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Malta: El cado de El Hiblu 1, tres adolescentes en el banquillo por oponerse a ser devueltos a su situación de sufrimiento en Libia

29, Oct. 2019 | Categoría: ,

El 28 de marzo de 2019, tres adolescentes solicitantes de asilo -uno de 15 años, de Costa de Marfil, y dos de 16 y 19 años, de Guinea– fueron detenidos a su llegada a Malta. Se los acusaba de haber secuestrado El Hiblu 1 –buque mercante que los había rescatado en el Mediterráneo central junto con más de un centenar de personas también refugiadas y migrantes– por haber impedido al capitán llevarlos de regreso a Libia para entregarlos a las autoridades del país. Aplicándoles incluso la legislación antiterrorista, las autoridades maltesas les imputaron una serie de delitos graves, algunos de ellos punibles con cadena perpetua. Los jóvenes negaron haber hecho nada malo.

En septiembre de 2019, en el curso de una visita a Malta, Amnistía Internacional entrevistó a los dos más jóvenes en el centro de detención de menores de Mtahleb. La organización habló del caso con los abogados de los muchachos, así como con representantes de la Fiscalía General, la Oficina del Primer Ministro y las Fuerzas Armadas de Malta.

Amnistía Internacional ve con preocupación la gravedad de los cargos presentados contra los tres adolescentes, con independencia de que haya motivos para descartar o mitigar la responsabilidad penal. Los delitos de los que se los acusa no parecen guardar proporción con los actos que se les imputan y no reflejan el riesgo que habría corrido su vida si hubieran sido devueltos a Libia. La organización considera motivo de preocupación el trato que reciben y el acceso que tienen a un juicio justo en Malta.

Los sucesos ocurridos en El Hiblu 1

En Malta se está llevando a cabo una investigación judicial para recabar pruebas que se presentarán al tribunal cuando el fiscal general dicte acta de acusación formal contra los jóvenes. Entre abril y septiembre de 2019 se han celebrado varias vistas. Ya han prestado declaración algunos testigos clave, entre ellos el capitán, el primer oficial y varios miembros de la tripulación de El Hiblu 1; miembros de las Fuerzas Armadas de Malta que participaron en la operación efectuada para tomar el buque, y agentes de la policía maltesa que subieron a éste en cuanto atracó para investigar lo ocurrido. Los medios de comunicación han publicado información en la que se detallan las preguntas formuladas por los fiscales y los abogados defensores, así como las respuestas de los testigos.

Aunque las circunstancias exactas de lo ocurrido en El Hiblu 1 se establecerán finalmente en el curso de la investigación judicial y el juicio penal subsiguiente, basándose en la información examinada y las entrevistas realizadas hasta ahora, Amnistía Internacional puede ofrecer el relato que se detalla a continuación.

Los tres adolescentes partieron de Garabulli, Libia, en un bote neumático el 25 de marzo de 2019 de madrugada. Se calcula que había alrededor de 114 personas a bordo, entre ellas 20 mujeres y al menos 15 niños y niñas. El barco dio señales de estar desinflándose ya a la salida y, al cabo de unas horas de navegación, comenzó a balancearse, lo que hizo que las personas que iban en él tuvieran mucho miedo. Vieron un helicóptero sobrevolar el bote, que volvió luego otra vez y, finalmente, una tercera, en esta ocasión junto con El Hiblu 1.

Parece que el rescate se produjo en alta mar, en la zona libia de búsqueda y salvamento. No está claro qué centro de socorro marítimo lo coordinó, aunque, según transcripciones de radio publicadas recientemente en los medios de comunicación, una aeronave enviada por la operación conjunta de la UE EunavforMed Sophia contactó por radio con El Hiblu 1 y le ordenó acercarse para ayudar a las personas refugiadas y migrantes en peligro. Según la información disponible, el oficial de la aeronave dijo: “Nos estamos coordinando con la Guardia Costera Libia. Señor, tiene que socorrer a esas personas, porque el barco de la Guardia Costera Libia está fuera de servicio.” 

