Pakistán debe detener inmediatamente la ejecución inminente de un hombre cuyos abogados mantienen que era menor de edad cuando cometió supuestamente el delito y que dice que fue torturado para “confesar”, ha declarado Amnistía Internacional.
El caso de Shafqat Hussain, declarado culpable de secuestro y homicidio involuntario y condenado a muerte en 2014, ha causado una enorme controversia en Pakistán. Su ejecución ha sido aplazada tres veces, la última el 6 de mayo, en el último momento y gracias a la indignación pública, pendiente de una investigación sobre la edad que tenía cuando supuestamente cometió el delito y las denuncias de que había sido sometido a tortura.
No obstante las serias interrogantes que suscita la imparcialidad de esta investigación, Shafqat Hussain va a ser ejecutado hoy martes 9 de junio.
“La farsa que rodea la ejecución de Shafqat Hussain ha ido demasiado lejos demasiado tiempo; ya es hora de que se termine de una vez. El Estado no ha demostrado definitivamente que Shafqat tenía más de 18 años cuando supuestamente cometió los delitos. La condena a muerte de un menor de 18 años, por no hablar de su ejecución, viola claramente tanto el derecho internacional como las leyes de Pakistán”, ha afirmado David Griffiths, director adjunto del Programa Regional para Asia y Oceanía de Amnistía Internacional.
“Shafqat lleva ya 11 años en prisión tras ser presuntamente torturado para ‘confesar’, con la amenaza de la pena de muerte sobre él. El presidente Mamnoon Hussain tiene ahora la oportunidad de evitar una parodia de justicia aplazando la ejecución de Shafqat y concediendo el indulto solicitado; debe hacerlo antes de que sea demasiado tarde.”
La investigación sobre la edad de Shafqat Hussain y de las denuncias de tortura, a cargo de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), que concluyó el 20 de abril de 2015, ha suscitado controversia, pues se han conocido informes de que funcionarios del gobierno intimidaron a testigos y confiscaron pruebas durante las indagaciones. El Tribunal Superior de Islamabad había indicado que había “indicios razonables” de que la investigación de la AFI era “ilegal”, pues la Agencia no era el órgano adecuado para llevarla a cabo.
Shafqat Hussain fue condenado a muerte por secuestro y homicidio involuntario en aplicación de la Ley Antiterrorista en 2004 por un tribunal antiterrorista de la provincia de Sindh. Shafqat afirma que lo golpearon y electrocutaron para que “confesara”, mientras que la única prueba documental conocida de que se dispone demuestra que era menor de 18 años cuando se cometieron los delitos de los que fue declarado culpable.
Amnistía Internacional, Human Rights Watch, Reprieve y otras tres organizaciones han pedido clemencia en una carta abierta dirigida ayer al presidente Mamnoon Hussain.
Las ejecuciones en Pakistán han aumentado de forma alarmante en los últimos meses. Al menos 150 personas han sido ejecutadas desde que el gobierno levantó una moratoria de las ejecuciones el 16 de diciembre de 2014 y la vida de miles de condenados a la pena capital corre peligro.
“Pakistán está convirtiéndose con rapidez en uno de los primeros países del mundo en realizar ejecuciones. Mientras Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todas las circunstancias, el caso de Shafqat Hussein pone de relieve los numerosos problemas del sistema de justicia que hacen que su uso sea tan preocupante en Pakistán. El uso generalizado de la tortura y las serias dudas que suscita la imparcialidad de los juicios son sólo algunos de ellos”, concluyó David Griffiths.
“Pakistán debe volver a imponer de inmediato una moratoria de las ejecuciones con vistas a abolir totalmente la pena de muerte.”
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