En un informe publicado hoy, Amnistía Internacional ha afirmado que fuerzas peshmerga del Gobierno Regional del Kurdistán y milicias kurdas del norte de Irak han demolido, volado e incendiado miles de casas en un intento evidente de desarraigar a las comunidades árabes como represalia por su supuesto apoyo al denominado Estado Islámico.
El informe, Banished and dispossessed: Forced displacement and deliberate destruction in northern Iraq (“Desterrados y desposeídos: desplazamiento forzado y destrucción deliberada en el norte de Irak“), se basa en una investigación de campo realizada en 13 pueblos y ciudades y en testimonios de más de 100 testigos presenciales y víctimas de desplazamiento forzado. Las conclusiones del informe quedan confirmadas por imágenes de satélite que revelan la destrucción generalizada llevada a cabo por fuerzas peshmerga o, en algunos casos, por milicias yazidíes y grupos armados kurdos de Siria y Turquía coordinados con las fuerzas peshmerga.
“El ejército del Gobierno Regional del Kurdistán parece estar impulsando una campaña para desplazar a la fuerza a las comunidades árabes, destruyendo pueblos enteros en áreas arrebatadas al Estado Islámico en el norte de Irak. El desplazamiento forzado de la población civil y la destrucción deliberada de casas y propiedades sin una justificación militar pueden constituir crímenes de guerra,” afirma Donatella Rovera, asesora general de Amnistía Internacional sobre respuesta a las crisis, que ha llevado a cabo la investigación sobre el terreno en el norte de Irak.
Las fuerzas del ejército del Gobierno Regional del Kurdistán también impiden a los residentes árabes que huyeron de sus hogares regresar a las zonas recuperadas.
“Decenas de miles de civiles árabes que se vieron obligados a huir de sus casas a causa de los combates luchan ahora por sobrevivir en campamentos improvisados en condiciones desesperadas. Muchos han perdido sus medios de vida y todas sus pertenencias y, al haber perdido sus casas, no tienen donde regresar. Al impedir que las personas desplazadas regresen a sus pueblos y al destruir sus casas, el ejército del Gobierno Regional del Kurdistán sigue exacerbando su sufrimiento”, sostiene Donatella Rovera.
El informe revela indicios de desplazamiento forzado y destrucción a gran escala de viviendas en pueblos y ciudades en las gobernaciones de Ninewa, Kirkuk y Diyala, que las fuerzas peshmerga recuperaron del Estado Islámico entre septiembre de 2014 y marzo de 2015.
A pesar de que representantes del Gobierno Regional del Kurdistán han justificado el desplazamiento de comunidades árabes aduciendo motivos de seguridad, parece que se está empleando para castigarlas por su supuesta simpatía hacia el Estado Islámico y para consolidar conquistas territoriales en “zonas en disputa” que las autoridades del Gobierno Regional del Kurdistán hace tiempo que reclaman como legítimamente suyas. Es parte de un intento de revertir abusos cometidos en el pasado por el régimen de Sadam Husein, que desplazó a la fuerza a los kurdos y colonizó la región con población árabe.
“El ejército del Gobierno Regional del Kurdistán tiene el deber de procesar en juicios con las debidas garantías a las personas sospechosas de haber instigado y secundado crímenes cometidos por el Estado Islámico. Pero no debe castigar a comunidades enteras por crímenes perpetrados por algunos de sus miembros o sobre la base de sospechas vagas, discriminatorias e infundadas de que apoyan al Estado Islámico”, sostiene Donatella Rovera.
Las imágenes de satélite confirman los indicios de destrucción masiva
Miles de residentes de pueblos árabes cercanos a Jalawla, en el este de la gobernación de Diyala, huyeron cuando los combatientes del Estado Islámico atacaron la zona en junio de 2014. Más de un año después de que las fuerzas peshmerga la recuperaran, las personas residentes no pueden regresar y los pueblos han sido prácticamente destruidos.
Maher Nubul, padre de 11 hijos que huyó de su pueblo, Tabaj Hamid, en agosto de 2014, afirma que los peshmerga lo “arrasaron” tras volver a tomarlo cuatro meses después.
“Lo único que sé es que cuando los peshmerga recuperaron el pueblo las casas estaban en pie. No podíamos regresar, pero se veía claramente desde la distancia. Y luego demolieron el pueblo, no sé por qué. No queda nada. Lo destruyeron todo sin ningún motivo”, dijo.
Los investigadores de Amnistía Internacional que visitaron la zona en noviembre de 2015 constataron que el pueblo había sido arrasado hasta los cimientos. Las imágenes de satélite obtenidas por la organización también mostraron que no quedaba una sola estructura en pie.