El Hiblu 1, barco petrolero de propiedad turca y pabellón de Palaos, que se dirigía de Estambul a Trípoli, tenía una tripulación pequeña, formada por un capitán turco, un primer oficial libio y cuatro tripulantes, posiblemente de origen asiático. Al llegar al bote neumático como se les había ordenado, los tripulantes de El Hiblu 1 dijeron a las personas a bordo de él que pararan el motor y subieran por la red desplegada a lo largo del costado del barco. Al percatarse de que El Hiblu 1 no era un barco de salvamento, las personas refugiadas y migrantes del bote neumático preguntaron adónde se dirigía. Un miembro de la tripulación dijo que iban a Trípoli. Había incertidumbre y miedo a bordo del bote neumático. Ante el peligro inmediato de ahogarse, la mayoría de sus ocupantes decidieron subir a bordo del barco, pero dos hombres de Guinea, dos de Costa de Marfil, uno de Malí y uno de Sudán tenían tanto miedo de que los llevaran de regreso a Libia que optaron por quedarse en el bote neumático a pesar de sus daños. Se ignora la suerte que corrieron.

A bordo de El Hiblu 1 y tras nuevas comunicaciones con las autoridades, el primer oficial dijo a las personas rescatadas que había recibido órdenes de dirigirse a un punto de encuentro donde dos barcos europeos recogerían a las personas refugiadas y migrantes, para que El Hiblu 1 pudiera continuar hacia Trípoli, su destino previsto. Como el capitán turco no hablaba inglés, fue el primer oficial el que mantuvo toda la comunicación con las personas rescatadas. Durante estas conversaciones, el primer oficial vio que el muchacho de 15 años de Costa de Marfil hablaba bien inglés y podía ocuparse de traducir la información a las demás personas.

Uno de los jóvenes entrevistados por Amnistía Internacional dijo: “No sé lo que les ocurrió a los seis que se quedaron en el bote […] Nos pusimos muy contentos cuando vimos que el helicóptero y el petrolero venían a salvarnos, porque el bote neumático se estaba desinflando y habríamos muerto en él. Cuando tuvimos el petrolero cerca, los tripulantes indios dijeron que se dirigían a Libia, pero luego vino el primer oficial y dijo: ‘¡Buenas noticias!’. Lo dijo así: ‘buenas noticias, el helicóptero me ha comunicado un punto de encuentro’. Juró sobre el Corán que jamás nos llevaría de regreso a Libia. Dijo que venían dos barcos para llevarnos a Europa. Estábamos muy contentos. Por el modo en que hablaba, a la gente le parecía estar ya en Europa”.

Amnistía Internacional no ha podido verificar si las autoridades que coordinaban el rescate dijeron inicialmente a El Hiblu 1 que esperara en un punto de encuentro a dos barcos europeos de salvamento que llevarían a las personas rescatadas a Europa ni, si fue así, si El Hiblu 1 esperó a los barcos. En cualquier caso, según las transcripciones de radio publicadas en los medios de comunicación, esa noche, cuando las personas rescatadas comenzaban a caer dormidas en cubierta, la aeronave de EunavforMed Sophia dijo a El Hiblu 1 que se dirigiera a Libia: “Señor, estamos cooperando con la Guardia Costera Libia. Nos dicen que les digamos que pueden llevar a esas personas a Trípoli.”

Al día siguiente, cuando comenzaron a despertar, alrededor de las seis de la mañana, las personas refugiadas y migrantes se dieron cuenta de que estaban frente al litoral libio. Empezaron a producirse escenas de desesperación y pánico, y muchas personas gritaban que preferían morir en el mar antes que ser devueltas a Libia. El Hiblu 1 estaba en ese momento a seis millas náuticas de la costa, en aguas territoriales libias. El primer oficial llamó a la Guardia Costera Libia para informar del número de personas que llevaba a bordo. Muchas de ellas decían a gritos que no iban a negarse a ser trasladadas a barcos de la Guardia Costera Libia, que antes preferían saltar al agua o que dispararan contra ellas allí mismo. Muchas golpeaban los costados del barco con los puños.

