Police officers gather to remove activists during an anti death penalty protest in front of the US Supreme Court January 17, 2017 in Washington, DC. / AFP / Brendan Smialowski (Photo credit should read BRENDAN SMIALOWSKI/AFP via Getty Images)
En una rueda de prensa celebrada hoy, Amnistía Internacional Malasia ha instado al gobierno de este país a aprovechar las reformas anunciadas para abolir definitivamente la pena de muerte.
La organización se ha mostrado satisfecha por el anuncio del ministro del Parlamento y Leyes, Wan Junaidi Tuanku Jaafar, según el cual el gobierno estudiará las conclusiones del Comité Especial de Revisión de Condenas Alternativas a la Pena de Muerte Preceptiva y se plantea posibles reformas de las leyes sobre la pena de muerte en Malasia.
En enero, tras ser informado por el Comité Especial, encabezado por el ex presidente de la Judicatura Tun Richard Malanjum, el ministro declaró que el Consejo de Ministros tomaría una decisión después de estudiar las propuestas. La reunión definitiva del Consejo de Ministros está programada para el miércoles 23 de febrero.
Katrina Jorene Maliamauv, directora ejecutiva de Amnistía Internacional, ha declarado: “El análisis gubernamental de las conclusiones del Comité Especial representa una oportunidad importante que no debe desaprovecharse. Debido a deficiencias sistémicas, la aplicación de la pena de muerte en Malasia es arbitraria y discriminatoria. Instamos encarecidamente al gobierno a cumplir con su obligación de proteger los derechos humanos y comprometerse con la plena abolición de la pena de muerte. Ya es hora de que las autoridades adopten medidas audaces para poner fin a la aplicación de la pena capital en Malasia”.
Amnistía Internacional ha remitido una información al gobierno destacando los motivos principales por los que debe proceder a la abolición. Las leyes, políticas y prácticas de Malasia sobre la pena de muerte violan el derecho y las normas internacionales. Se ha aplicado la pena capital habiéndose violado el derecho a un juicio justo y como castigo preceptivo; además, el porcentaje de personas pertenecientes a minorías étnicas y de entornos socioeconómicos desfavorecidos es desproporcionado, entre otros.
También se invita al público a expresar su apoyo a la abolición de la pena de muerte etiquetando al primer ministro Ismail Sabri y al ministro Wan Junaidi en las redes sociales con las etiquetas #AbolishTheDeathPenalty #MansuhkanHukumanMati.
“El uso continuo de la pena de muerte es una mancha para nuestro país. Lejos de ejercer un efecto disuasorio especial frente a la delincuencia o abordar los riesgos y daños asociados al consumo de drogas, no hace más que desviar la atención pública y los recursos de otras soluciones muy necesarias, basadas en pruebas, que podrían ser más efectivas para abordar las causas fundamentales de estos problemas. La pena de muerte no nos ofrece mayor seguridad”, ha afirmado Katrina.
“En Malasia, la pena capital se impone sobre todo a personas de entornos desfavorecidos, de ciudadanía extranjera, mujeres y personas de minorías étnicas, cuya representación entre los condenados a muerte es desproporcionada. Todos hemos visto la crueldad que la pena de muerte inflige a quienes se enfrentan a ella y a sus familias, como en el caso de Hairun Jalmani, madre soltera de 55 años condenada a muerte por tráfico de drogas, o el de Nagaenthran, un ciudadano malasio con discapacidad intelectual en espera de ejecución en Singapur. El público también se ha mostrado a favor de que se conceda una segunda oportunidad a las personas condenadas a muerte. La campaña global de Amnistía Internacional en favor de Hoo Yew Wah, un joven que lleva más de una década en el corredor de la muerte por un delito relacionado con las drogas, recibió más de 100.000 cartas y firmas de apoyo”.
En Malasia existe una moratoria oficial de las ejecuciones desde julio de 2018. En la actualidad, 108 países —más de la mitad de todos los países del mundo— han abolido la pena de muerte para todos los delitos, mientras que 144 han dejado de aplicarla en la ley o la práctica. Malasia, que votó a favor de dos resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas que instaban a los Estados a establecer una moratoria de las ejecuciones en 2020, forma parte de una minoría de países cada vez más reducida que todavía mantienen este castigo cruel, inhumano y degradante. A pesar de la moratoria, se sigue imponiendo la pena de muerte. Según las cifras del gobierno, en noviembre de 2021 había 1.359 personas en espera de ejecución.
“Cuando Malasia ocupó su escaño en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU el mes pasado, los ojos de la comunidad internacional se posaron en nuestro país y en su historial de derechos humanos. El gobierno tiene una oportunidad importante para avanzar hacia la protección plena del derecho a la vida y la abolición de la pena de muerte. Su liderazgo en materia de derechos humanos resonará entre los demás países de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático y en toda la región de Asia y Oceanía”, ha afirmado Katrina. “El momento de actuar es ahora. Instamos al gobierno a actuar de forma inmediata para eliminar este castigo cruel e inhumano de nuestra legislación para siempre.”
Información complementaria
El Comité Especial de Revisión de Condenas Alternativas a la Pena de Muerte Preceptiva, constituido en septiembre de 2019 y del que forman parte expertos en derecho, delincuencia y derechos humanos, solicitó la opinión de diversos grupos de interés en todo el país, entre ellos, policía, sociedad civil, miembros del Parlamento y de la población general. El Comité presentó al gobierno sus conclusiones y propuestas en febrero de 2020, pero los numerosos cambios que se han producido en el gobierno han impedido que haya avances.