(Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional)
“Se atrevieron a cometer un asesinato en suelo turco. Creyeron que, si salía a la luz, podrían comprar la manera de salir impunes.”
Estas son palabras de Yasin Aktay, uno de los principales asesores del presidente Erdogan y vicepresidente del partido gobernante AKP, en su discurso de 2020 por el segundo aniversario del asesinato del periodista disidente saudí Jamal Khashoggi.
Aktay arremetió contra el sistema judicial saudí, afirmando que no se puede confiar en que haga justicia con Jamal, y elogió a los tribunales turcos por llevar adelante el caso. Se debe elogiar al presidente Erdogan, dijo, por no permitir que el asesinato de Khashoggi sea una “moneda de cambio político” y por centrarse “únicamente en buscar justicia”.
La semana pasada, tras la decisión del tribunal que instruye el caso de pedirle su opinión sobre si debe detener el juicio, Bekir Bozdag, ministro de Justicia de Turquía, respondió que el gobierno turco recomendará la suspensión del juicio in absentia contra los 26 ciudadanos saudíes acusados del asesinato del periodista Jamal Khashoggi y la remisión del caso a Arabia Saudí. Es probable que un tribunal turco apruebe mañana esta decisión.
Como ha reconocido el propio gobierno del ministro, transferir el caso del asesinato de Jamal Khashoggi a Arabia Saudí es tomar la decisión consciente e intencionada de que las autoridades saudíes lo encubran. Al fin y al cabo, el sistema saudí ha rehusado repetidamente cooperar con la fiscalía turca. Está claro que un tribunal saudí no puede impartir justicia en este caso, ni la impartirá.
Entonces, ¿qué puede haber detrás de este cambio radical?
Como ex relatora especial de las Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, he investigado este caso desde el principio. Desde el momento en que Jamal Khashoggi entró en el consulado saudí en Estambul en 2018, la realpolitik y los intereses políticos han camuflado, distorsionado y definido la forma en la que se le ha tratado, su brutal asesinato, el paradero de sus restos y la búsqueda posterior de justicia, verdad y reconciliación.
En 2019, en el simulacro de juicio en Arabia Saudí, los acusados no negaron haber matado a Jamal Khashoggi, y los sicarios —cuyas identidades no se revelaron en el juicio— fueron declarados culpables. En 2020, un tribunal saudí anuló seguidamente las condenas a muerte, las conmutó por penas de 20 años y condenó a otros tres a entre siete y diez años.
Pese a ello, los individuos que abusaron de las responsabilidades de sus posiciones de poder o no cumplieron con ellas ni siquiera han sido identificados. Fue una ejecución extrajudicial patrocinada por el Estado, pero los más altos cargos del Estado responsables de ordenarla y garantizar su encubrimiento no han rendido cuentas.
Las autoridades saudíes afirman que se trató de una “operación no autorizada”. Sin embargo, en el derecho internacional, una operación de este tipo tiene una definición estricta, y el asesinato de Jamal Kashoggi no se ajusta a esa definición. Por el contrario, cada uno de los aspectos de este crimen implican la responsabilidad del Estado saudí. Los integrantes del equipo encargados del asesinato eran funcionarios del Estado saudí. El equipo fue enviado en misión oficial a Turquía. Los que ejecutaron el asesinato contaron con recursos del Estado saudí: Entraron en Turquía en un avión que contaba con autorización diplomática; dos miembros del equipo tenían pasaportes diplomáticos. Perpetraron el asesinato en el interior del consulado saudí. Se envió a Turquía un equipo de seguimiento de 17 funcionarios estatales saudíes para limpiar la escena del crimen.
No fue una acción no autorizada cometida por unos cuantos individuos descontrolados. Todos los elementos de la operación demuestran la responsabilidad del Estado de Arabia Saudí.
Cuando se inició la búsqueda de justicia, quedó claro —también para las autoridades turcas—, que había pocas esperanzas de que se hiciera justicia en un tribunal saudí. Por lo tanto, se inició un juicio in abstentia (juicio que se celebra en ausencia del acusado) en Turquía. Los juicios in absentia están siempre sujetos a la condición de que se conceda un nuevo juicio ante un nuevo tribunal tras la detención de un acusado condenado in absentia.
Pero dos años después, la petición de la fiscalía turca de detener el juicio y la rapidez con la que el gobierno ha decidido transferir el caso a Arabia Saudí —y la rapidez de respuesta del Ministerio de Justicia cuando el Tribunal se lo pidió—, sugieren que hay una dinámica política de alto nivel en juego.
Si el caso realmente se transfiere a Arabia Saudí, será un día triste para las personas allegadas de Jamal. Será un día triste para las personas que llevan más de tres años haciendo campaña para que se haga justicia por su asesinato. Sería un día vergonzoso para Turquía, por tratarse de un retroceso en el compromiso público del gobierno de Erdogan de garantizar que se haga justicia por el espantoso asesinato de Jamal Khashoggi. Todas las personas que han estado esperando a que saliera a la luz toda la verdad ante un tribunal de justicia constituido debidamente, imparcial e independiente, se preguntarán ahora, con razón, qué ha cambiado desde aquellos elevados compromisos de Yasin Aktay, hace poco más de dos años, de que sólo la búsqueda de la justicia motivaría las acciones de su gobierno.
En su decisión de transferir el caso del asesinato de Jamal Khashoggi a Arabia Saudí, Turquía está decidiendo devolverlo a sus responsables. Es una garantía segura y cierta de que sólo prevalecerán la injusticia y la impunidad.
De hecho, en palabras de un proverbio turco, Kurda kuzu emanet edilmez: nunca confíes en el lobo para vigilar al cordero.