Uno de los jóvenes entrevistados por Amnistía Internacional contó: “La gente comenzó a llorar y a gritar porque tenía miedo de regresar, y había gente que tenía niños. Gritaban: ‘No queremos ir a Libia’. ‘Preferimos morir’. Porque si te llevan de regreso a Libia te meten en un cuarto, te torturan y sólo de dan de comer una vez al día. Cuando llevan a mujeres a la cárcel, los libios escogen a las que les gustan y se las llevan a la fuerza. Y hay gente que te mete en una cárcel privada y llama a tu familia para pedirle dinero por ponerte en libertad.”

Preocupado por la reacción de las personas a bordo -que se sentían traicionadas porque aparentemente había jurado, al rescatarlas, que jamás las llevaría de regreso a Libia-, el primer oficial mandó llamar a la cabina de navegación al muchacho de 15 años de Costa de Marfil, porque sabía que hablaba inglés, y le dijo: “¿Qué puedo hacer para calmarlas?”. El niño respondió: “¿Qué le voy a decir yo? Lo único es no llevarlas de regreso a Libia”. Según el relato del joven, en ese momento el primer oficial accedió a poner el barco rumbo norte y dijo que, aunque no tenía combustible suficiente para ir a Italia, podía llevarlas a La Valeta. Al preguntarle el muchacho qué era La Valeta, parece que bromeó con él porque quería ir a Europa y no sabía que La Valeta era una capital europea.

Las personas rescatadas temían entonces que el primer oficial rompiera otra vez su promesa de llevarlas a Europa, así que, para que confiaran en que ya no iban a ser devueltas a Libia, el primer oficial dijo al muchacho que se quedara en la cabina, junto con los otros dos adolescentes que son ahora objeto de investigación, para comprobar el rumbo en las pantallas. Según los muchachos, el ambiente era relajado en la cabina; charlaban, e incluso reían a veces, con el primer oficial, y la tripulación les traía de vez en cuando café y cacahuetes. El primer oficial tenía la cabina cerrada con llave, pero dejaba los muchachos salir cuando querían y les abría la puerta.

Había muchos niños y niñas en cubierta, con frío y hambre tras tres días en el mar. Lloraban para que les dieran comida, y algunas mujeres fueron a pedir al capitán que las dejara ponerlos a cubierto, porque la cubierta se inundaba de agua, y que les diera comida y mantas para ellos, pero la información disponible indica que les denegó ambas cosas.

De acuerdo con la información reunida por Amnistía Internacional, en ningún momento las personas rescatadas llevaron a cabo durante el viaje una acción violenta contra el capitán, el primer oficial o alguno de los miembros de la tripulación. La única vez que se produjeron gritos y protestas fue cuando la gente comprendió que la estaban llevando de regreso a Libia. Tras prometer el primer oficial no ir a Libia y cambiar de rumbo, las personas rescatadas se calmaron. La información de los medios de comunicación sobre los testimonios prestados por la tripulación, los miembros de las Fuerzas Armadas de Malta y la policía maltesa en la investigación judicial confirmó que no se ejerció violencia contra nadie durante el viaje, aunque es posible que algunas de las personas refugiadas y migrantes golpearan los costados del barco con los puños para protestar cuando estaban en aguas libias porque temían por su vida si las devolvían a Libia. Según la información de los medios de comunicación sobre los testimonios prestados en la investigación judicial, es posible que lo golpes se dieran con instrumentos metálicos que la gente encontró en el barco y con las manos, pero no se tiene noticia de que se produjeran daños importantes en el barco.

A pesar de ello, El Hiblu 1 comunicó a las autoridades maltesas que las personas rescatadas habían tomado el control de barco y habían obligado a la tripulación a dirigirse a Malta, pese a las instrucciones de las autoridades maltesas de que no lo hiciera. Como los analistas y los gobiernos de Malta e Italia se apresuraron a hablar de “secuestro” y de “acto de piratería”, las autoridades maltesas enviaron una unidad de operaciones especiales de las Fuerzas Armada de Malta, a bordo de varias lanchas motoras y un helicóptero, a interceptar El Hiblu 1 en cuanto entró en aguas maltesas.

