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POR QUÉ LA FIFA NO PUEDE OBVIAR LOS DERECHOS HUMANOS?

1, Abr. 2016 | Categoría: ,

Bhopal 30th Anniversary - November 30, 2014, in BhopalSalil Shetty es secretario general de la organización mundial de derechos humanos Amnistía Internacional. Sigue a Salil en Twitter: @SalilShetty

“Dios sabe que hay días en los que no puedo continuar, cualquier cosa es demasiado. Lo único que me mantiene vivo es pensar en mis hijos.” Esta son las palabras de Sakib, bangladeshí de 28 años, que ha trabajado de jardinero en una de las instalaciones deportivas de mayor renombre del mundo, el Aspire Zone de Qatar.

Sakib pidió un crédito para pagar 4.000 dólares estadounidenses a un reclutador a fin de conseguir un empleo que le reporta 160 dólares mensuales. Ahora dedica la mayor parte de sus escasos ingresos a saldar su deuda. El resto lo envía a casa a sus dos hijos pequeños, que dependen totalmente de él.

Ésta es la historia habitual de muchos trabajadores migrantes en Qatar.

Desde luego lo es para los más de 200 trabajadores con los que ha hablado Amnistía Internacional que están construyendo el Estadio Internacional Jalifa, que albergará partidos de la Copa Mundial de la FIFA de 2022, o que están trabajando en el complejo aledaño de instalaciones deportivas Aspire Zone.

A menudo procedentes de Bangladesh, Nepal e India, viajaron hasta Qatar, el país más rico del mundo en términos de renta per cápita, en busca de un empleo y un ingreso para enviar a sus familias.

En lugar de encontrar el trabajo bien remunerado que anhelaban, estos hombres han sufrido un sinfín de abusos contra sus derechos humanos, que contravienen directamente la propia legislación laboral qatarí.

Todos los trabajadores con los que hablamos nos contaron que, para conseguir sus empleos, tuvieron que desembolsar enormes sumas a los reclutadores en sus países de origen. Salvo en contadas excepciones, una vez en Qatar, todos se encontraron con que sus salarios eran más bajos, a veces la mitad o menos de lo que se les había prometido.

Viven en alojamientos precarios en condiciones de hacinamiento y muchos de ellos tardan en cobrar sus salarios o los perciben constantemente con varios meses de retraso.

A la mayoría de ellos, sus empleadores les han confiscado los pasaportes, en contra de lo dispuesto en la legislación qatarí; situación que les dificulta salir del país y les sitúa en una posición de mayor vulnerabilidad frente al trabajo forzoso.

Y lo que es peor, casi todos temen denunciar su situación.

En Qatar, más de un millón y medio de trabajadores migrantes están en riesgo de sufrir este tipo de trato debido a las deficiencias en la legislación laboral del país y a un sistema de patrocinio que les impide dejar de trabajar para empleadores abusivos.

El problema no es nuevo: Amnistía Internacional lo ha documentado en reiteradas ocasiones desde 2013, año en que visité un campo de trabajo en Qatar. Hablé con trabajadores que vivían en alojamientos terribles, que no habían sido remunerados durante meses, que sobrevivían con una comida al día y que tenían dificultades para enviar dinero a sus familias. Se sentían atrapados porque les habían quitado los pasaportes.

El coraje y la valentía de los trabajadores migrantes que conocí me causaron una enorme admiración. Es escandaloso que sigan teniendo que sufrir ese tipo de abusos a pesar de todas nuestras advertencias.

Hemos constatado cierta voluntad de cambio a través del Comité Supremo de Gestión y Patrimonio de Qatar, organización que, en última instancia, es responsable de la construcción de estadios y que en 2014 publicó un conjunto de “Normas para la protección de los trabajadores”.

Sin embargo, resultante frustrante que los abusos en el proyecto del Estadio Jalifa descubiertos por Amnistía Internacional pongan de manifiesto problemas fundamentales en el planteamiento del Comité Supremo en cuanto a la supervisión y aplicación de sus normas. Sus deficiencias se ven agravadas por las lagunas existentes en la legislación qatarí, un gobierno profundamente apático y la cruel indiferencia de la FIFA.

El sistema qatarí de patrocinio, llamado kafala, por el que los trabajadores migrantes no pueden cambiar de trabajo o abandonar el país sin permiso de su empleador, es el causante principal de la más execrable explotación laboral.

A finales de 2015 se anunció a bombo y platillo una reforma del sistema de patrocinio; no obstante, es demasiado superficial y no servirá de mucho para proteger los derechos humanos de los trabajadores migrantes, cuyos derechos seguirán dependiendo de la buena voluntad de sus empleadores.

En última instancia, el gobierno qatarí es responsable de los abusos contra los derechos humanos que tienen lugar en el país. Ahora bien, la FIFA, el órgano de gobierno del fútbol mundial, tiene una gran responsabilidad en ese sentido, ya que en ningún caso a hecho frente al riesgo de que su emblemático torneo mundial se celebre en estadios construidos sobre la base de abusos sufridos por trabajadores migrantes.

Para aumentar la presión, Adidas, Coca-Cola, McDonald’s y las demás marcas gigantes que patrocinan la Copa Mundial deben pedir que se aborde la explotación de los trabajadores en el Estadio Jalifa y hacer públicos sus planes para prevenir futuros abusos en los proyectos de la Copa Mundial y para promover reformas más amplias.

La FIFA debe instar públicamente al gobierno qatarí a que reforme radicalmente su sistema de patrocinio para que los trabajadores migrantes puedan cambiar de trabajo o abandonar el país libremente.

La propia FIFA también debería llevar a cabo sus propias inspecciones periódicas independientes sobre las condiciones de trabajo en Qatar, y publicar sus resultados. Si Amnistía Internacional puede destapar los abusos cometidos en uno de los principales escenarios del torneo, la FIFA también.

El nuevo presidente de la FIFA, Gianni Infantino, todavía está a tiempo de impedir que la Copa Mundial esté cimentada en abusos, pero sólo si actúa con rapidez y determinación. Ello supondría una señal clara de que la FIFA ha entrado en una nueva era.

 

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