214.000 estudiantes afectados por el cierre de escuelas debido a la inseguridad
Ya han muerto 65 personas en 2018 por artefactos explosivos improvisados
Descubrimiento de una fosa común tras violaciones de derechos humanos del ejército
La fosa común descubierta en el centro de Malí es la triste y más reciente confirmación de que la inseguridad en la región ya ha alcanzado el grado de crisis; así lo ha manifestado hoy Amnistía Internacional. Testigos locales del pueblo de Dogo identificaron el 22 de marzo los cadáveres de seis personas que habían sido detenidas por los militares tres días antes.
Además, Amnistía Internacional documentó un aumento de los ataques contra civiles perpetrados por grupos armados como Ansar Dine y GSIM (Groupe de soutien à l’Islam et aux musulmans), y confirmó que 65 personas, incluidos menores de edad, habían muerto por artefactos explosivos improvisados desde el comienzo del año.
“El macabro descubrimiento tuvo lugar después de una escalada de la violencia que ha durado semanas y ha dejado a la población civil del centro de Malí atrapada en el fuego cruzado, expuesta a sufrir desapariciones forzadas y homicidios ilegítimos a manos del ejército, por un lado, y a los bombardeos y secuestros de los grupos armados, por el otro”, ha dicho Gaetan Mootoo, investigador de Amnistía Internacional sobre África Occidental.
“La intensificación de los ataques, además, ha causado el cierre de cientos de escuelas, dejando a más de 214.000 niños y niñas sin educación. Ante esta situación, en la que se arrojan cadáveres a fosas comunes, mueren menores de edad en ataques con cohetes y el miedo obliga a profesorado y alumnado a abandonar las aulas, urge adoptar medidas para proteger a la población civil de estos crímenes de derecho internacional e impedir que se cometan más violaciones de derechos humanos.”
Un equipo de Amnistía Internacional llevó a cabo una investigación sobre el terreno en Mopti en febrero y marzo. El personal investigador entrevistó a 70 personas, incluidas autoridades, que confirmaron el aumento de los ataques en la región central de Mopti. La mayor presencia de grupos armados, que ha ocasionado un reclutamiento más acusado de miembros y simpatizantes locales, agrava las tensiones entre los diferentes grupos étnicos.
Amnistía Internacional obtuvo información según la cual 65 personas habían muerto en los ataques con artefactos explosivos improvisados cometidos por grupos armados desde principios de año, y el mayor número de ataques se estaban cometiendo en las regiones centrales de Mopti y Ségou. Por ejemplo, en un ataque contra un autobús cometido en enero perdieron la vida 26 personas, entre las que había mujeres y menores de edad.
Se tiene conocimiento de que al menos ocho personas, incluidas tres mujeres secuestradas en los últimos tres años, aún permanecen retenidas como rehenes por grupos armados en la región. Otras dos personas secuestradas en febrero estuvieron más de un mes en su poder como rehenes antes de ser liberadas.
Una de ellas contó a Amnistía Internacional:
“Me secuestraron tres miembros de un grupo armado, me ataron las manos a la espalda y me vendaron los ojos. Luego me subieron a una moto y me llevaron en ella durante más de tres horas. Me retuvieron más de un mes en un bosque, y me amenazaron con matarme si intentaba escapar”.
Más de 200.000 estudiantes sin educación
La inseguridad y la intimidación del profesorado por parte de los grupos armados ha obligado a cerrar 715 colegios en todas las regiones del centro y norte del país. El cierre afecta a más de 214.000 estudiantes; entre las regiones tocadas por la crisis están Gao, Kidal, Ségou, Mopti y Tombuctú. En febrero de 2018 se cerraron 440 escuelas sólo en la región de Mopti. El cierre de centros escolares en parte se debe a la inseguridad y la intimidación del profesorado por parte de los grupos armados, pero también a la falta de presencia de las autoridades estatales.
Un director de escuela contó a Amnistía Internacional:
“Seis miembros de un grupo armado llegaron a pie al pueblo y preguntaron a mi adjunto dónde estaba yo. Luego fueron al colegio y saquearon mi despacho, mis libros y todo mi material educativo. Antes de irse, dijeron que no querían colegios ni docentes en el pueblo. Como ya no había escuela, recogimos todas nuestras cosas y nos marchamos”.
Las fuerzas militares que combaten a los grupos armados también han cometido crímenes de derecho internacional, incluidas ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias.
Por ejemplo, el 21 de febrero, durante un bautizo celebrado en el pueblo de Daresalam, fuerzas militares detuvieron a nueve hombres —dos de etnia bámbara y siete de etnia peulh— y se los llevaron a un lugar desconocido. No se los ha vuelto a ver desde entonces, a pesar de que sus familias han intentado recabar información de las autoridades, que han ordenado una investigación.
Un testigo contó a Amnistía Internacional:
“Los soldados llegaron en varios vehículos, detuvieron a nueve hombres y se los llevaron a un puesto de control con los ojos vendados y las manos esposadas a la espalda. Los dos hombres bambaras quedaron posteriormente en libertad, pero los otros siete, todos de etnia peulh, aún no han vuelto”.
En los registros emprendidos por los soldados —cuyo fin era conseguir información sobre el paradero de miembros de los grupos armados, según contaron los testigos a Amnistía Internacional— se cometieron más violaciones de derechos humanos.
Un testigo describió así la operación llevada a cabo en el pueblo de Finadje en febrero: “El soldado agarró a mi hermana por el pelo, reunió a los que estaban en nuestro recinto y le preguntó dónde estaban los grupos armados. A otra persona la golpearon con una porra hasta que sangró por la cabeza y la boca”.
Una fosa común
Amnistía Internacional ha entrevistado asimismo a testigos que confirmaron que los seis cadáveres descubiertos en una fosa común el 25 de marzo eran de personas que habían sido detenidas por soldados tres días antes en el pueblo de Dogo y conducidas a un lugar desconocido. Una fotografía de los cadáveres revela que las víctimas parecen haber tenido los ojos vendados antes de su ejecución.
Así contó un vecino a Amnistía Internacional cómo se habían hallado los cadáveres:
“Uno de los ancianos del pueblo, que fue de los primeros en ser informado, nos mandó que fuéramos con el imán a comprobarlo. Al menos cien residentes locales estuvieron buscando, hasta que encontraron seis cadáveres en una fosa. Los vecinos identificaron los cadáveres como pertenecientes a varias de las personas detenidas el 22 de marzo”.
No son las primeras acusaciones contra las fuerzas de seguridad malienses. La Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de las Naciones Unidas en Mali (MINUSMA) ha corroborado otros casos de ejecuciones extrajudiciales cometidas por las fuerzas de seguridad en 2017. En un informe publicado en febrero, el experto independiente de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en Malí informó también de que al menos 43 personas habían sido víctimas de desaparición forzada a manos de las fuerzas de seguridad malienses durante sus operaciones antiterroristas de mayo y junio de 2017.
“La población civil de Malí vive con miedo. Pedimos a las autoridades de Malí que investiguen los informes sobre desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales de civiles cometidas en el centro del país y lleven a todos los presuntos responsables penales ante la justicia, para que sean juzgados por tribunales civiles ordinarios”, ha manifestado Gaetan Mootoo.
“Además, deben garantizar que se adoptan todas las medidas necesarias para un retorno seguro del alumnado a los centros escolares.”