Los dos muchachos entrevistados por Amnistía Internacional explicaron que se habían asustado al ver subir a bordo a militares armados, pero que los soltados malteses los habían tratado bien. Una vez a bordo, los soldados malteses verificaron que ningún miembro de la tripulación ni ninguna de las personas rescatadas había comunicado ninguna lesión y que la situación en el barco estaba tranquila y bajo control, circunstancias que se confirmaron en la investigación judicial. Escoltaron el barco hasta Malta mientras realizaban a bordo investigaciones que condujeron a la identificación de cinco personas, entre ellas los tres jóvenes, como potencialmente responsables de actividades delictivas. Cuando el barco atracó en Boiler Wharf, Malta, las autoridades detuvieron a las cinco y llevaron a cuatro de ellas a una comisaría de policía e ingresaron a la otra en un hospital bajo custodia. Aunque dos de ellas, dos hombres, quedaron en libertad sin cargos poco después, los tres jóvenes fueron acusados de varios delitos graves, incluso en aplicación de la legislación antiterrorista, y los trasladaron a la prisión de Corradino, que es un centro de detención para adultos. Como dos de ellos eran menores de edad, los trasladaron entonces a un centro de detención de menores.

MOTIVOS DE PREOCUPACIÓN EN RELACIÓN CON LOS CARGOS PRESENTADOS CONTRA LOS TRES JÓVENES

En espera del acta de acusación formal, los tres adolescentes han sido acusados de:

  • Acto de terrorismo, que comporta el secuestro de un barco (Código Penal, art. 328A.1.b y 2.e)
  • Acto de terrorismo, que comporta la amplia destrucción de un bien privado (Código Penal, art. 328A.1.b y 2.d y k).
  • “Actividades terroristas”, que comportan la toma ilegal o el control de un barco por la fuerza o con amenaza (Código Penal, art.328A.4.i).
  • Detención ilegal, reclusión o confinamiento de personas y amenazas (Código Penal, arts. 86 y 87.2).
  • Detención ilegal, reclusión o confinamiento de personas con el fin de obligar a otra persona a realizar u omitir un acto que, si se hiciere voluntariamente, constituiría delito (Código Penal, art. 87.1.f).
  • Traslado ilegal de personas a un país extranjero (Código Penal, art. 90).
  • Violencia privada contra personas (Código Penal, art. 251.1 y 2).
  • Violencia privada contra bienes (Código Penal, art. 251.3).
  • Hacer temer a otros que se ejercerá violencia contra ellos o contra sus bienes (Código Penal, art. 251B).

Amnistía Internacional considera motivo de preocupación la severidad de los nueve cargos formulados contra los tres jóvenes, algunos de los cuales se refieren a delitos sumamente graves, tipificados incluso en la legislación antiterrorista y punibles con cadena perpetua. Los cargos parecen desproporcionados para los actos que se imputan a los acusados, pues hasta ahora no se ha desvelado ninguna prueba de conducta violenta o peligrosa contra personas. El uso de la legislación antiterrorista resulta especialmente problemático, como ha señalado también la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), que ha expresado honda preocupación por la exagerada severidad de los cargos y ha instado a las autoridades maltesas a reconsiderarlos.

Amnistía Internacional subraya que la Fiscalía General debe tener en cuenta si hay los motivos para descartar la responsabilidad penal, pues parece que los jóvenes actuaron razonablemente para defenderse y defender a otras personas refugiadas y migrantes de manera proporcionada al peligro que ellos y, de hecho, el resto de las personas refugiadas y migrantes habrían corrido si hubieran sido devueltos a Libia. La organización ha criticado reiteradamente la cooperación de los Estados y las instituciones de la UE con Libia para reducir la migración hacia Europa, debido al sufrimiento extremo causado a las personas refugiadas y migrantes interceptadas en el mar y desembarcadas en Libia, donde son sometidas sistemáticamente a detención arbitraria y en condiciones terribles y están expuestas a sufrir tortura, violación y varias formas de explotación. Está reconocido internacionalmente, incluso por la UE, que Libia no es un lugar seguro para el desembarco de personas refugiadas y migrantes rescatadas en el mar. La muerte reciente de un hombre sudanés, a quien mataron poco después de ser devuelto a Libia por la Guardia Costera Libia, es un ejemplo atroz de los peligros que corren las personas desembarcadas en Libia.