En Jumeili, los investigadores confirmaron que la mayor parte del pueblo había quedado reducida a escombros. Estas conclusiones también están respaldadas por las pruebas aportadas por las imágenes de satélite que muestran que el 95 % de todos los muros y estructuras bajas habían sido destruidos. Los tejados y ventanas de las estructuras que siguen en pie han resultado dañados o han sido destruidos.
Las imágenes de satélite también muestran posibles huellas de excavadoras en los dos pueblos, cerca de las pilas de escombros y cascotes que ocupan el lugar donde estaban los edificios.
Las imágenes de satélite también proporcionaron indicios de destrucción masiva en dos pueblos cercanos, Bahiza y Tubaykh.
Amnistía Internacional también halló pruebas de destrucción masiva reiterada y premeditada de casas y propiedades en pueblos árabes bajo control peshmerga en la gobernación iraquí noroccidental de Ninewa.
“Después de que nuestras casa fueran incendiadas, estábamos preparados para arremangarnos y repararlas, pero los peshmerga no nos permitieron regresar y luego las milicias yazidíes volvieron y lo demolieron y destruyeron todo, incluso nuestros huertos; no dejaron nada que pudiéramos recuperar”, afirma Ayub Salah, residente de Sibaya, en el noreste de las montañas de Sinyar.
En Sibaya y en cuatro pueblos árabes cercanos —Chiri, Sayir, Umm Khabari y Khazuqa— la mayoría de las casas fueron incendiadas en enero de 2015 por miembros de las milicias yazidíes y combatientes de grupos armados sirios y kurdos de Turquía que actuaban en la región de Sinyar. Cinco meses después, los responsables regresaron con excavadoras y las destruyeron.
Amnistía Internacional visitó la zona en noviembre de 2015 y halló los pueblos en gran parte destruidos.
En una visita previa realizada en abril de 2015, muchas casas habían sido saqueadas e incendiadas, pero seguían en pie.
Las imágenes de satélite de cuatro de los cinco pueblos también muestran que han sido casi totalmente destruidos.
En Sibaya, por ejemplo, de un total estimado de 897 estructuras, más de 700 resultaron dañadas o fueron destruidas.
En el cercano pueblo árabe de Barzanke, donde prácticamente cada casa ha sido destruida, los peshmerga trataron de atribuir este hecho a los combatientes del Estado Islámico, a pesar de que no había ninguna prueba que sustentara su acusación y de que sus propios aliados admitieran haber destruido el pueblo para asegurarse de que los residentes árabes no tuvieran ningún lugar al que regresar.
Al menos en dos ocasiones, poco después de llegar a pueblos destruidos, los investigadores de Amnistía Internacional fueron aprehendidos por peshmerga, que los escoltaron fuera de la zona y les impidieron tomar fotografías.
Acabar con la destrucción ilegítima y el desplazamiento forzado
Las autoridades del Gobierno Regional del Kurdistán han hecho frente a desafíos humanitarios y de seguridad sin precedentes, ya que cientos de miles de personas han buscado refugio en zonas bajo su control a raíz de que en 2014 el Estado Islámico tomara gran parte del norte de Irak. No obstante, estas difíciles circunstancias no pueden servir de excusa para la destrucción premeditada y otros abusos cometidos por las fuerzas del Gobierno Regional del Kurdistán y otras milicias documentados en el presente informe.
“El Gobierno Regional del Kurdistán debe detener inmediatamente la destrucción ilegítima de casas y propiedades civiles y debe ofrecer reparación plena a todos los civiles cuyas casas hayan sido demolidas o saqueadas. Los civiles desplazados a la fuerza deben poder regresar a sus hogares lo antes posible”, declara Donatella Rovera.
“Los peshmerga no deben permitir a los grupos armados y milicias aliados en la lucha contra el Estado Islámico cometer semejantes abusos. Controlan la zona desde que la recuperaron del Estado Islámico en diciembre de 2014 y tienen la responsabilidad de garantizar la protección de todas las comunidades.
“También es vital que la comunidad internacional —incluidos los miembros de la coalición liderada por Estados Unidos que combaten al Estado Islámico, como Reino Unido, Alemania y otros países que apoyan a las fuerzas peshmerga— condene públicamente todas las violaciones del Derecho Internacional Humanitario de ese tipo. Asimismo, debe asegurarse de que cualquier ayuda que brinde al Gobierno Regional del Kurdistán no alimente dichos abusos.”