De Stefan Simanowitz, Regional Media Editor at Amnesty International,
Al igual que cuando se espera ese autobús que no acaba de llegar, parece que pueden pasar años hasta que se resuelve un proceso emblemático de la justicia internacional, y entonces nos encontramos con cuatro a la vez.
Se mire por donde se mire, en las últimas semanas se han producido novedades notables en la justicia internacional.
El 24 de marzo, el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (TPIY) declaró culpable a Radovan Karadžićde genocidio y otros crímenes de guerra cometidos durante la guerra en Bosnia y Herzegovina, incluida la matanza de más de 7.000 hombres y jóvenes en Srebrenica.
Este proceso puede que haya acaparado las portadas de la prensa, pero llega en medio de una actividad frenética y de otros hitos judiciales en la Corte Penal Internacional (CPI), en La Haya.
El 21 de marzo, la Corte declaró culpable a Jean-Pierre Bemba Gombo de los actos delictivos que cometieron sus tropas bajo su control efectivo en la República Centroafricana entre 2002 y 2003. Jean-Pierre Bemba fue vicepresidente de República Democrática del Congo, pero los crímenes se cometieron cuando encabezaba una milicia en la oposición.
No sólo ha sido la primera vez que la Corte declara a alguien culpable de violación como crimen de guerra y crimen contra la humanidad, sino también ha sido la primera sentencia condenatoria en el derecho penal internacional que tipifica la violación de hombres como violencia sexual. Además, ha sido la primera sentencia condenatoria que dicta la Corte basándose en la responsabilidad de mando, es decir, que se puede procesar penalmente a quienes tienen autoridad por los actos de las personas bajo su mando. En el juicio de Jean-Pierre Bemba Gombo participaron más de 5.000 víctimas, una cantidad sin precedentes en ningún otro proceso ante la Corte.
El 23 de marzo, la Corte resolvió que había pruebas suficientes para procesar al ex comandante del Ejército de Resistencia del Señor (Lord’s Resistance Army, LRA), Dominic Ongwen. La Sala de Cuestiones Preliminares confirmó los 70 cargos por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad presuntamente cometidos en Uganda entre 2002 y 2005, entre los cuales se incluyen el asesinato, la violación, la esclavitud sexual y el reclutamiento y uso de niños y niñas soldados. Será la primera persona juzgada por embarazo forzado en aplicación del derecho penal internacional y también la primera en afrontar ante la Corte cargos por matrimonio forzado.
El caso presenta además la novedosa circunstancia de que Dominic Ongwen fue niño soldado, lo que lo convierte en víctima y perpetrador. Por otra parte, el caso es aún más significativo porque aunque Uganda ha expresado críticas repetidas veces contra la Corte, sí cooperó en el traslado de Dominic Ongwen a La Haya en 2015 en vez de intentar juzgarlo en el país.
Al día siguiente del fallo del caso de Ongwen, la Corte confirmó que enjuiciaría al yihadista de Malí Ahmad Al Faqi Al Mahdi, presunto líder de Ansar Dine, movimiento principalmente tuareg asociado a Al Qaeda en el Magreb Islámico, por “el crimen de guerra de dirigir intencionalmente ataques contra edificios dedicados a la religión y contra monumentos históricos”: Ahmad Al Faqi Al Mahdi ha afirmado que se declarará culpable de los cargos, que lo relacionan con ataques a varias mezquitas y mausoleos de Tombuctú en 2012. Sería la primera vez que alguien afronta cargos ante la CPI o cualquier otro tribunal por la destrucción de bienes de importancia cultural.
Puede que sea una mera coincidencia que todas estas causas se hayan visto en la misma semana, pero transmite el mensaje claro de que a las personas con autoridad que cometen atrocidades o las permiten al final se las hará rendir cuentas por ello. Pueden huir, en algunos casos durante décadas e incluso bajo una identidad falsa, como hizo Karadžić, pero la CPI está demostrando inequívocamente que no pueden escapar de la justicia para siempre.
Algunas de las víctimas de Bosnia y Herzegovina se muestran insatisfechas con la pena de 40 años dictada por el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, dada la gravedad de los crímenes por los que Karadžić ha sido declarado culpable. Dos décadas después de la guerra en Bosnia y Herzegovina, miles de personas continúan desaparecidas y la mayoría de perpetradores aún no han sido llevados ante la justicia. Sin embargo, la sentencia de la semana pasada supone un hito significativo para el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, que se acerca al final de su mandato. También es un momento importante en los procesos que se siguen ante la CPI porque la Corte, que depende totalmente de los Estados para llevar a cabo sus órdenes de detención, afronta retos políticos y económicos crecientes.
El ámbito de la jurisdicción del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia es limitado en el espacio y el tiempo, mientras que la Corte Penal Internacional se prevé que sea un tribunal permanente que garantice justicia a las víctimas de crímenes de derecho internacional. Por desgracia, los ataques a la Corte se han intensificado en el último año. Kenia y Sudáfrica han manifestado recientemente que podrían denunciar el Estatuto de la CPI y la Unión Africana ha apoyado la consideración de un plan para la posible retirada de la Corte de sus Estados miembros.
Ante estas circunstancias, es imprescindible reconocer que la Corte, como vía principal hacia la justicia para muchas víctimas, es hoy más importante que nunca. Más de 10.000 víctimas han entablado procedimientos en la CPI hasta ahora en países como Afganistán, Colombia, Libia, México, Palestina, Siria, Sudán, Sudán del Sur y Ucrania. A pesar de ello, desde que se constituyó en 2002, sólo se han abierto 10 investigaciones oficiales y se han realizado siete exámenes preliminares más. Se han confirmado cargos ante la CPI contra 39 personas, entre ellas el líder rebelde de Uganda Joseph Kony, el presidente de Sudán Omar al-Bashir y el ex presidente de Costa de Marfil Laurent Gbagbo.
El derecho internacional y los medios por los cuales se aplica distan mucho de ser perfectos, pero siguen siendo el mejor mecanismo que tiene el mundo para afrontar la impunidad, garantizar la rendición de cuentas y ofrecer justicia a las víctimas de genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Los avances recientes han demostrado que pueden ser efectivos.