Al haber partido de Libia, las personas rescatadas por El Hiblu 1 tenían conocimiento de primera mano de la peligrosa situación de las personas refugiadas y migrantes en el país. Uno de los jóvenes entrevistados por Amnistía Internacional dijo: “Libia no es buena para la gente negra. Estuve allí 10 meses. En Libia te encierran en un cuarto, no en una cárcel de verdad, sin comida y con agua mala. Si mueres, te tiran al mar […] Me escapé de una ‘cárcel privada’ porque sabía que mi familia no tenía dinero para pagar.” 

Amnistía Internacional considera que el caso de los tres jóvenes acusados del presunto secuestro de El Hiblu 1 tiene que ser evaluado en este contexto. De hecho, incluso si en el juicio se determinara que los tres cometieron algún acto constitutivo de delito –algo que ellos niegan–, la fiscalía debería considerar si hay motivos para descartar la responsabilidad penal, causas para justificar esos actos o incluso circunstancias atenuantes. En realidad, tales actos se habrían cometido con el único fin de protegerse, y proteger a otras personas, del peligro inmediato de ser desembarcados en Libia y sometidos a detención arbitraria e indefinida en centros donde la tortura y otros malos tratos son endémicos. Al evaluar la proporcionalidad de las medidas tomadas, se debe prestar atención a la primacía de los derechos que estaban en peligro por la amenaza de desembarco en Libia. Amnistía Internacional desea subrayar que esta argumentación se ha aplicado ya en un asunto muy similar ante el Tribunal Penal de Trapani, Italia, que en mayo de 2019 declaró a dos acusados inocentes de todo delito porque habían actuado en legítima defensa al obligar a la tripulación de un barco de salvamento a no llevarlos a Libia.

Además, Amnistía Internacional señala que sigue habiendo dudas sobre la competencia de los tribunales malteses sobre unos sucesos ocurridos en un barco con pabellón de Palaos, en aguas territoriales libias y en alta mar.

MOTIVOS DE PREOCUPACIÓN EN RELACIÓN CON EL TRATO DISPENSADO A LOS TRES ADOLESCENTES EN MALTA Y SU ACCESO A UN JUICIO JUSTO

Tras el desembarco de las personas refugiadas y migrantes de El Hiblu 1, los tres jóvenes quedaron recluidos inicialmente en la sección de alta seguridad de la prisión de Corradino, que es un centro de detención para adultos. No los trasladaron a un centro de detención de menores hasta que se confirmó por medio de una evaluación oficial que tenían la edad declarada. Están detenidos en espera de juicio desde su desembarco, pues las autoridades maltesas se han negado reiteradamente a dejarlos en libertad con fianza.

En mayo, la OACNUDH expresó su preocupación por la reclusión inicial de los jóvenes en la sección de alta seguridad de una prisión para adultos y por el hecho de que no se hubieran asignado tutores legales a los dos menores de edad antes de su interrogatorio. En junio, el Comité de los Derechos del Niño, de la ONU, (CDN) también expresó su preocupación por el hecho de que se hubiera imputado a los dos menores ante un tribunal para adultos en vez de un tribunal de menores. Amnistía Internacional comparte la preocupación expresada por la OACNUDH y el CDN.

Amnistía Internacional teme también que la aplicación de la medida de detención de los tres adolescentes –que fueron rescatados tras haber pasado meses en Libia, incluso detenidos arbitrariamente, y que estuvieron a punto de sufrir un naufragio tras un terrible viaje– sea excesiva dadas las circunstancias y no se ajusta a las normas internacionales. La privación de la libertad sólo debe aplicarse como último recurso, durante el menor tiempo posible y con la condición de que se revise periódicamente con miras a anularla. Las normas sobre el uso de la detención son aún más estrictas en el caso de los menores objeto de procedimientos penales.

