“Cuesta creer que el gobierno siga cometiendo la torpeza de acumular cada vez más poder de intromisión, ignorando totalmente los motivos de preocupación expuestos por todo el mundo.” Kate Allen
En respuesta a la publicación por sorpresa del Proyecto de Ley sobre Competencias de Investigación del gobierno, Kate Allen, directora de Amnistía Internacional Reino Unido, ha declarado:
“Cuesta creer que el gobierno siga cometiendo la torpeza de acumular cada vez más poder de intromisión, ignorando totalmente los motivos de preocupación expuestos por todo el mundo, incluidos nada menos que tres de sus propias comisiones parlamentarias, todos los grupos relacionados con el derecho a la intimidad del país, la ONU y empresas de tecnología como Apple.
Es como añadir nuevas plantas a un edificio en llamas.”
Hasta Estados Unidos está reduciendo sus sistemas de vigilancia debido a motivos de preocupación relativos al derecho a la intimidad de las personas.
Estas medidas de vigilancia van demasiado lejos, demasiado deprisa. No existen protecciones básicas, como la debida supervisión independiente del poder judicial, el mínimo exigido.
Al apresurar la supuesta ‘reelaboración’ de este enorme y complejo proyecto de ley en un plazo imposiblemente breve, el gobierno muestra su desprecio hacia el Parlamento: todas y cada una de las tres comisiones parlamentarias que han estudiado sus planes le dijeron que hacía falta un trabajo serio.
Esta prisa impropia por continuar sin dar al proyecto de ley el debido tiempo sugiere un desprecio total hacia los consultados y hacia los motivos de preocupación expuestos de forma unánime.”
Una carta publicada hoy en The Telegraph critica la velocidad con que se están presentando estas propuestas en el Parlamento y pide un debate más amplio sobre las medidas. La carta está firmada por políticos de todos los partidos, expertos juristas, expertos técnicos y los directores de las principales organizaciones relacionadas con el derecho a la intimidad.
El año pasado se reveló que la Jefatura de Comunicaciones del Gobierno había estado espiando a Amnistía Internacional.