La rehabilitación de un general del ejército nigeriano implicado en el asesinato masivo de centenares de detenidos resalta aún más la colosal ausencia de medias del gobierno para acabar con la impunidad de los crímenes de guerra en los niveles superiores, ha manifestado Amnistía Internacional.
En junio del año pasado, Amnistía Internacional mencionó al general de división Ahmadu Mohammed, junto con otros ocho altos mandos militares, para pedir una investigación sobre su posible responsabilidad penal en crímenes de guerra entre los que figuran las muertes de más de 8.000 detenidos.
El general Ahmadu estaba al mando de la 7ª División y era responsable de las operaciones cuando el ejército ejecutó a más de 640 detenidos tras un ataque de Boko Haram contra el centro de detención del cuartel de Giwa el 14 de marzo de 2014. Fue apartado de su cargo en 2014 por otras razones, pero este mes ha sido rehabilitado.
En un minucioso informe, la organización expuso una serie de crímenes de guerra y posibles crímenes de lesa humanidad cometidos por el ejército en el curso de sus operaciones contra Boko Haram. Determinó que, desde marzo de 2011, más de 7.000 personas habían muerto de hambre, asfixiadas y torturadas en campos militares de detención. A 1.200 más las habían detenido y ejecutado ilegítimamente.
“El general Mohammed debe ser investigado por haber participado, aprobado o no impedido la muerte de centenares de personas”, ha señalado Salil Shetty, secretario general de Amnistía Internacional.
“Eran jóvenes y niños detenidos por el ejército y que murieron a tiros, de hambre, asfixiados o torturados, pero aún no se ha hecho rendir cuentas a nadie. Es impensable que el general Mohammed retome el mando de las tropas sin que se haya iniciado siquiera una investigación.”
El informe, titulado Stars on their shoulders, blood on their hands: War crimes committed by the Nigerian military, estaba basado en años de investigación y análisis de pruebas, incluidos correspondencia e informes militares filtrados, así como entrevistas con más de 400 víctimas, testigos presenciales y algos cargos de las fuerzas de seguridad nigerianas.
En un minucioso informe, la organización expuso una serie de crímenes de guerra y posibles crímenes de lesa humanidad cometidos por el ejército en el curso de sus operaciones contra Boko Haram. Determinó que, desde marzo de 2011, más de 7.000 personas habían muerto de hambre, asfixiadas y torturadas en campos militares de detención. A 1.200 más las habían detenido y ejecutado ilegítimamente.
Nombraba en él a nueve mandos militares nigerianos a los que se debía investigar por su posible responsabilidad individual y como superiores en los crímenes cometidos.
Horas después de la publicación del informe el 3 de junio, el presidente Buhari respondió personalmente en Twitter, afirmando: “Les aseguro que se examinará su informe […] Este gobierno no escatimará esfuerzos para promover el Estado de derecho y abordar todos los casos de abusos contra los derechos humanos.”
Asimismo, el presidente anunció el 12 de junio de 2015 que la investigación de la responsabilidad penal de los abusos documentados en el informe de Amnistía Internacional iba a ser lo primero que hiciese el fiscal general. Esa investigación no ha comenzado aún.
Desde la publicación del informe, cuatro de los mandos militares mencionados se han retirado. Otros dos se habían retirado ya antes de la publicación. Se desconoce la situación actual de dos generales de brigada. El general Mohammed fue retirado de su cargo el 16 de mayo de 2014, dos días después de que, según informes, se amotinaran sus hombres. Amnistía Internacional conoció la noticia de su rehabilitación el 17 de enero.
“Siete meses después de la publicación de esos terribles descubrimientos y de la promesa presidencial de examinarlos, continuamos pidiendo que se inicien con urgencia investigaciones”, ha explicado Salil Shetty.
“Los responsables de los crímenes descritos en el informe de Amnistía Internacional deben rendir cuentas, cualquiera que sea su rango o cargo. Sólo así podrá haber justicia para los muertos y sus familiares.”
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
En noviembre de 2015, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional identificó dos posibles casos de crímenes de lesa humanidad crímenes de guerra cometidos por el ejército nigeriano. Están relacionados con la detención, tortura y muerte bajo custodia de presuntos miembros de Boko Haram y con ejecuciones extrajudiciales, entre ellas las muertes, el 14 de marzo de 2014, de ex detenidos a quienes se había vuelto a capturar.