Amnistía ve también con preocupación que las autoridades maltesas hayan ordenado una evaluación suplementaria de la edad de los dos acusados declarados ya menores de edad tras una evaluación oficial de las autoridades maltesas competentes. Los resultados están pendientes, pero no se ha ofrecido a Amnistía Internacional una respuesta clara con respecto al motivo de solicitar esta segunda evaluación, a pesar de que la organización ha planteado la cuestión. Para Amnistía Internacional es también motivo de preocupación que no se permitiera a los abogados defensores visitar a sus clientes con intérpretes de su elección, y que los acusados fueran introducidos en el juzgado por la puerta principal, con el correspondiente riesgo para su derecho a la privacidad, al quedar expuestos a los periodistas y las cámaras, a pesar de que se había dictado una orden judicial para que se protegiera su identidad con arreglo al interés superior del niño en los juicios penales (Convención sobre los Derechos del Niño, art. 40).

Durante la visita que hizo a los dos adolescentes recluidos en el centro de detención de menores, Amnistía Internacional supo, con preocupación, que, en seis meses, el menor de ellos sólo había podido hablar por teléfono con su madre una vez, debido a problemas técnicos del proveedor del centro, cuya dirección confirmó que era así. La organización supo también con preocupación que el suministro de productos esenciales, como ropa y artículos básicos de aseo, a los niños detenidos depende de donaciones o de lo que les lleven sus familias, por lo que es imprevisible y pone en situación de desventaja a los menores extranjeros, que no pueden contar con sus familias para cubrir sus necesidades básicas.

LA MAYOR RESPONSABILIDAD MALTESA Y EUROPEA EN LA SITUACIÓN EN EL MEDITERRÁNEO CENTRAL

Las políticas europeas dirigidas a delegar las actividades de control de fronteras en Libia y contener a las personas refugias y migrantes allí, si tener en cuenta la horrible situación a que se enfrentan en este país asolado por un conflicto, son un factor que contribuyó directamente a lo ocurrido en El Hiblu 1. Las personas refugiadas y migrantes a bordo del barco no tenían ninguna buena opción para evitar ser sometidas a detención arbitraria, tortura y explotación. Aunque Libia no puede ser considerada un lugar seguro para desembarcar y devolver a personas refugiadas y migrantes allí constituye un incumplimiento del principio de no devolución (non-refoulement), los Estados miembros de la UE cooperan con la Guardia Costera Libia para que ésta intercepte a las personas en el mar y las lleve de regreso a Libia. Una parte fundamental de esta estrategia fue la declaración de una región de búsqueda y salvamento libia en el Mediterráneo central en junio de 2018, que supuso ceder a las autoridades libias la responsabilidad de coordinar las operaciones de salvamento dentro de la zona donde más naufragios se producen y de ordenar a los barcos de salvamento dónde desembarcar a las personas. Esta situación es un callejón sin salida para los capitanes de barcos privados, que tienen prohibido desembarcar a personas en Libia, pero reciben órdenes de hacerlo de las autoridades libias, y que pueden sufrir considerables retrasos e incluso ser objeto de demandas judiciales si se niegan a acatar las órdenes. Como consecuencia de ello, los capitanes tienden inevitablemente a no cumplir con su obligación de rescatar a las personas en peligro en el mar y llevarlas a un lugar seguro.

Al poner de relieve estas cuestiones y las terribles consecuencias que pueden sufrir las personas refugiadas y migrantes, Amnistía Internacional observa con preocupación el papel que desempeñan las autoridades europeas, en especial las de EunavforMed Sophia, al transmitir a los capitanes de los barcos las órdenes de desembarcar en Libia a las personas rescatadas. La organización considera que tal actuación, así como la asistencia en general que prestan los Estados miembros de la UE a Libia con el fin de contener allí a las personas refugiadas y migrantes, a pesar de las violaciones generalizadas de derechos humanos y del conflicto que asuela el país, puede comportar responsabilidad según el derecho internacional por ayudar a Libia en la comisión de violaciones de derechos humanos.

