Dentro de las actividades convocadas para expresar oposición a la Ley 840, el marco legal del Gran Canal Interoceánico de Nicaragua, cientos de residentes de 21 comunidades de todo el país se manifestarán el 31 de agosto para expresar su preocupación por los posibles efectos del canal en sus derechos y medios de vida, y para instar a las autoridades a que garanticen la protección y el respeto de los derechos humanos de las comunidades afectadas.
El 7 de abril de 2016, un grupo de ciudadanos presentó ante la primera secretaría de la Asamblea Nacional una iniciativa ciudadana para la derogación del marco legal del Gran Canal (Ley 840), junto con documentación complementaria y 6.933 firmas de apoyo. Ese mismo mes, tanto la primera secretaría como el comité ejecutivo de la Asamblea Nacional rechazaron la propuesta, alegando que era inadmisible, al no ser de su competencia.
En la propuesta, los firmantes afirman que la construcción y ejecución del Gran Canal afectará a comunidades enteras, en las que viven campesinos, indígenas y afrodescendientes, así como a comunidades establecidas históricamente en las tierras en cuestión, que podrían ser desplazadas en el proceso de expropiación. Según los solicitantes, esto tendría un impacto definitivo en la vida económica y cultural de las comunidades, las familias y las personas. Por otra parte, conllevaría cambios en sus medios de vida y rompería redes familiares y comunitarias, propiciaría el empobrecimiento de la población afectada y tendría un impacto en los recursos naturales, zonas de conservación incluidas.
Las manifestaciones se harán en el contexto de un recurso de amparo presentado en mayo de 2016 por miembros del Consejo Nacional para la Defensa de la Tierra, Lago y Soberanía en el que se denuncian los perjuicios causados por la decisión del Comité Ejecutivo de no tramitar la iniciativa ciudadana. Debido a que las autoridades judiciales todavía no han resuelto el recurso de amparo, el Consejo ha manifestado que presentará una declaración escrita sobre el retraso ante la Corte Suprema de Justicia.
A Amnistía Internacional le preocupa la ausencia de información detallada sobre el proyecto y las medidas que el gobierno tiene intención de adoptar para garantizar que los derechos de las comunidades afectadas reciben el respeto y la protección debidos.
Además, Amnistía Internacional insta al gobierno de Nicaragua a que proteja adecuadamente el derecho a la libertad de expresión y a la reunión pacífica de todas las personas, y a que garantice que se consulta debidamente a todas las comunidades que podrían verse afectadas por la construcción del Gran Canal, incluido el derecho de los pueblos indígenas al consentimiento libre, previo e informado.