La fiscal de la Corte está evaluando la admisibilidad de los posibles casos a fin de determinar si se cumplen los criterios para iniciar una investigación.
El informe de Amnistía Internacional sobre las violaciones de derechos humanos del ejército se publicó el 3 de junio de 2015. Basándose los datos desvelados en él, la organización cree que debe investigarse a los militares que se indican a continuación por posible responsabilidad individual y como superiores en los delitos de asesinato, desaparición forzada y tortura mencionados en el informe:
General de división Ahmadu Mohammed, rehabilitado.
Fue comandante de la 7ª División desde el 24 de febrero hasta el 16 de mayo de 2014. Durante este periodo, Amnistía Internacional siguió documentando detenciones arbitrarias y reclusión ilegítima de miles de personas en condiciones inhumanas, la muerte bajo custodia de un gran número de detenidos y ejecuciones extrajudiciales cometidas por tropas bajo el mando del general Mohammed. Además, el general de división Ahmadu Mohammed estuvo a cargo de las operaciones militares cuando, tras un ataque de Boko Haram contra el cuartel de Giwa, el ejército nigeriano ejecutó a más de 640 ex detenidos. El general Mohammed fue rehabilitado en enero de 2016 y está a la espera de que se le asigne destino.
General de división John A. H. Ewansiha, retirado en la actualidad.
Fue el general al mando de la operación Restaurar el Orden I (ORO) y de la operación BOYONA entre enero de 2012 y agosto de 2013. Como general al mando de ORO y de BOYONA estaba informado de la detención arbitraria y la reclusión ilegítima de miles de personas en condiciones inhumanas, la muerte bajo custodia de un gran número de detenidos y las ejecuciones extrajudiciales cometidas en zonas bajo su mando de los estados de Borno, Yobe y Adamawa.
Recibió informes periódicos en los que se indicaba la comisión de estos delitos por sus subordinados y no tomó medidas para detenerlos ni prevenirlos, ni tampoco para hacer rendir cuentas a los responsables. En agosto de 2013 pasó a ser jefe de Normas y Evaluación y jefe de Adiestramiento y Operaciones en el Cuartel General del Ejército.
General de división Obida T Ethan, retirado en la actualidad.
Fue comandante de la 7ª División desde el 22 de agosto de 2013 hasta el 1 de enero de 2014. El general Ethan sucedió al general Ewansiha al mando de las operaciones militares en los estados de Adamawa, Borno y Yobe en agosto de 2013. Durante este periodo, Amnistía Internacional siguió documentando detenciones arbitrarias y reclusión ilegítima de miles de personas en condiciones inhumanas, la muerte bajo custodia de un gran número de detenidos y ejecuciones extrajudiciales cometidas por tropas bajo el mando del general Mohammed.
General de brigada Austin O. Edokpayi, en situación desconocida.
Estuvo al mando de la Fuerza de Tareas Multinacional de Baga al menos desde abril de 2013 hasta diciembre del mismo año, periodo en el que los soldados nigerianos fueron responsables de detenciones arbitrarias y reclusiones ilegítimas, de la ejecución extrajudicial de más de 185 personas en abril de 2013 y de muertes bajo custodia en el centro de detención de Baga.
General de brigada Rufus O. Bamigboye, en situación desconocida.
Fue comandante de la 21ª Brigada Acorazada, destacada en el cuartel de Giwa desde febrero de 2012 hasta septiembre de 2013. Estuvo a cargo del cuartel durante el periodo en el que murieron bajo custodia al menos 5.000 personas y cuando la tortura y los malos tratos eran habituales. En diciembre de 2013 fue ascendido a director adjunto de Operaciones en el Cuartel General de la Defensa. Según los medios de comunicación, el general Bamigboye fue nombrado jefe del Estado Mayor de la 81ª División en julio de 2015. Amnistía Internacional no ha podido verificar su situación actual.
Asimismo, Amnistía Internacional cree que debe investigarse a los mandos militares de alto nivel que se indican a continuación por su posible responsabilidad como superiores en delitos cometidos por sus subordinados, dado que tenían o deberían haber tenido conocimiento de la comisión de los delitos y no tomaron las debidas medidas:
Teniente general Azubuike Ihejirika. Fue jefe del Estado Mayor del Ejército desde septiembre de 2010 hasta que se retiró, en enero de 2014.
Almirante Ola Sa’ad Ibrahim. Fue jefe del Estado Mayor de la Defensa desde el 4 de octubre de 2012 hasta que se retiró, en enero de 2014.