Aparte de la actual situación de los tres jóvenes contra quienes se han presentado cargos en Malta, Amnistía Internacional lamenta profundamente que seis personas que huyeron de Libia con ellos parezcan haberse perdido en el mar. Su decisión de quedarse en el bote neumático, a pesar de que se estaba hundiendo, para no ser llevadas de regreso a Libia da testimonio no sólo de los horrores que esperaban encontrar si volvían a este país, sino también de los terribles dilemas a los que tienen que hacer frente las personas abandonadas a su suerte en el mar, debido a las políticas migratorias de Europa, que dan prioridad a la protección de las fronteras por encima de las vidas humanas.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Amnistía Internacional considera motivo de gran preocupación el proceso penal abierto contra los tres jóvenes detenidos actualmente en Malta en relación con el incidente de El Hiblu 1. La organización considera que los cargos presentados contra ellos parecen desproporcionados respecto a los actos que se les imputan y recomienda que la Fiscalía considere debidamente el contexto en que tuvieron lugar –a saber, una situación en la que numerosas personas, entre las que había niños y niñas y personas con hijos e hijas de corta edad, corrían peligro inminente de ser devueltas a Libia y sufrir allí terribles abusos contra los derechos humanos– y, por consiguiente, la posible aplicación de motivos para descartar o mitigar la responsabilidad de tales actos, si se probaran en los tribunales.

Amnistía Internacional pide también a las autoridades maltesas competentes que se aseguren de que se respetan en la causa las garantías de juicio justo, incluso en relación con el uso de la detención, y de que los acusados tengan el debido acceso al ejercicio de sus derechos.

La organización pide además a los Estados miembros y las instituciones de la UE que reajusten su cooperación con Libia en materia de migración, garantizando el respeto de los derechos de las personas refugiadas y migrantes en el país.

Por último, Amnistía Internacional pide a los países con representación diplomática en Malta que se planten asistir como observadores al juicio con miras a ayudar a Malta a cumplir con las obligaciones y normas de derecho internacional pertinentes.

RECOMENDACIONES DE AMNISTÍA INTERNACIONAL:

A la Fiscalía General:

  • Plantearse retirar los cargos presentados contra los adolescentes involucrados en el incidente de El Hiblu 1, que son desproporcionados con respeto a los actos que se les imputan, y plantearse aplicar motivos para descartar o mitigar la responsabilidad penal de los actos delictivos, si se probaran en los tribunales.

A las autoridades judiciales y policiales de Malta:

  • Garantizar que sólo se aplicará la prisión preventiva como medida de último recurso, durante el menor tiempo posible y con la condición de que se revise periódicamente con miras a anularla y que los acusados tienen el debido acceso al ejercicio de sus derechos, entre ellos a hablar con su abogado por medio de un intérprete de su elección, comunicarse con sus familias y recibir artículos básicos de primera necesidad, de conformidad con las normas internacionales sobre el trato debido a las personas presas y a los niños y niñas detenidos.
  • Con respecto a los dos menores procesados, garantizar que se hace valer el interés superior del niño y que el trato que reciben en todas las fases del procedimiento es consecuente con las obligaciones contraídas por Malta en virtud de la Convención de la ONU sobre los Derechos del Niño.

A los Estados miembros y las instituciones de la UE:

  • Reajustar su cooperación con Libia, centrándose en la necesidad de proteger los derechos humanos de la población civil, incluidas las personas refugiadas y migrantes, y condicionando la continuación de la asistencia en el control de fronteras a la adopción de medidas concretas y verificables para garantizar el respeto de los derechos de las personas refugiadas y migrantes en el país.
  • Abstenerse de toda acción que pueda dar lugar a que se contenga en Libia o se haga regresar allí a las personas refugiadas y migrantes y establecer un mecanismo previsible para el desembarco y reubicación en Europa de personas rescatadas en el mar.
  • Dictar directrices donde se manifieste claramente que los capitanes de barco no deben devolver a personas refugiadas y migrantes a Libia, dado que no es un lugar seguro para el desembarco y que los riesgos para la vida de esas personas están determinados y son bien conocidos.

A todos los países con representación diplomática en Malta:

  • Plantearse asistir como observadores al juicio con miras a ayudar a Malta a cumplir con las obligaciones y normas de derecho internacional pertinentes.
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