A general view shows a United Nations Security Council meeting during a vote on a draft resolution calling for an immediate end to violence in Myanmar and release of political prisoners, at the UN headquarters in New York on December 22, 2022. – The UN Security Council called for Myanmar’s junta to release Aung San Suu Kyi as it adopted its first ever resolution on the situation in the turmoil-ridden Southeast Asian country. (Photo by Ed JONES / AFP) (Photo by ED JONES/AFP via Getty Images)
En respuesta a la última condena de siete años de prisión impuesta a Aung San Suu Kyi por presunta corrupción, Meg de Ronde, directora regional de Amnistía Internacional, declaró:
“De principio a fin, los procesos amañados que se han seguido contra Aung San Suu Kyi han sido de motivación política, injustos y carentes del más mínimo ápice de transparencia. Lo mismo ocurre con los cargos contra los miles de otras personas que se consumen entre rejas en las conocidas prisiones y centros de interrogatorio de todo Myanmar.”
“Desde que tomaron el poder hace casi dos años, las fuerzas armadas de Myanmar han convertido el sistema de tribunales y prisiones en un infierno para los derechos humanos en el que periodistas, activistas, políticos, médicos, manifestantes y muchas otras personas son encarceladas únicamente por expresar su disidencia pacíficamente.”
“El hecho de que este veredicto se haya dictado menos de 10 días después de una amonestación poco frecuente del Consejo de Seguridad de la ONU exigiendo el fin de la violencia y la excarcelación de los presos y presas que están recluidos arbitrariamente demuestra que es necesario —urgente— ejercer más presión sobre el ejército de Myanmar.”
“El Consejo de Seguridad de la ONU debe imponer un embargo de armas integral, incluso al combustible para la aviación, y sanciones específicas a los dirigentes militares. La comunidad internacional puede y debe hacer más para apoyar a la población de Myanmar.”
Información complementaria:
Tras la última declaración de culpabilidad dictada contra la dirigente civil derrocada Aung San Suu Kyi el 30 de diciembre de 2022, ésta se enfrenta a 33 años de prisión, según informes. Suu Kyi fue detenida arbitrariamente al inicio del golpe, el 1 de febrero de 2021.
Según la Asociación de Apoyo a los Presos Políticos, las fuerzas armadas de Myanmar han detenido a más de 16.000 personas desde el inicio del golpe. También han ejecutado a cuatro personas en su primer uso de la pena de muerte desde hacía decenios.