De Mark Dummett, investigador de Amnistía Internacional sobre Empresas y Derechos Humanos
El gobierno escocés ha anunciado hace poco sus planes de eliminar gradualmente los vehículos de gasolina y diésel antes de 2032. Los únicos automóviles que circularán por las carreteras de Reino Unido en 2040 serán también eléctricos, y las gasolineras serán sustituidas por puntos de recarga. Mientras, en Estados Unidos, Elon Muskha anunciado el lanzamiento del Tesla Model 3, que espera que se convierta en el primer automóvil eléctrico del mundo dirigido a un gran mercado.
Este salto a la tecnología verde es muy de agradecer. El cambio climático es uno de los peores desafíos en materia de derechos humanos de nuestro tiempo, y las ciudades, desde Londres hasta Delhi, se están asfixiando entre los humos de los vehículos. El paso al automóvil eléctrico hará que mejore la calidad del aire y terminará con las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera que han llevado a nuestro planeta a una situación crítica.
Sin embargo, algunos automóviles eléctricos no son, por ahora, tan “limpios” desde el punto de vista ético como los fabricantes nos han hecho creer. La investigación de Amnistía Internacional ha demostrado que el cobalto extraído por menores y adultos en condiciones sumamente peligrosas podría estar entrando en las cadenas de suministro de algunos de los principales fabricantes de automóviles del mundo.
El cobalto es un componente fundamental de las baterías de ion de litio recargables que llevan los automóviles eléctricos. Más de la mitad del cobalto extraído en todo el mundo procede de la República Democrática del Congo, que, a pesar de su riqueza en minerales, está entre los países más pobres del mundo y ha padecido decenios de guerra y dirigentes corruptos. Al ser tan escasos los puestos de trabajo formales en el país, cientos de miles de mujeres, hombres, niñas y niños congoleños se han visto obligados a excavar minas propias para ganarse la vida.
Las autoridades nos dijeron que el 20% del cobalto que se exporta de la República Democrática del Congo procede de estas minas “artesanales”. El número real seguramente es superior. Las minas artesanales producen un cobalto más barato que las industriales —en parte porque se pagan sueldos muy bajos y se trabaja en condiciones irregulares— y, como la demanda ha crecido, al parecer los yacimientos mineros están proliferando por toda la región.
Eso significa que una cantidad enorme de los suministros mundiales de cobalto procede de estas minas. Si bien desconocemos dónde termina la mayor parte, es razonable suponer que está entrando en las cadenas de suministro del reducido grupo de empresas que dominan el mercado de las baterías de automóviles.
Trabajando con la ONG congoleña Afriwatch, Amnistía Internacional descubrió que había menores de sólo siete años trabajando en las zonas mineras. Ninguno de los mineros adultos y menores a los que vimos llevaba una máscara para prevenir la inhalación de polvo de cobalto, que puede causar enfermedades pulmonares potencialmente mortales. Hay derrumbamientos frecuentes en las minas, que dejan a personas sepultadas bajo tierra. Se desconoce el número exacto, pero UNICEF calcula que 40.000 menores trabajan en la minería en toda la parte meridional de la República Democrática del Congo donde hay yacimientos de cobalto.
Usando datos de las empresas en nuestra investigación sobre el suministro de cobalto, rastreamos el mineral desde las minas de la República Democrática del Congo hasta las empresas compradoras y los talleres de fundición de China, y su paso por los fabricantes de componentes de baterías en China y Corea del Sur, hasta llegar a los fabricantes de baterías que abastecen a muchas de las empresas que lideran el sector de los coches eléctricos en el mundo.
Entonces, ¿qué deberían hacer estas empresas?
En 2012, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) estableció unas directrices claras para las empresas que se abastecen de cobalto y otros minerales procedentes de zonas de alto riesgo como la República Democrática del Congo. Según estas directrices, los fabricantes de vehículos eléctricos y baterías deberían poder indicar cuáles son sus talleres de fundición o sus refinerías, y deberían hacer pública su propia evaluación sobre si el taller de fundición ejerce la diligencia debida a la hora de identificar riesgos y abusos en materia de derechos humanos y tratar de solucionarlos. Nos hemos puesto en contacto con muchas de las principales empresas y ni un solo fabricante de automóviles nos dijo que lo hubiera hecho realmente.
Esto podría deberse a la omisión del cobalto en las restrictivas reglas sobre “minerales de zonas de conflicto” aprobadas por Estados Unidos en 2010 y por la Unión Europeaeste mismo año, por lo que no está sometido a una normativa rigurosa. Sin embargo, no hay excusa para que algunas de las empresas más ricas del mundo no actúen con la diligencia debida.
Desde que nuestro informe salió a la luz en 2016, ha habido algunos avances. Varias empresas, incluidas algunas de China, han formado un organismo, la Iniciativa del Cobalto Responsable, para ayudar al sector a ejercer la diligencia debida con arreglo a los criterios de la OCDE y abordar el problema del trabajo infantil en la República Democrática del Congo. Entre ellas están grandes empresas tecnológicas como Apple, HP, Huawei y Sony, así como Samsung SDI, fabricante de baterías, y Huayou Cobalt, empresa de fundición y refinería cuyas filiales adquieren cobalto de minas artesanales. Ninguno de los miembros de este grupo es, de momento, fabricante de automóviles.
Mientras, en la República Democrática del Congo, el gobierno anunció que tomaría medidas para erradicar el trabajo infantil de sus minas antes de 2025 y solicitó ayuda internacional para conseguirlo.
La industria de los automóviles eléctricos debe comprender que el camino a seguir es la transparencia sobre los riesgos de que se cometan abusos contra los derechos humanos en sus cadenas de suministro. Numerosos ejecutivos de diferentes marcas internacionales me han explicado que es muy difícil trazar el mapa de la cadena de suministro del cobalto.
Pero es incuestionable que una empresa responsable, al saber que existe el riesgo de trabajo infantil, debería poner todo el empeño en informarse sobre quiénes son sus proveedores y en qué condiciones se fabrican sus componentes. Este mismo año, Apple se ha convertido en la primera empresa que publica los nombres de sus proveedores de cobalto; lo que demuestra que se puede hacer. ¿Qué fabricante de automóviles será el primero en imitarla?
La otra respuesta que nos dan las empresas es que les gustaría renunciar por completo a abastecerse de las minas artesanales de la República Democrática del Congo, pero que con ello perjudicarían a unas comunidades ya empobrecidas que dependen de la minería para subsistir. Las empresas que se han beneficiado del trabajo infantil no deberían alejarse sin más del problema ahora que ha salido a la luz. La solución está en regular la actividad de estas minas artesanales, garantizando que son lugares seguros de trabajo, mientras los menores asisten a la escuela en lugar de trabajar en ellas.
Los gobiernos de todo el mundo deben aprobar leyes que exijan a las empresas comprobar y dar a conocer públicamente información sobre la procedencia de los minerales que adquieren. No basta con un planteamiento voluntario.
No se trata de escoger entre dos males. Debemos prescindir gradualmente de los combustibles fósiles, y los automóviles eléctricos son parte integrante de un futuro más verde. Pero, mientras avanzan hacia la primera línea del mercado, los fabricantes de automóviles eléctricos deben mejorar drásticamente sus prácticas y adoptar medidas dirigidas a garantizar que su papel en la revolución energética es verdaderamente limpio y justo. Un futuro verde construido a costa de los niños explotados en la República Democrática del Congo no es progreso en absoluto.