investigación y Trabajo de Incidencia de Amnistía Internacional para África

Cuando tres países africanos –Burundi, Sudáfrica y Gambia– adoptaron  medidas recientemente para abandonar la Corte Penal Internacional (CPI), se entendió en general como un rechazo de la excesiva atención de la Corte a África.

Pero los desafíos que tiene planteados la Corte van mucho más allá de los ataques de algunos Estados africanos descontentos y de la pérdida de algunos miembros. La CPI no ha sido perfecta, y en nada beneficia a las víctimas de los peores crímenes del mundo aparentar que lo ha sido.

Esta repentina y precipitada salida debería entenderse como una excelente oportunidad para que los Estados miembros de la Corte, reunidos esta semana en La Haya, apoyen a la Corte para que haga justicia mejor a las víctimas de crímenes de derecho internacional y violaciones de derechos humanos.

Dado el papel decisivo que Sudáfrica desempeñó hace casi 20 años a la hora de forjar el consenso para la creación de una CPI concebida para poner fin a la impunidad por crímenes como el genocidio y el apartheid, su retirada supone una especial decepción.

Los dirigentes de Sudáfrica podrían haber utilizado la autoridad moral conquistada en su lucha contra la discriminación racial y el apartheid para construir una Corte más fuerte y eficaz. En cambio, han abandonado en un arrebato de despecho tras negarse a detener a un jefe de Estado contra el que pesan cargos de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra en la región sudanesa de Darfur.

Algunos Estados, políticos e intelectuales africanos se han quejado de que la CPI sólo ha actuado contra africanos en sus investigaciones y enjuiciamientos. Se distorsionan o ignoran hechos históricos, como por ejemplo que los propios Estados africanos pidieron que la CPI se hiciera cargo de la mayoría de sus investigaciones. Pero la incómoda verdad es que, desde creación, la CPI sólo ha enjuiciado a africanos. El problema no es que la CPI actúe contra África sino que haya abandonado en gran medida a las víctimas de otros continentes.

La Fiscalía de la CPI debe ser independiente para realizar su labor de manera eficaz y sin injerencias políticas. Sin embargo, algunas de sus decisiones plantean muchos interrogantes legítimos.

¿Dónde está la justicia para las víctimas de los paramilitares progubernamentales de Colombia? ¿Para las víctimas de los crímenes cometidos en los territorios palestinos ocupados? ¿Para quienes han sufrido ataques generalizados y sistemáticos en el marco de la “guerra contra las drogas” de México? ¿Por qué se ha tardado más de un decenio en concluir un examen preliminar sobre la situación en Afganistán? ¿Por qué la Fiscalía abrió inmediatamente una investigación preliminar sobre la situación en Burundi, pero sólo advirtió al gobierno de Filipinas de que estaba observando de cerca la situación en ese país?

Pese a estas preguntas, se observan indicios positivos de cambios importantes en la Fiscalía. La CPI ha abierto recientemente un examen preliminar sobre Palestina e investigaciones sobre Georgia. Mientras tanto, la Fiscalía ha afirmado que tomará de forma inminente una decisión sobre la apertura de una investigación acerca de los crímenes cometidos en Afganistán, que podría incluir investigaciones sobre personal de Estados Unidos por actos de tortura cometidos en ese país.

Son signos esperanzadores de que la Corte comienza a comprender su función de garantizar la justicia para las víctimas fuera de África. Pero es preciso hacer más, y Amnistía Internacional mantendrá una actitud vigilante y promoverá una Corte universal que se mantenga firme contra los abusos de poder, sea cual sea el lugar donde se cometen.

Para lograrlo necesitaremos aliados, entre ellos los Estados partes, sobre todo los del Sur global. Podrán insistir en que se dote a la Corte de recursos suficientes para ampliar su labor a otras situaciones. Podrán remitir a la Fiscalía de la CPI situaciones que no se estén investigando. Podrán exigir la cooperación de Estados del Norte global, cuyo compromiso con la Corte sin duda será puesto a prueba cuando se abran investigaciones en las que se vean afectados sus intereses geopolíticos o estén implicados sus nacionales. Por ejemplo, los Estados del Norte aliados con Israel no han apoyado en grado suficiente el examen preliminar sobre Palestina, y Sudáfrica debe desempeñar un papel destacado para garantizar la cooperación plena con la Fiscalía.

Naturalmente, muchos de los desafíos de la CPI no son responsabilidad suya.

Muchos países poderosos no son miembros de la Corte –en particular Rusia, China y Estados Unidos–, lo que significa que sus nacionales no están sometidos a su jurisdicción en la mayoría de los casos. Hay que instar a estos Estados que se resisten a que se unan a la CPI. Lamentablemente, el abandono por Sudáfrica del sistema del Estatuto de Roma transmite el mensaje opuesto, que brinda seguridad y alivio a la hipocresía de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU que se niegan a unirse.

Otro de los desafíos externos ha sido el carácter político de la facultad del Consejo de Seguridad para remitir casos a la Fiscalía de la CPI. ¿Por qué sólo se ha empleado este poder en dos ocasiones, para Libia y Sudán, países ambos de África? ¿Qué ocurre con Irak? ¿Israel? ¿Corea del Norte? ¿Siria? En este punto, la CPI es en gran medida rehén de la política global.

Amnistía Internacional ha pedido en reiteradas ocasiones a los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU que se abstengan voluntariamente de ejercer su prerrogativa de veto en situaciones que, como el conflicto en curso en Siria, impliquen crímenes de derecho internacional y otras violaciones graves del derecho internacional de los derechos humanos. Necesitamos que Sudáfrica, junto con otros países que han sufrido graves actos de inhumanidad, asuman el liderazgo y alcen voz cuando las vacilaciones del Consejo de Seguridad traicionen a las víctimas de los crímenes más horrendos.

La CPI debe reformarse y ha comenzado a avanzar en la dirección correcta. Si continúa, los tiempos que se avecinan serán difíciles. Por consiguiente, necesita el compromiso y el apoyo de todos sus Estados miembros para cumplir con sus objetivos de hacer rendir cuentas a los autores de crímenes atroces e impartir justicia y reparación para las víctimas. Hay que redoblar la presión sobre todos los Estados para que se unan a la Corte con objeto de que ésta pueda trabajar para poner fin a la impunidad en todos los continentes.

Los Estados del Sur, en lugar de desentenderse de la Corte cuando son más necesarios, deben utilizar su poder para fortalecer la justicia internacional. La única manera de hacerlo es permanecer dentro del sistema del Estatuto de Roma de la Corte.

Instamos a Sudáfrica, Burundi y Gambia a que se unan a nosotros en ese esfuerzo para hacer una Corte más fuerte que pueda impartir justicia a las víctimas de atrocidades, sea cual sea el lugar del mundo donde se cometan.

Noticias Relacionadas
logo
Somos un movimiento que te invita a contribuir activamente en la defensa de los derechos humanos para hacer cambios en la vida de las personas.
Súmate