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Por qué el creciente ataque mundial contra las ONG nos concierne a todos

25, Feb. 2019 | Categoría: ,

Kumi Naidoo, secretario general de Amnistía Internacional

Los verdaderos líderes y lideresas mantienen vivos los derechos humanos. No intentan reprimirlos sometiendo a las ONG a obstáculos y restricciones irrazonables para impedir que lleven a cabo su esencial labor en favor de los derechos humanos. Tampoco utilizan tácticas intimidatorias, ni asfixian a las ONG con trámites burocráticos para intentar silenciarlas.

Sin embargo, a medida que en el panorama mundial han ido apareciendo en los últimos años más dirigentes que se autocalifican de “duros”, ésas son exactamente el tipo de tácticas intimidatorias a las que han recurrido en su intento de poner en el punto de mira y atacar a comunidades ya marginadas.

Como revela el nuevo informe de Amnistía Internacional sobre la represión mundial contra la sociedad civil, desde 2017 en todo el mundo se han adoptado o están en trámite casi 40 instrumentos legales concebidos para obstaculizar el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil.

Desde Hungría hasta Estados Unidos, hemos presenciado el terrible impacto que esto tiene sobre las personas que se unen para defender los derechos humanos. Las personas que con su activismo promueven los derechos de las mujeres, de las personas LGBTI, de las personas migrantes y refugiadas, y la defensa del medio ambiente se encuentran entre las más afectadas.

Fijémonos, por ejemplo, en Arabia Saudí, donde el asesinato de Jamal Khashoggi ha abierto los ojos de mucha gente sobre la cruda realidad del trato que reciben las voces disidentes.

Una de las formas que utiliza el gobierno saudí para frenar la disidencia es denegar la inscripción en el registro a organizaciones nuevas y disolverlas si se considera que “perjudican la unidad nacional”. Con esta política, ninguna organización independiente de derechos humanos ha podido registrarse, y los grupos que defienden los derechos de las mujeres se han visto especialmente afectados.

Defensoras de los derechos humanos como Loujain al Hathloul, Eman al Nafjan y Aziza al Yousef, entre otras, siguen detenidas arbitrariamente sin cargos y sin acceso a asistencia letrada.

Como muestra nuestro informe, los onerosos requisitos para la inscripción en el registro, los obstáculos para acceder a la financiación y otras restricciones basadas en vagas nociones de “seguridad nacional” o “valores tradicionales” afectan de forma desproporcionada a las mujeres y los grupos marginados.

Resulta sumamente alarmante la rapidez con que estas leyes represivas están extendiéndose por el mundo, incluso en países considerados tradicionalmente más abiertos a la sociedad civil. Un buen ejemplo de ello es restablecimiento por el presidente Donald Trump de la denominada “regla de la mordaza global”, una de las primeras medidas que tomó al asumir su cargo en 2017. Esta regla bloquea la ayuda estadounidense a servicios de salud —a menudo en forma de financiación vital— a cualquier ONG que utilice sus fondos propios para prestar servicios de aborto, asesoramiento o remisiones relativos al aborto, o que defienda la despenalización de estos servicios.

Esta medida no sólo ha hecho que millones de mujeres y niñas en todo el mundo no hayan podido acceder a servicios de salud sexual y reproductiva que podrían salvarles la vida, sino que ha afectado también a organizaciones que ofrecen atención en otros problemas de salud, como el VIH y la malaria.

Estas restricciones no sólo afectan a quienes realizan labores de activismo sobre los derechos de las mujeres y a las comunidades con las que trabajan. Las personas migrantes y refugiadas están desde hace mucho tiempo en el punto de mira de los políticos que esgrimen un discurso de “nosotros frente a ellos”, y esos ataques se amplían cada vez más a grupos que muestran solidaridad y ofrecen ayuda a quienes las necesitan.

En Hungría, con el gobierno del primer ministro Viktor Orban se han aprobado leyes xenófobas concebidas para atacar a personas y organizaciones que ofrecen apoyo a personas refugiadas y migrantes. En aplicación del paquete de leyes “Stop Soros”, aprobado en 2018, el mero hecho de realizar o distribuir octavillas con información sobre temas migratorios podría ser delito. Esta legislación está redactada en términos tan generales que resulta ridícula.

Pero no es solo Hungría. La Ley de la Fuerza de Fronteras de 2015 de Australia ha sido uno de los más flagrantes ejemplos de cómo los gobiernos han intentado reprimir la solidaridad con las personas refugiadas: una ley que impide a los agentes encargados de hacer cumplir la ley hablar sobre cualquier abuso o negligencia médica cometidos en los centros extraterritoriales de detención de Australia, si no quieren arriesgarse a una posible pena de dos años de cárcel.

En su intento de demonizar y denigrar a grupos minoritarios ya marginados, los gobiernos tratan de atrapar a todo el mundo en sus redes, especialmente a los y las activistas que se atreven a defender los derechos de los demás.

Se trata de un asunto que nos concierne a todas las personas, no sólo a las que trabajan para las ONG. Porque el resultado final, si se permite que los gobiernos continúen utilizando estas tácticas, es un mundo en el que estaremos más divididos que nunca, y en el que cada vez habrá menos personas que estén dispuestas a defender los derechos de las comunidades marginadas, o que puedan hacerlo.

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