Raleva, defensor de los derechos ambientales malgache, ha sido encarcelado por cargos falsos, acusado de utilizar un título falso para solicitar los permisos de explotación minera y ambientales a una empresa minera de oro china. Raleva es miembro de las organizaciones de derechos humanos Justicia y Paz (Justice et Paix) y Observatorio Independiente de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Madagascar (OIDESCM), coordinada por la ONG de ámbito nacional CRAAD-OI. Actualmente está recluido en la prisión de Mananjary, en el este de Madagascar.
Amnistía Internacional lo considera preso de conciencia, recluido únicamente por su activismo pacífico en favor de los derechos humanos. La organización pide su libertad inmediata e incondicional.
Fue detenido el 27 de septiembre de 2017 por la policía local en el pueblo de Vohilava, después de una reunión pública organizada por representantes de la empresa minera y el jefe local del distrito. El objetivo de la reunión era informar a la población de que la empresa minera había recibido los permisos necesarios para reanudar sus actividades, que habían sido suspendidas previamente.
Durante la reunión, Raleva pidió que se mostraran dichos permisos. Según su abogado, en ese momento fue amenazado por representantes de la empresa minera y, después, fue detenido por robo de identidad, acusado de haber utilizado el título de jefe del distrito.
Según su abogado, lo llevaron a una casa privada donde lo retuvieron una noche, antes de que fuera trasladado a la comisaría de policía de Mananjary, donde pasó cinco noches. Finalmente, el 3 de octubre fue enviado a prisión, donde permanece detenido en espera de juicio, sin que se haya fijado fecha para la vista.
Información general
Desde 2016, han aumentado las tensiones de la población local por las actividades de una empresa minera china en las poblaciones de Vohilava y Ambaladara, en el distrito de Mananjary. La población local se ha quejado de que la empresa minera no tiene los permisos requeridos por la ley para extraer oro, y también han protestado por la degradación medioambiental, que creen que se debe a las actividades mineras. Las personas que viven cerca de la mina se han quejado de la contaminación del río Itsaka, que es vital para abastecer de agua y alimentos a nueve poblaciones vecinas.
El 27 de agosto de 2016, tras varias protestas, el Ministerio de Minas y Petróleo de Madagascar informó a la empresa minera de la suspensión de todas sus actividades hasta que pudieran presentar todos los documentos requeridos por el Código de Minas del país, entre ellos los permisos de explotación minera y ambientales. El mismo día, las autoridades regionales precintaron los equipos de la empresa minera. El 7 de junio de 2017, el Ministerio de Minas y Petróleo autorizó el desprecintado de los equipos, con la condición de que no se utilizaran hasta que se otorgaran las autorizaciones y los permisos necesarios.
Amnistía Internacional considera profundamente preocupante el abuso del sistema de justicia penal para perseguir y acosar a los defensores y defensoras de los derechos humanos y para silenciar a quienes denuncian la explotación de los recursos naturales y los proyectos de explotación en el país. La organización también ha documentado el uso excesivo de la detención en espera de juicio, dirigida en particular contra los defensores y defensoras de los derechos humanos, como forma de obstaculizar y deslegitimar su trabajo.