A Fulani woman poses while she prepares a meal for her children in an Internally Displaced People’s (IDP) camp set up on the outskirts of Bamako on May 4, 2019. – Following a massacre on March 23, 2019 in the central Malian town of Ogassogou, home to the Fulani herding community, and in which some 160 people died according to officials, more than 600 displaced people from the centre of the country have found refuge in this camp. (Photo by MICHELE CATTANI / AFP) (Photo credit should read MICHELE CATTANI/AFP via Getty Images)
Miles de civiles se han visto obligados a abandonar su hogar y muchos han perdido la vida a raíz de la escalada del conflicto en el norte de Malí, donde los combates entre el Estado Islámico en el Gran Sáhara (ISGS, por sus siglas en inglés) y el ejército de Malí y grupos armados aliados se han intensificado.
El ISGS y otros dos grupos armados signatarios del acuerdo de paz de 2015 —el Movimiento para la Salvación del Azawad (MSA) y el Grupo de Autodefensa Tuareg Imghad y Aliados (GATIA, por sus siglas en francés)— llevan combatiendo en la región de Ménaka desde marzo de 2022. El ISGS llevó a cabo ataques contra pueblos en los que mató deliberadamente a civiles y los privó de sus medios de supervivencia, lo que constituye crímenes de guerra. La cifra de personas internamente desplazadas en la ciudad de Ménaka ha aumentado de forma dramática desde entonces, lo que ha sumido la región en una situación humanitaria terrible.
“A raíz de los ataques selectivos y deliberados del ISGS contra la población civil, la destrucción de viviendas y puntos de suministro de agua y el robo de ganado, miles de personas de la Región de Ménaka están abandonado su hogar. El Estado Islámico debe dejar de cometer estos crímenes de guerra, y todas las partes en el conflicto deben respetar el derecho internacional humanitario, lo que incluye proteger a la población civil. ” – Samira Daoud, directora de Amnistía Internacional para África Occidental y Central
Obligados a huir
Amnistía Internacional habló con 15 personas radicadas en Ménaka, entre ellas personas internamente desplazadas y quienes las acogen, activistas de la sociedad civil y personal de ayuda humanitaria.
“La afluencia de personas a Ménaka comenzó en marzo y continúa. Muchos de mis familiares llegaron desde Anchawadi, pero desde los ataques del Estado Islámico hay más de 70 personas de mi pueblo desaparecidas. El Estado Islámico destruyó viviendas y otros bienes (casas, tiendas, etc.) para alejarnos de Inekar y Emis-Emis. Controlan los pozos y los puntos de agua, y se llevan el ganado a su antojo”, manifestó Khalil*, un hombre internamente desplazado de Anchawadi.
Según testigos presenciales, durante los combates de marzo se atacaron los pueblos de Tamalat e Inchinane:
“Yo estaba en Tamalat cuando los combatientes del ISGS atacaron la localidad en marzo. Era martes, y atacaron entre la oración del mediodía (14 h) y la de la tarde (16 h). Empezaron a disparar a la gente inmediatamente después de llegar y no pararon hasta que anocheció. Yo logré huir con algunos lugareños, pero aún hay mucha gente en paradero desconocido. Hemos oído que los combatientes siguieron atacando otras aldeas y puntos de agua cercanos a Ménaka”, dijo Adnane*, un líder comunitario de Tamalat.
“Mas de 703 familias de Tamalat vinieron a Ménaka en marzo inmediatamente después de los ataques. Actualmente la ciudad está llena de personas internamente desplazadas y aún hay mucha población civil dispersa en el campo”, dijo Ahmad*, un vecino de Tamalat residente en Ménaka que ayuda a personas internamente desplazadas.
El ataque del ISGS contra Inchinanane fue similar:
Según Ibrahim*, sobreviviente del ataque: “Los asaltantes llegaron por la tarde y empezaron a disparar sin importarles si mataban a mujeres, niños y niñas o personas mayores. Los grupos armados (MSA) intentaron combatirlos, pero se vieron desbordados por la superioridad numérica del ISGS. Los combatientes del ISGS se llevaron todo nuestro ganado y todo lo que les pareció que podía serles útil; mucha gente huyó a Ménaka; otra, a Argelia. Luego oímos que los combatientes del ISGS estaban en los puntos de suministro de agua, y que negaban a la gente el acceso y se llevaban todo el ganado que podían.”
En virtud del derecho internacional humanitario, todas las partes en un conflicto armado deben distinguir entre civiles y combatientes en todo momento, y tienen prohibido realizar ataques contra la población civil o contra bienes civiles indispensables para su supervivencia.
“Se lanzaron ataques en los que murieron civiles y se destruyeron bienes. Muchos de los habitantes vinieron a la ciudad de Ménaka, mientras que otros siguen desperdigados en el desierto o están tratando de encontrar refugio más al norte. Falta apoyo humanitario a las personas internamente desplazadas. El que se presta no es suficiente, y la situación no ha cambiado desde marzo, cuando se produjeron los primeros ataques. No todas las personas internamente desplazada han recibido asistencia humanitaria”, declaró Mubarak*, miembro de una organización de la sociedad civil de la ciudad de Ménaka.
Empeoramiento de la situación humanitaria
Las personas entrevistadas dijeron a la organización que quienes se han visto obligados a huir lo han perdido casi todo y se enfrentan a una grave falta de asistencia humanitaria, ya que las organizaciones humanitarias están desbordadas.
La afluencia de personas desplazadas a Ménaka ha aumentado la inseguridad alimentaria, y muchas de las recién llegadas no tienen un alojamiento adecuado; varias residen en escuelas e incluso a la intemperie. Según la ONU, en junio de 2022 el personal de ayuda humanitaria prestó asistencia a 1.539 familias desplazadas en campamentos para personas internamente desplazadas en la comuna de Inekar y a 3.079 familias en la comuna de Ménaka a las que proporcionó alimentos, artículos no alimentarios y refugio.
“El ISGS debe dejar de atacar a la población civil y de destruir sus hogares. Reiteramos el mismo llamamiento a todas las partes beligerantes. Todos los grupos armados, así como las fuerzas armadas de Malí y la fuerza de mantenimiento de la paz de la ONU, MINUSMA, deben proteger a la población civil. Las autoridades de Malí y sus socios también deben coordinar la prestación de asistencia humanitaria a las personas desplazadas en Ménaka y a las que han quedado atrapadas en Anderamboukane e Inekar para garantizar a la población civil un acceso adecuado a agua, alimentos y refugio”, manifestó Samira Daoud, directora de Amnistía Internacional para África Occidental y Central.
Información complementaria
El conflicto armado que asuela Malí desde 2012 continúa pese al acuerdo de paz firmado en 2015 entre el gobierno de Malí y algunos grupos armados. Desde enero de 2022, en la región de Ménaka han aumentado los ataques contra la población civil y las ofensivas del ISGS contra el MSA y el GATIA, sendos grupos armados aliados con el gobierno. En mayo de 2022, el ISGS renovó sus ataques contra los principales campos del MSA y tonó el control de Emis-Emis, Igandou y Anderamboukane, situados a lo largo de la frontera con Níger.
Su avance coincide con la retirada de Malí de los soldados franceses de la Operación Barkhane, que el 13 de junio de 2022 devolvieron el campo de Barkhane, en la ciudad de Ménaka, al gobierno de Malí. En junio de 2022, las autoridades de Malí estaban preparando otra contraofensiva contra el ISGS con el apoyo de grupos armados aliados. El 4 de junio de 2022 comenzó en Anderamboukane una ofensiva del ejército de Malí, el GATIA y el MSA contra el ISGS que aún continúa.